Una valenciana lleva cuatro años esperando la ayuda como víctima de violencia de género

Guadalupe Martínez, una valenciana víctima de una agresión por parte de quien fue su pareja, lleva cuatro años y cuatro meses esperando a cobrar la ayuda económica que la ley establece para las víctimas de la violencia de género. La ayuda es un mecanismo para facilitar la integración de las víctimas de la violencia machista que tienen especiales dificultades para encontrar trabajo. Entre los requisitos para cobrarla está, entre otras cosas, tener rentas bajas y una orden de protección en vigor.

Guadalupe cumplía todos los requisitos pero le fue negada hasta en dos ocasiones por la Consejería de Bienestar Social, entonces dirigida por el PP. Una sentencia firme de mayo de 2016 le ha dado la razón, pero todavía espera a que la consejería, que ahora dirige la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, de Compromís, le abone lo que le corresponde.

“Es desesperante, en el juzgado me dicen que me lo tenían que haber pagado hace tiempo, que es un derecho que me corresponde y que, según me dicen, se lo dan a todas las víctimas. No tiene lógica que no me lo den”, se lamenta por teléfono.

Vía crucis desde 2011

El vía crucis particular de Guadalupe comenzó el 12 de octubre de 2011. Ese día, sobre las cinco de la tarde, iba caminando por la calle en Elche (Alicante) en dirección a casa de un amigo. Entonces se encontró con su pareja y con otra mujer. Ambos comenzaron a insultarla, a llamarla “loca”. La discusión acaba con la mujer cogiendo del brazo a Guadalupe, metiéndola en el coche  y  con los dos cogiéndola del pelo. Ella respondió de igual forma.  

“Fue en plena calle, pasó alguien por allí y menos mal que me sacó de allí”, cuenta. Guadalupe es parca en palabras a la hora de explicar aquel episodio y su relación con Ramón, su agresor. “No es agradable de recordar”, afirma. Como consecuencia de aquello, estuvo tres días incapacitada, con cervicalgia.

Un juzgado de violencia de género se hizo cargo de las diligencias urgentes y otro de lo Penal acabó juzgado este caso y dictó sentencia en diciembre de 2011. La sala estimó acreditado por varios testigos que Guadalupe y Ramón habían tenido una relación de al menos siete meses. Él acabó condenado por un delito de malos tratos tipificado en el artículo 153.1 del Código Penal con pena de diez meses de cárcel. El juzgado también la condenó a ella por una falta de lesiones al responder de igual forma cuando la estiraron del pelo. También se dictó una orden de protección.

Sentencia firme en 2016

Es entonces cuando comienza el calvario de Guadalupe para percibir la ayuda económica. Según explica, cuando ocurrió aquello (tenía entre 34 y 35 años) no tenía trabajo, vivía con sus padres y, además, tiene una minusvalía. La situación, dice, no ha cambiado mucho, salvo que su padre murió y ahora vive con su madre y su hermana.

Una vez dictada la sentencia y con la orden de protección en vigor, Guadalupe solicitó la ayuda a Bienestar Social, departamento que dirigía la popular Asunción Sánchez Zaplana. Era noviembre de 2012. Se la denegaron alegando que carecía de orden de protección vigente. Presentó un recurso de reposición que también le fue rechazado. Entonces comenzó la vía judicial.

El 10 de mayo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia establece, en sentencia firme, que Guadalupe tiene todo el derecho a percibir la ayuda porque, tal y como quedó reflejado en la sentencia del juzgado Penal de Elche, sí había una orden de protección que estaba en vigor hasta el 27 de junio de 2014. “La Policía estuvo tres años llamándome cada mes para ver cómo estaba, claro que había una orden”, dice ella.

Una ayuda de 5.100 euros

La Administración trató de argumentar entonces que, en realidad, Guadalupe no era una víctima de la violencia machista sino que era una mujer que se había visto “implicada en una reyerta”. Así consta en el expediente administrativo que, además, sostiene que no consta que la orden de protección que había en vigor lo fuera por violencia de género.

El TSJ tumba los dos argumentos. No solo había orden en vigor (que fue el único motivo esgrimido oficialmente para la denegación), sino que de la sentencia de 2011 y del relato de los hechos probados “consta expresamente indicado que la condena al autor lo es por un delito de malos tratos en el ámbito familiar” y que “además se razona en la sentencia que concurre el elemento típico de análoga relación de afectividad sin convivencia”. El TSJ da la razón a Guadalupe y reconoce su “derecho a obtener la ayuda económica de víctima de violencia de género”.

El fallo se dictó en mayo de 2016 pero todavía no ha recibido el dinero que, según su abogado, Francisco Colubi, se estima en unos 5.100 euros. El letrado, visto que el retraso se prolongaba, solicitó a finales del pasado año la ejecución de la sentencia.

Desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que encabeza Mónica Oltra y que tiene las competencias en esta materia aseguran que todas las ayudas económicas como las de Guadalupe se están resolviendo en “aproximadamente uno o dos meses” desde que las solicitudes están completas. Guadalupe lleva esperando desde 2012. Y la sentencia que le reconoce su derecho se acerca ya al año.