Las Cortes de Aragón han aprobado la creación de una comisión de investigación sobre el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), un proyecto para construir 1.153 depuradoras con un coste de 3.000 millones de euros.
El plan fue uno de los proyectos estrella del Gobierno PSOE y el Partido Aragonés (PAR) durante la presidencia de Marcelino Iglesias. El impulsor del mismo fue Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente y exvicepresidente del PAR. El impulso para promover la comisión se generó a raíz de la publicación en exclusiva de EL ESPAÑOL sobre el informe de la Cámara de Cuentas que desmontaba el plan.
La comisión de investigación deberá dilucidar el destino de casi 200 millones de euros repartidos en actuaciones distintas a la depuración de aguas. En la citada comisión deberán rendir cuentas de su presunta responsabilidad la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona (PSOE) y Boné. También podrían ser citados los dos últimos presidentes de Aragón: Marcelino Iglesias (PSOE) y Luisa Fernanda Rudi (PP). Ambos son senadores por designación autonómica.
Podemos acusa
La propuesta se ha aprobado por unanimidad en la cámara aragonesa para investigar todas las responsabilidades políticas y técnicas de uno de los proyectos más faraónicos ideados en Aragón. Los números evidencian un sobredimensionamiento en el plan, pero sin duda en el día a día de los municipios se percibe las consecuencias.
Decenas de localidades pirenaicas nunca conocieron la depuradora prometida –y financiada-, y ahora son multados por la Confederación Hidrográfica por no haberlas construido. Hay depuradoras con un coste de más de 100.000 euros en municipios deshabitados, sin agua potable e incluso sin tendido eléctrico.
Es más, una de las críticas del órgano fiscalizador autonómico es el modelo de concesión para la explotación y mantenimiento de las mismas. Señala que son más que evidentes los incumplimientos en los contratos de empresas adjudicatarias y, a su vez, el sobrecoste existente al elegir el modelo de concesión mediante gestión directa.
Podemos, en palabras de su diputada Marta de Santos, tiene claro el propósito de esta comisión de investigación. De Santos cuenta a EL ESPAÑOL que “se abre la ventana para arrojar luz sobre un plan que huele mal”.
Marta de Santos, diputada de Podemos en las Cortes de Aragón.
UNANIMIDAD, ¿O NO?
Todos los partidos representados en las Cortes de Aragón han apoyado con su voto la investigación del plan de saneamiento y depuración. Sin embargo, durante el debate parlamentario, se han deslizado las posiciones políticas de cada grupo en dicha comisión. Especialmente, la posición política del Partido Aragonés.
La diputada del PAR María Herrero ha defendido de manera tajante que la actuación de sus correligionarios durante la creación y expansión del plan Boné. Herrero explicaba que Podemos “piensa que son políticos los que sobredimensionaron el plan dañando a cientos de funcionarios. El PAR siempre apostó para que Aragón tuviera aguas limpias pero a ustedes –Podemos- les va mejor enturbiar”.
Por otra parte, De Santos ha deslizado la detención de Ignacio González por liderar “una organización criminal” en la operación judicial que cerca la gestión del Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid. De Santos explica a este diario que “Aragón y la Comunidad de Madrid fueron las únicas comunidades que desoyeron los consejos técnicos y económicos del Ministerio de Medio Ambiente y terminaron sobredimensionando empresas relacionadas con la gestión del agua”.
La comisión de investigación deberá despejar varias dudas. Al margen de la táctica política de cada grupo parlamentario para exponer su posición sobre el plan Boné, hay preguntas que deberán responderse a petición del órgano fiscalizador.
¿Por qué se sobredimensionaron las actuaciones del proyecto hasta el punto de ser de los más ambiciosos de Europa? Es la pregunta que deberá plantearse en la comisión. Fuentes del sector explican que el objetivo era enfocar las construcciones de las depuradoras a grandes empresas de la construcción. Fundamentalmente, según explican, “al calor de la burbuja inmobiliaria y el discurso de las grandes especulaciones y desarrollos urbanísticos en el Pirineo aragonés”.
Cuentan las mismas fuentes que “solo esas grandes empresas podían acceder a los contratos para depurar el agua por su volumen o por su solvencia técnica y económica”. "Cuántos más metros cúbicos se depuraban o trataban, más retribución y mayor rentabilidad para la empresa”, añaden. “Se sobredimensionaron al montar un negocio redondo para las empresas por la garantía de pago a través del impuesto de contaminación de las aguas”.
Otra de las claves será pedir responsabilidades a las personas que redactaban los proyectos, preparaban los pliegos y otorgaban las licencias. Es el caso de Jesús Giménez, exgerente de la empresa Sodemasa y hombre cercano a Boné. Fuentes sindicales consultadas por este diario lo caricaturizan como el hombre que “cobraba 130.000 euros, con trajes de mil pavos, corbatas de Loewe y zapatos Carmina”. Otro hombre clave será Alberto Cobelo, ejecutivo con contrato de alta dirección y responsable del área de infraestructuras hidráulicas.
Como EMARSA en Valencia
Según las fuentes consultadas, “se realizaban las mismas actuaciones investigadas en el caso EMARSA de la Comunidad Valenciana. Sodemasa redacta y diseña todo –pliegos y proyectos-. Él se lo guisa y se lo come. Es redondo”. Y apuntan a que “el proceso de adjudicación se hace mediante Sodemasa como empresa pública buscando la huida del derecho administrativo, él cual marca criterios más restrictivos en materia de contratación”.
Y remarcan las mismas fuentes que “el exconsejero Boné aprobaba y daba el visto bueno después de todo el montaje desde la misma empresa pública con apariencia de legalidad”.
Por último, la comisión deberá despejar los motivos que movieron a la Consejería de Medio Ambiente al desvío de fondos del convenio suscrito con el Ministerio de Cristina Narbona para actuaciones distintas a la depuración. Fuentes del sector confirman que “si esos fondos se hubieran destinado a la depuración, la mayor parte de los municipios tendrían depuradora. Y no nos encontraríamos con la inejecución de los contratos”.
Y según la Cámara de Cuentas, dentro del convenio con el Ministerio, cerca de 80 millones de euros se destinaron a subvenciones otorgadas por la Consejería a través de adjudicación directa en proyectos tan variopintos como libros de cocina para amas de casa o la famosa subvención de un millón de euros a la exalcadesa de La Muela –y condenada por corrupción urbanística- María Victoria Pinilla.
Alfredo Boné, ideólogo del plan de depuración.
Boné se defiende
Mediante un escrito, Alfredo Boné ha cargado contra lo que considera una “bola de nieve de falsedades”. Boné ha dicho que el plan de depuración lo afrontó con “rigor, valentía y amplitud de miras”, mientras ha calificado su gestión como un “éxito colectivo de los aragoneses”.
El ex consejero ha dicho que confía en que la comisión arroje luz sobre el futuro del medio ambiente en Aragón.