El primer juez del caso Lezo también intentó excluir la era Gallardón pero la Audiencia lo impidió

Ya hubo un juez que intentó apartar del caso Lezo la parte del Canal de Isabel II en la que podría verse afectado Alberto Ruiz-Gallardón en la época que presidió la Comunidad de Madrid. Pero fue frenado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se trata de la compra, en 2001, de la empresa colombiana Inassa por casi 100 millones de euros, un precio al parecer muy por encima de su valor real y que habría sido desviado a cargos públicos de manera ilícita. Precisamente, fue el registro vinculado a Inassa lo que provocó un enfrentamiento en la Fiscalía Anticorrupción porque el fiscal jefe, Manuel Moix, ordenó, en contra del criterio de los fiscales del caso, que no se procediera a llevarse documentación respecto a la parte que afecta a la adquisición de esa sociedad brasileña.

En un auto de 19 de enero, que obra en el sumario al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dijo que la época de Gallardón también debía formar parte de la investigación de este caso. Ordenó incluir esa parte en la investigación que ha llevado ahora a la detención de Ignacio González, también presidente, tras Esperanza Aguirre, de la Comunidad de Madrid. Revocó, tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción, la exclusión de la 'era Gallardón' y ordenó que se investigara junto al resto del caso.

El instructor que inició esta causa no fue Eloy Velasco sino el apoyo que había en su Juzgado por la sobrecarga de trabajo. Cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó investigar la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II, este magistrado consideró que no había elementos de conexidad con el resto de la investigación sobre la empresa pública y debía, en todo caso, investigarse fuera de esta causa.

Gallardón como origen de Lezo

La Fiscalía presentó la querella contra González en julio de 2016 por, entre otras cosas, la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao en 2013, bajo la batuta de Ignacio González, por 31 millones de dólares, de los cuales 25 millones acabaron en una cuenta en Suiza. El juez Alejandro Abascal la admitió a trámite. En noviembre, el Ministerio Público solicitó ampliar la investigación respecto del Canal desde 2001 cuando se compró Inassa, con la aprobación de todo el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Ruiz-Gallardón.

Ya entonces, los fiscales explicaban que tras arrancar la investigación judicial y, entre otras medidas intervenir las comunicaciones a los principales investigados, se pudo detectar que el origen del saqueo de Canal comenzó en 2001, cuando la empresa pública decidió comprar Inassa sin informes que avalaran su adquisición y sin un estudio del valor real de la compañía. En las conversaciones de Ignacio González y el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez, hablaban del “robo” de 25 millones de euros por parte de Gallardón o “su gente”. Se sospecha que hubo un desvío de dinero público para favorecer económicamente a diversos cargos de la administración.

Por tanto, entendieron que la parte de Inassa era una parte más de su investigación sobre el saqueo del Canal de Isabel II. Es más, era el origen, y en el epicentro está en Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, el juez entonces no lo veía así porque era ajeno a Ignacio González y creía que eso debía quedar apartado y que se abriera un proceso independiente y dejarlo ajeno a la Operación Lezo.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio ya en enero la razón a la Fiscalía Anticorrupción y obligó al juez a investigar Inassa. Sin embargo, la orden del fiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix dos días antes de que la Guardia Civil lanzara el operativo el pasado miércoles día 19, era que no obtuviera documentación relativa a Inassa, al entender que era ajeno al proceso, a pesar de existir una orden del superior jerárquico del instructor de investigarlo.

La orden del fiscal jefe de Anticorrupción, no aceptada por los fiscales del caso que consideran la compra de esta empresa como el origen del saqueo del Canal, acabó en una Junta de Fiscales que dio la razón de manera prácticamente unánime a estos últimos y Moix acabó por revocar su instrucción.

La Audiencia avala que González perpetuó la trama

El tribunal estimó el recurso de la Fiscalía -entonces dirigida por Belén Suárez- que rebatía los argumentos de Abascal de que la compra de Inassa y la compra de Emissao -empresas latinoamericanas compradas por el Canal de Isabel II a un precio muy superior a su estimación real con el objeto de desviar fondos públicos- eran dos operaciones con delitos distintos.

El tribunal da por buenos los argumentos de la Fiscalía de que el inicio de la presunta actividad delictiva investigada desviando dinero a operaciones ajenas a la institución se debe remontar al año 2001 y afecta a las propias instituciones de gobierno de la Comunidad de Madrid de aquel entonces. “Ciertamente el presunto responsable de esta fase delictiva no es González, sino otras personas o entidades con responsabilidades en la Comunidad de Madrid, por lo tanto no se trata de un supuesto de conexidad sino, de una ampliación de los investigados en relación a una actividad presuntamente delictiva”.

Otro argumento de los fiscales del caso Lezo avalado por la Sala de lo Penal es que aunque en 2001 no estuviera González al frente del Canal y supuestamente la investigación gira en torno a él, el hombre fuerte de Esperanza Aguirre consintió la malversación de caudales públicos por la adquisición de Inassa. Es decir, aunque la compra se materializó en 2001 por cerca de 100 millones de euros, se ha estado pagando hasta 2012.

Durante ese periodo, González sabía que se había producido un “robo” con esa compra y en vez de denunciarlo lo perpetuó siguiendo pagando el crédito de su adquisición. “Tanto Ignacio González como Edmundo Rodríguez (por los cargos que desempeñaron) tuvieron pleno conocimiento de la operación realizada y de que la misma se hizo con grave perjuicio de fondos públicos. Ambos, presuntamente han participado de una organización corrupta y por ello, han dado cobertura a esta operación y se han beneficiado de la misma a través de la actividad de Inassa en Sudamérica. La investigación ha acreditado este conocimiento y la connivencia existente”, recoge la investigación.