La “práctica criminal mafiosa” de Ignacio González SA: control de Fiscalía, policía y medios

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sabía que era cuestión de tiempo que la Justicia diese con él. Durante años ha utilizado sus cargos públicos para enriquecerse personalmente de manera ilícita a través del desvío de dinero público y comisiones ilegales, lo que le ha permitido vivir por encima de sus posibilidades tal y como acreditan sus inversiones y sus adquisiciones. Sin embargo, el hombre fuerte de Esperanza Aguirre y sus principales cómplices han intentado hasta el último momento mover todos sus hilos para evitar ser atrapados.

De la investigación de la Operación Lezo, por la que fue detenido y enviado a prisión la semana pasada, se desprende que los principales investigados -es decir, González, su hermano Pablo y el consejero delegado de La Razón y exdirectivo del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, principalmente- habían ampliado su círculo de acción en los últimos meses a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía.

“Todo ello para lograr la impunidad de sus acciones. Aparece un ejemplo claro de práctica criminal mafiosa como es el uso de los medios de comunicación para protegerse frente a la acción de la justicia”, recogen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, que han liderado la investigación.

Tal y como se ha ido publicando en EL ESPAÑOL en los últimos días, González mantuvo contactos con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien le llegó a decir a través de un mensaje de texto telefónico "ojalá se arreglen pronto los líos” cuando el expresidente madrileño ya estaba investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la compra de un ático en Estepona y tenía abierta esta otra investigación, aunque en ese momento (noviembre de 2016) era secreta.

En busca de una Fiscalía amable

Con sus comunicaciones intervenidas en los últimos meses, los investigadores han podido escuchar cómo González mantenía comidas, por lo menos mensuales, con magistrados de la Audiencia Nacional, del propio Tribunal Constitucional, y con exvocales, vinculados al Partido Popular, del Consejo General del Poder Judicial.

Una de las principales preocupaciones de González era que los cambios que debían venir en la Fiscalía con el nuevo Gobierno le fueran favorables para intentar archivar la causa por el ático de Estepona y evitar que saltara un nuevo escándalo sobre él, como al final ha ocurrido.

Su fiscal favorito para ocupar la Fiscalía Anticorrupción era Manuel Moix, como así ocurrió. Sus influencias con gente que mantenía contactos con personas del más alto nivel en el Tribunal Supremo le ayudaron a saber con antelación que el nuevo fiscal general del Estado iba a ser una persona que a su juicio iba a ser beneficiosa para él; este es José Manuel Maza.

Como publicó en exclusiva este diario, en las grabaciones a Ignacio González aparece una conversación entre el ex presidente madrileño y el ex ministro Eduardo Zaplana, en el que hablan del nombramiento de Moix. González estaba muy preocupado con su investigación abierta por la compra de un ático en Marbella y comenta con Zaplana la necesidad de cambiar al fiscal de Anticorrupción que llevaba el asunto. Antes de eso, se debía nombre al fiscal jefe de esta Fiscalía especial.

Ignacio González: “Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo, porque el que quieren poner de fiscal… El que quieren poner de fiscal Anticorrupción, te digo yo a ti, que yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué requisito. Él era el fiscal jefe de Madrid, que es un tío... bueno… se llama Moix, es un tío serio y bueno”.

Sin embargo, González llegó tarde. Para cuando el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy fue reelegido, en noviembre del pasado año, la investigación por el caso Lezo ya estaba muy avanzada. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil llevaban investigando desde 2015. El asunto ya se había judicializado en la Audiencia Nacional y desde julio de 2016 ya estaban siendo investigados por un juez, primero por Alejandro Abascal y después por Eloy Velasco. Cuando Moix aterrizó en Anticorrupción, a finales de febrero, la operación para proceder a la detención de los principales investigados ya estaba prácticamente cerrada.

González llegó tarde

El juez tenía todos los informes de la UCO y de Anticorrupción encima de la mesa, con el aval y visto bueno del anterior fiscal jefe, Antonio Salinas, y de la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. González llegaba tarde y su detención sería difícil de evitar. Es más, en las grabaciones al expresidente madrileño también se desprende cómo éste estaba preocupado por si Madrigal seguía en su puesto, tal y como se había publicado en aquellos días en la prensa. Un magistrado de la Audiencia Nacional le tranquilizó explicándole que había sido una filtración interesada del entorno de Madrigal pero en realidad el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se había declinado por Maza, un magistrado fuera de la carrera fiscal.

No obstante, este “grupo mafioso” lo intentó hasta el final. Según se desprende de la investigación, en el mes de marzo el hermano de González, Pablo -también en prisión hasta que consiga recaudar una fianza de 4 millones de euros-, consiguió reunirse con el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto. La revelación de este encuentro ha obligado al número dos del ministro Juan Ignacio Zoido a comparecer en el Congreso de los Diputados.

Los tentáculos de los González han obligado ya a dar explicaciones al ministro de Justicia, al secretario de Estado de Interior, y ha forzado la dimisión de Esperanza Aguirre como portavoz el PP en el Ayuntamiento de Madrid, por no vigilar las fechorías de sus número dos durante años cuando presidía la Comunidad de Madrid. Varios trabajadores del Canal y miembros del PP intentaron denunciar las irregularidades de González, pero en el partido se prefirió mirar hacia otro lado, como se ha desvelado tras el estallido de la Operación Lezo.

Este caso judicial también ha puesto entre las cuerdas al recién llegado fiscal jefe de Anticorrupción, por ordenar dos días antes de lanzar la operación que no se procediera a los registros en el Canal de Isabel II que afectaran a la 'era Gallardón', lo que provocó la férrea oposición de los dos fiscales del caso, con el apoyo de todos sus compañeros. Todos los partidos de la oposición ya han solicitado la comparecencia de Catalá para explicar las presiones en la Fiscalía y la reprobación tanto del fiscal general como del propio Moix.

En estos días, también se ha conocido que tras el enfrentamiento de los fiscales Anticorrupción con su jefe, quien nada más llegar al cargo ordenó frenar parte de la investigación, este último ha 'invitado' a los dos encargados del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez a abandonar el caso y su puesto en Madrid. Según diversas fuentes conocedoras de lo ocurrido, a uno de ellos le dio una semana para dejar la causa y a otro le dio tres días para presentar su cese en la Fiscalía Anticorrupción.

Estos encuentros y contactos de González y su entorno tienen mayor relevancia si se tiene en cuenta que alguien alertó a González de que estaba siendo investigado. Los investigadores sitúan el posible 'chivatazo' por lo menos dos meses antes del operativo. En las conversaciones telefónicas mantenidas por González se detecta que en los últimos meses habían rebajado su nivel de confidencias. Es más, el día antes del encuentro de Pablo González con el secretario de Estado de Interior, todos los hermanos se reunieron a primeros de marzo y el expresidente madrileño les comunicó que estaba siendo investigado.

Los investigados tuvieron un 'chivatazo'

A pesar de que se desconocía hasta hace diez días que era el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco quien capitaneaba la investigación a González, el expresidente madrileño ya mantuvo conversaciones de la necesidad de echar a este juez de la Audiencia, tal y como publicó este diario.

Según consta en la causa, González y su círculo próximo mantenían relaciones con un sector del Cuerpo Nacional de Policía (no identificado plenamente hasta el momento) del que parecen obtener informaciones reservadas y que pueden ser de interés para los asuntos judiciales que les atañen. Aprecian igualmente que tratan de hacer uso de indiciarias influencias dentro de la carrera judicial para tratar de constatar la existencia del procedimiento judicial y conocer las medidas de investigación acordadas en el mismo, hasta el punto que ponen de manifiesto que sus teléfonos pudieran estar “pinchados” porque se lo ha dicho una magistrada amiga (sin identificar).

Medios de comunicación como aliados

El núcleo duro de la organización también tenían claro que necesitaban a los medios de comunicación como otra medida de presión para evitar que sus investigación fueran a buen puerto. En este marco, los investigadores destacaban la relación que los investigados mantenían con el presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y con su director, Francisco Marhuenda: “Se aprecia la capacidad de los investigados para protegerse frente a la instrucción con el uso de medios totalmente ajenos a la legalidad. Entre estos instrumentos destaca el uso de los medios de comunicación, en especial de los periodistas Mauricio Casal y Francisco Maruhenda, como instrumentos adecuados para ejercer presiones en los actuales mandatarios públicos en la Comunidad de Madrid”, recogen los informes policiales.

Casals y Marhuenda han estado investigados aunque el juez, a petición de la Fiscalía, finalmente decidió archivar el caso respecto de ellos después de que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, negara que haya sido coaccionada -a pesar de las conversaciones grabadas que dicen todo lo contrario- para evitar que se denunciaran las irregularidades del Canal.

De las conversaciones intervenidas se desprende el “alto grado de complicidad” que existe entre los periodistas y los investigados, que en gran medida proyectan una unidad de acción para proteger a quienes consideran “uno de los suyos” -en referencia a Edmundo Rodríguez, consejero delegado de La Razón y ex directivo del Canal-. “No dudan en planificar actuaciones exclusivamente dirigidas a amedrentar o, cuando menos a condicionar, las posibles acciones judiciales de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En esta línea, se aprecian igualmente evidencias que indican que los mencionados periodistas tienen conocimiento directo de hechos presuntamente delictivos ejecutados por responsables políticos de la Comunidad de Madrid”, recoge uno de los informes de la Guardia Civil.