Puigdemont cesa al consejero Jordi Baiget por dudar de la celebración del referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destituido al consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Jordi Baiget, por "pérdida de confianza", tras dudar del referéndum, según adelantaba este lunes a última hora de la tarde el diario La Vanguardia.

Puigdemont ha destituido a Baiget después de que expresara sus dudas sobre el referéndum de independencia, al afirmar que "el Estado tiene tanta fuerza que probablemente" no se podrá celebrar y se hará "alguna cosa diferente que se puede parecer al 9N".

El hasta ahora conseller ha sido el primer miembro del gabinete de Carles Puigdemont en reconocer públicamente que puede que el 1 de octubre no haya referéndum, en una entrevista en El Punt Avui en la que ha admitido además que temía por su patrimonio familiar ante posibles acciones judiciales.

Puigdemont no ha tardado ni 24 horas en destituir a Baiget, que fue uno de los hombres más cercanos a Artur Mas en el anterior mandato, en el que fue su secretario de Govern.

Baiget será relevado como conseller de Empresa y conocimiento por Santi Vila, actual responsable de Cultura, que dirigirá los dos departamentos temporalmente.

Tras admitir esas dudas, Baiget se había ratificado en sus afirmaciones en unas declaraciones a los medios en las que aseveró que si bien está "firmemente comprometido" con que el Govern y el Parlament aprobarán la legislación necesaria para que los catalanes puedan votar el 1-O, no pueden cerrarse a "otras alternativas" para que los catalanes puedan pronunciarse en el caso de que el Estado vete ese referéndum.

"No podemos cerrar ninguna opción para que el pueblo de Cataluña reaccione en el caso de que el Estado español quiera impedir que se celebre el 1 de octubre, y el 9N fue un primer acto de autodeterminación de la ciudadanía de este país", ha asegurado.

El propio Santi Vila -otro conseller del ala más moderada del Govern- ha coincidido con Baiget en que la participación será "la clave" que determinará el éxito o fracaso del referendo que se acabe haciendo, y ha dado su apoyo al presidente Carles Puigdemont y a su compañero de gabinete, al que ahora sustituirá.

La CUP pedía su despido

Desde la CUP, no obstante, esta mañana se había pedido el cese inmediato del conseller Baiget: "Aquel conseller que piense que el 1 de octubre será un 9N y tenga miedos patrimoniales debería apartarse. Sin más excusas ni dilaciones. Responsablemente", ha dicho la diputada Mireia Boya.

Por el contrario, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado que al conseller Baiget "se le ha escapado en público" lo que piensa todo el Govern en privado, incluido el presidente Puigdemont, y ha exigido una convocatoria anticipada de elecciones.

La diputada de Ciudadanos Lorena Roldán ha asegurado que las declaraciones de Baiget demuestran la "crisis interna" del Govern, que "no podrá cumplir" su compromiso de celebrar un referéndum, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho que puede haber varios consellers que compartan las afirmaciones del conseller de que "probablemente" no se podrá celebrar el referéndum de independencia.

Críticas de Méndez de Vigo

Desde el Gobierno, su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha criticado por su parte el "oscurantismo" y la "pérdida de neutralidad" con la que la Generalitat está elaborando la ley del referéndum y la de desconexión, y se ha quejado de que ya sólo "parece obedecer a los deseos de los políticos secesionistas".

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha hecho así alusión a una información del diario El País y Catalunya Ràdio según la cual Junts pel Sí y la CUP han elaborado una "Ley del referéndum de autodeterminación" que invoca acuerdos de la Asamblea General de la ONU reconociendo "el derecho de los pueblos a la autodeterminación" ratificados por España, así como dictámenes del Tribunal de la Haya, para convocar el referéndum.

En el preámbulo de la ley se alega que los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 fueron ratificados y están en vigor en España desde su publicación en el BOE en 1977, y que en ellos se reconoce "el derecho de los pueblos a la autodeterminación como el primero de los derechos humanos".

Apela también a dictámenes recientes del Tribunal internacional de justicia de La Haya en los que se indica que el derecho a decidir de los pueblos ha evolucionado a lo largo del siglo XX, tras el fin de la era del imperialismo, y que la única limitación a su ejercicio es el recurso ilícito a la fuerza u otras violaciones graves del derecho internacional.

La exposición de motivos añade que la elaboración de esta ley responde a un "acto de soberanía" que es "la opción necesaria para poder ejercer el derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Cataluña, especialmente después de la ruptura del pacto constitucional español de 1978 que representa la anulación parcial y la completa desnaturalización del Estatut de Cataluña del año 2006".

Está previsto que mañana a mediodía los grupos independentistas expliquen en un acto en el Parlament, fuera del pleno, los detalles de la futura ley catalana del referéndum, que deberá dar cobertura legal a la consulta del 1-0. Los partidos de la oposición han declinado asistir, excepto Podem y EUiA.