Caos en la educación valenciana tras el varapalo judicial al 'plurilingüismo'

Los tribunales han dado un nuevo golpe a la política lingüística educativa del gobierno valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado el plan B de la Consejería de Educación con el que se quería dar por cumplida la suspensión cautelar del llamado decreto de plurilingüismo sin asumir el retorno al sistema anterior, es decir, al decreto que fue aprobado por el gobierno del PP. El TSJ ha estimado que el departamento que dirige Vicent Marzà (Compromís) no estaba cumpliendo con la suspensión cautelar dictada hace un mes y ordena a Educación volver al decreto inmediatamente anterior aprobado por el PP en 2012. Esta última sentencia judicial que ha generado un caos en las aulas valencianas. Muchos padres matricularon a sus hijos en los colegios en virtud de esta política lingüistica. Y ahora se ven desamparados. 

"No basta con dejar de desarrollar la norma suspendida, como se pretende por el letrado de la Generalitat, es necesario retrotraer sus efectos al momento del inicio de ese desarrollo normativo (…) Lo actuado debe dejarse sin efecto", recoge un auto facilitado este jueves por el TSJ. La decisión ordena así regresar a la norma anterior.

En ella, los padres podían escoger entre línea en castellano (con una o dos asignaturas en valenciano) o línea en valenciano. El nuevo decreto -que está suspendido cautelarmente- establece una única vía por centro a elegir entre seis niveles y supeditando más horas de inglés a los niveles más avanzados en valenciano.

Horas antes de conocerse que los tribunales ordenaban al gobierno valenciano a aplicar la norma del 2012, el TSJ daba a conocer una sentencia en la que se anula el principal gancho del decreto del gobierno bipartito valenciano: las certificaciones oficiales que los alumnos iban a obtener en inglés y valenciano, si optaban por los niveles avanzados. Una medida que la Sala ha definido como "discriminatoria" al llevar a cabo una "evidente diferencia de trato entre el valenciano y el castellano". La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso.

El plan afecta a la etapa Infantil

La orden de regresar al modelo lingüístico del año 2012 tiene, por su parte, consecuencias inminentes. El plan afecta a la etapa de Infantil, que era la primera en la que iba a aplicarse, mientras el resto de etapas continuaba con la normativa del gobierno popular este próximo año. El periodo de matriculaciones ya ha acabado y la dirección de los centros cierra en agosto, en teoría, después de haber dejado preparado el inicio de curso.

Eva Aparici, la presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de los centros públicos valencianos, lamenta la medida (consideran que el decreto de plurilingüismo garantizaba la enseñanza de lenguas) y, aunque sostiene que en la práctica no habrá muchos problemas, asegura que ahora deberán estar a la espera de nuevas instrucciones de la Consejería de Educación.

Por el momento, Educación solo ha emitido un breve comunicado en el que se limitan a decir que la Generalitat cumplirá la resolución apuntando que no la comparten. Apuntan que, "a efectos prácticos", la sentencia afecta al alumnado matriculado en Infantil de 3 años (el decreto suspendido fija que la implantación para el próximo curso era en todos los niveles de Infantil, de 3 a 5 años), pero sin dar más detalles. Educación ha pospuesto las posibles explicaciones sobre la ruta a seguir a partir de ahora a una comparecencia ante la prensa prevista este viernes.

La Consejería recuerda en la nota que el objetivo de la Generalitat es "garantizar y hacer efectivo el plurilingüismo a todo el alumnado valenciano (…) Y esto se llevará a cabo desde la Generalitat, sin dudas, con los instrumentos que hagan falta".

Los padres, llenos de "incertidumbre"

Mientras, los padres viven el inicio de curso con total incertidumbre. Paola Orenes es una madre de Calpe de 37 años que tiene tres hijos, uno de ellos de 3 años que el próximo curso iba a comenzar en Infantil con un nivel avanzado de valenciano. Sus dos hermanos cursan líneas en castellano. Ella quería que su hijo menor estudiara también en castellano. Asegura que cuando el TSJ suspendió cautelarmente la implantación del plan hace un mes, fue al centro y entregó dos cartas. Una pidiendo información sobre qué plan lingüístico iban a aplicar y otra haciendo constar su elección por el castellano en caso de que el decreto estuviera suspendido. "Si esto continúa así (con el nivel avanzado de valenciano) sacaré a mi hijo del colegio, porque todavía no es enseñanza obligatoria", asegura.

La provincia de Alicante es donde más contestación social ha despertado el nuevo decreto. Ramón López, presidente de COVAPA, la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos –la segunda en representación en la Comunidad Valenciana pero la de mayor implantación en Alicante-, dice que hay una "total incertidumbre" al encarar el inicio de curso.

"A estas alturas no sabemos qué nivel se va a aplicar, se están comprando libros en base a los niveles nuevos que ahora están suspendidos… Lo que ha dicho el TSJ ha sido confirmar lo que veníamos diciendo de que el decreto va en contra de la igualdad y del derecho de los padres a decidir la lengua vehicular de sus hijos", dice.

Asociaciones de padres piden volver a matricular

López pide un proceso extraordinario de matriculación para dar el derecho a los padres a rectificar, si quieren, el centro que escogieron para sus hijos si lo hicieron en base al nivel lingüístico que iba a implantar. Él asegura conocer casos de familias con un hijo al que no le afecta el plan por no estar en Infantil pero que han optado por matricular a su otro hijo de 3 años en otro centro porque en el suyo se implantaba un nivel avanzado.

El presidente de COVAPA reclama al consejero de Educación que inicie un proceso de diálogo para llegar a un plan integral y consensuado. El decreto sí cuenta con el respaldo de la asociación de padres mayoritaria en la Comunidad Valenciana.

También la oposición ha pedido reacciones al gobierno valenciano. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha destacado que el decreto "no ha tenido el diálogo necesario" y que fue "impuesto". Por ello, ha pedido un "gran acuerdo" en Educación. La portavoz adjunta de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Merche Ventura, ha exigido la dimisión de Marzà "por el caos que ha creado". Ventura también reclama al Consell que empiece de cero y apruebe un "modelo trilingüe consensuado y sin discriminaciones". Por su parte, el portavoz parlamentario de Compromís, Fran Ferri, ha recriminado la decisión judicial, que ha tildado de "ataques al valenciano".