El Gobierno ha vuelto a elegir una respuesta moderada al embrión de la república catalana conocido este lunes. El mensaje sigue siendo que el referéndum del 1 de octubre no se celebrará y que la llamada ley de transitoriedad, ruptura o desconexión jamás entrará en vigor. Pero tampoco se ofrecen detalles. Mariano Rajoy sigue descartando la aplicación del artículo 155 de la Constitución (suspensión de la autonomía catalana) y la ley de Seguridad Nacional. Pero los dos escenarios están contemplados por el Gobierno, aunque no lo reconozca públicamente. 

El bloque independentista (Junts pel Sí y la CUP) ha presentado la ley que supuestamente ampara la transición de Cataluña a un Estado independiente. La norma, que contiene 89 artículos y tres disposiciones finales, es una especie de Constitución que da por hecho la pertenencia del territorio a la Unión Europea, contempla una amnistía para políticos como Artur Mas, la expulsión del Ejército o la toma de puertos y aeropuertos.

El Gobierno dice que esa ley no saldrá adelante. Punto. Pero es que el independentismo; sacudido por un atentado yihadista, el ninguneo de la comunidad internacional, el rechazo de más de la mitad de la sociedad catalana según sus propias encuestas, decenas de dimisiones en el Ejecutivo de Carles Puigdemont y un evidente clima de desconfianza y división interna en el Govern, tampoco da su brazo a torcer y dice que la norma estará aprobada antes del 1-O. Queda poco más de un mes para la fecha del referéndum y la expresión que alguien utilizó una vez del "choque de trenes" empieza a visualizarse en la cabeza de muchos políticos como una posibilidad cierta. 

Diálogo con PSOE y Cs

El Gobierno ha calcado la respuesta que dio a la ley del referéndum hace unos meses. Rajoy ha conversado con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Los dos, que siguen discrepando sobre las soluciones, han coincidido en su rechazo al texto. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también se ha puesto en contacto con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

Rajoy ha decidido actuar sólo contra hechos ciertos y no anuncios. Es la estrategia de la "respuesta proporcional" que mantiene el Gobierno desde que decidió dar un nuevo enfoque al desafío independentista en Cataluña. En estos meses, la Generalitat ha anunciado dos leyes para consumar su presunta independencia: la de la convocatoria del referéndum y la de transitoriedad. Pero no ha tramitado ninguna.

Sin embargo, la mayoría separatista aprobó una reforma del reglamento del Parlament. La modificación del artículo 135, pensada para la independencia, permitía la aprobación de una ley en trámite de lectura única y sin plazo de enmiendas habilitado para la oposición. Esa reforma sí fue recurrida por el Gobierno y suspendida por el TC.

Ruptura vía Parlament o decreto

La Generalitat tiene ahora dos opciones para aprobar las leyes en las que, dice, se asienta su derecho a constituirse como república independiente. Por un lado, puede aprovechar su mayoría en el Parlament para invocar el artículo 81.3 del reglamento, cambiar el orden del día de un pleno y forzar un proceso urgentísimo de aprobación de ambas leyes.

La otra vía, que no compromete al Parlament en primera instancia, es la aprobación por decreto de la Generalitat. En ambos casos, el resultado será el mismo: recurso de inconstitucionalidad del Gobierno y suspensión cautelar del TC.

Hasta aquí todo el mundo tiene claro el proceso. La duda surge precisamente a partir de ese momento. La Generalitat dice que desobedecerá al TC y seguirá adelante con el referéndum y en su caso la independencia. Y el Gobierno asegura que el 1-O no se celebrará. ¿Cómo frenarlo?

Las claves de la respuesta "proporcional"

Hasta ahora Rajoy se ha decantado por la respuesta moderada y nunca ha hablado de utilizar el 155 para suspender la autonomía catalana. Pero si algo ha dejado claro el Gobierno es que su respuesta será siempre "proporcional". Es decir, que si el Gobierno entiende que el desafío de la Generalitat crece o se mantiene, la intensidad de la respuesta también puede hacerlo.

"Hay un ramillete de escenarios que el Gobierno tiene contemplados", dice un alto cargo del PP. "El Gobierno siempre va a ir de la mano de la Justicia. Aquí no va a haber fallos".

Con esta premisa, Rajoy tiene otras dos opciones. La Fiscalía puede querellarse contra el Gobierno catalán por desobediencia si Puigdemont y sus consejeros se niegan a acatar la suspensión del TC. Pero el recorrido temporal y jurídico es tan inédito como incierto. Sigue abierto el procedimiento abierto en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O. 

La causa, que sigue secreta, investiga delitos como la sedición, entre otros y antes del parón judicial de agosto ganó mucho peso. La Guardia Civil ha interrogado a varios altos cargos de la Generalitat. Algunos de ellos los ha imputado. El portavoz del Govern, Jordi Turull, denunció a la Guardia Civil en un juzgado de guardia.

Así funciona la Seguridad Nacional y el 155

Al margen de la vía judicial, el Gobierno tiene también a su disposición la ley de Seguridad Nacional. Con esta ley en la mano, el presidente del Gobierno puede declarar una "Situación de Interés para la Seguridad Nacional".

Esta situación, que se declara mediante real decreto, debe definir la crisis, el ámbito geográfico del territorio al que afecta, la duración del proceso y el nombramiento de una autoridad y sus competencias para "dirigir y coordinar las actuaciones que procedan". La ley también contempla la obligación del Gobierno de informar "inmediatamente al Congreso de los Diputados" de las medidas adoptadas.

Esta opción entregaría al Gobierno el control de facto de Cataluña. Y le ahorraría los trámites, que sí recoge la aplicación del 155 de la Constitución. La suspensión de la autonomía requiere de un aviso previo a las autoridades de la comunidad afectada y la voctación del pleno en el Senado. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

El Gobierno insiste en que la "cosa no va por ahí". Así lo admiten fuentes de Moncloa. "La respuesta siempre será proporcional", dicen. Pero si la desobediencia se mantiene, como dice este alto cargo del PP, el Gobierno siempre tendrá a su disposición una última bala para liquidar el proceso.

"Estar, (estas opciones) están encima de la mesa", dice. "Otra cosa es que se usen".

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