El Gobierno tomará el control económico de Cataluña para cortar las vías de financiación del referéndum del 1 de octubre este mismo viernes. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentará al Consejo de Ministros un informe sobre la "adopción de medidas de defensa del interés general y garantía de servicios públicos en Cataluña". El Gobierno ha convocado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos inmediatamente después del Consejo de Ministros para aprobar medidas adicionales que permitirán a Hacienda asumir el pago de facturas, proveedores y nóminas de la Generalitat. 

El Gobierno responde así al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que se ha negado a enviar al Ministerio los gastos semanales del Govern. Junqueras ha argumentado que el nuevo régimen jurídico aprobado la semana pasada por el Parlament, que está suspendido por el Tribunal Constitucional, es incompatible con el control de Hacienda. El acuerdo inicial de medidas adicionales para garantizar la prestación se servicios públicos en Cataluña y en defensa del interés general y el cumplimiento de la Constitución y las leyes fue el que obligó a Junqueras a enviar semanalmente a Hacienda una minuta de los gastos del Govern.

Este acuerdo, aprobado en julio, fue recurrido a la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la Generalitat. El Supremo ha rechazado el recurso este mismo viernes.

Proveedores y funcionarios

El Consejo de Ministros quiere impedir que la Generalitat use dinero público para organizar el 1-O. El contenido del informe, según fuentes consultadas por este diario, prevé que el Gobierno central asuma directamente el pago a los proveedores de la Generalitat e incluso las nóminas de los funcionarios. El Ministerio puede tomar medidas adicionales de gasto a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), siempre para garantizar la prestación de los servicios públicos. Esta medida no requiere la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Según ha sabido este diario, todas las medidas de control financiero serán aprobadas después del Consejo de Ministros por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Dicha comisión es la encargada de ejecutar los acuerdos concretos que proponga Hacienda al Gobierno.

La decisión del Gobierno es la de mayor trascendencia hasta la fecha. Se trata de una orden que de facto retira competencias a la Generalitat y le cierra el grifo de dinero público. Sin ese dinero, por ejemplo, no puede pagar la apertura de un edificio de titularidad autonómica que pretendiese utilizar de colegio electoral. La medida también afecta de lleno a la campaña institucional (anuncios, página web, buzoneo, etc).

En abril, el TC suspendió las partidas de los presupuestos destinadas a la organización del referéndum. Tras el inicio de la campaña del 1-O, la Intervención de la Generalitat dijo a Hacienda que no encontraba la fuente de financiación del anuncio.

Después de la respuesta de Junqueras, Montoro envió una carta a la Generalitat en la que advertía con el uso de las "medidas necesarias" para que se ajustaran a la legislación vigente. Montoro recordaba que la reglamentación aprobada por el Parlament no tiene vigencia al ser anuladas por el Tribunal Constitucional. Y aseguraba que el control del gasto no se debía una cuestión "política" sino de estabilidad presupuestaria. 

Mitin en Tarragona

El presidente Carles Puigdemont y el propio Junqueras abrieron este jueves la campaña a favor del sí en el referéndum con un mitin en Tarragona. Ni la Fiscalía ni la Delegación del Gobierno ni los Mossos impidieron el acto, ilegal según los tribunales. Puigdemont dijo que "pese a que decían que no podríamos hacer este acto, con la gente que hay ahí fuera podríamos hacer dos y tres veces".

Puigdemont se jactó también de haber puesto en marcha la web informativa, pese a que el Gobierno la ha bloqueado: "Y pondríamos en funcionamiento la página web informativa dos y tres veces, y votaremos". 

Noticias relacionadas