En su última declaración institucional, Mariano Rajoy pidió a Carles Puigdemont que diera un paso atrás para evitar "males mayores". El Gobierno cree que no lo ha dado. Y que el presidente de la Generalitat, aislado, está dispuesto a inmolarse políticamente. Moncloa prevé un escenario de declaración unilateral de independencia previo llamamiento a "tomar las calles" después del 1 de octubre. Es una situación de tensión límite en mitad de una fractura civil cada vez más evidente en Cataluña y un ambiente que empieza a caldearse en el resto del país.

El entorno de Rajoy da por hecho que el desafío separatista se prolongará varias semanas. Y le preocupa más el 2 de octubre y los días sucesivos que el 1-O. El Gobierno está convencido de que no habrá referéndum este domingo y considera que no hay logística, ni estructura, ni sindicatura, ni material ni reconocimiento internacional alguno para llevarlo adelante con las mínimas garantías. 

Entrevista en La Sexta

Es posible que en algún pueblo se pongan urnas. Así lo admite Rajoy. Pero se siguen tomando medidas que van encaminadas a impedir cualquier imagen que pueda parecer una votación legítima. El Ministerio del Interior ha asumido la coordinación de Guardia Civil, Policía y Mossos. Y la Fiscalía ha pedido identificar a los directores de los casi 3.000 colegios electorales que hay en Cataluña.

El Gobierno, por ejemplo, advierte un tono diferente en las palabras de la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, que descartó la declaración unilateral. Pero no en Puigdemont. Moncloa ha visto con preocupación la entrevista de Puigdemont en La Sexta. El Gobierno entiende que el presidente de la Generalitat tiene en mente la declaración unilateral de independencia. Puigdemont no descartó esa posibilidad a Jordi Évole y dijo que cualquier porcentaje de participación era válido para aceptar un resultado.

Para el Gobierno, Puigdemont está viviendo prácticamente un delirio. En Salvados dijo que no deseaba su detención, pero mucha gente en Moncloa piensa que la está buscando. El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, dijo este lunes que la detención de Puigdemont es una opción que "está abierta". Maza no se refería específicamente a la declaración unilateral, pero el mensaje era una advertencia en esa dirección.

Algunos se aventuran incluso a dar día y lugar para esa declaración: 6 de octubre en el Parlament de Cataluña. Es cierto que la ley del referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional, prevé esa proclamación a las 48 horas de la victoria en las urnas. Pero el 6 de octubre es exactamente la misma fecha en la que Lluís Companys proclamó la República catalana en 1934. La coincidencia ya se recordó cuando Puigdemont anunció el referéndum, pero hay más de un cargo del Gobierno y fuera de él que da por hecho que Puigdemont quiere seguir los pasos de Companys. Quizá detenido -también- en un barco. No el Uruguay, sino el de Piolín.

Fractura civil

Esa proclamación no se producirá sin la presión de la calle. La independencia unilateral estaba recogida en la hoja de ruta que aprobó la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Aquí es donde entraría en juego la CUP y la movilización permanente, tipo Maidan en Ucrania, de la que ya avisó la Policía.

La preocupación en Moncloa es elevada. Hasta ahora, las protestas, más o menos numerosas, se han tolerado sin mayores incidentes. Pero si el independentismo toma el Parlament, como sugiere la ANC, con el objetivo de facilitar la declaración unilateral, es probable que el Estado se vea forzado a intervenir. No sólo aplicando el artículo 155 de la Constitución, sino también en la calle.   

Es el peor escenario posible. Moncloa teme que una protesta continuada ahonde todavía más la fractura civil que vive Cataluña. Mientras, el ambiente se caldea en el resto del país, como se vio este pasado fin de semana en Zaragoza. 

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