La Generalitat de Cataluña ha empezado a repartir las citaciones para formar parte de las mesas electorales de la consulta ilegal del 1-O. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a uno de estos documentos, que algunos ayuntamientos han comenzado a entregar en mano a sus ciudadanos mediante engaños. En ellos se indica a los afectados que han sido designados a través de “sorteo público como miembro de mesa electoral”.
El documento, escrito en castellano y catalán, cuenta con el encabezamiento de “Referéndum d’autodeterminació de Catalunya 2017”. Figura el nombre y dos apellidos del vecino del municipio designado, su documento nacional de identidad, el rol que le ha sido asignado (presidente, vocal, vocal suplente…), la dirección del colegio electoral, la mesa…
La documento se ampara en la ley del Referéndum aprobada el pasado 6 de septiembre en el Parlamento de Cataluña y que está suspendida por el Tribunal Constitucional. La citación reconoce el derecho a presentar alegaciones en un plazo de tres días desde la recepción del documento, siempre que exista una “causa justificada que le impida la aceptación y ejercicio de este deber público. Para proceder a estas alegaciones, facilita un correo electrónico (www.ref10ct.eu).
Las fuentes consultadas por este periódico indican que estas citaciones están siendo entregadas en mano mediante engaños. Al menos en uno de estos casos el Ayuntamiento se pone en contacto por vía telefónica con el ciudadano designado y le pide que se presente en el consistorio para "una actividad" y sin aportar más detalles. Se especifica la obligatoriedad de acudir en persona.
Cuando acude al lugar se le hace entrega de la citación. Uno de los afectados relata a EL ESPAÑOL que en su caso se la ha dado una persona que desempeña la función de “alguacil”. Cuando el vecino le ha preguntado acerca de si tiene que firmar algún recibo, el funcionario del ayuntamiento se ha desentendido.
Este lunes la Fiscalía emitió una instrucción a los Mossos d’ Esquadra para que acudan a todos los centros de votación habilitados por la Generalitat para la consulta. Entre las órdenes del Ministerio Público se detalla la necesidad de advertir que es falsa cualquier comunicación por parte del Gobierno catalán en la que se exima de responsabilidad legal de participar en el referéndum.
La portavoz de Junts pel Sí en el Parlamento de Cataluña, Marta Rovira (ERC), ha reconocido este martes que se están enviando las notificaciones a los miembros que conformarán las mesas electorales para el referéndum del próximo domingo. La semana pasada la Guardia Civil requisó más de 45.000 cartas precisamente destinadas a tal fin en una nave de la empresa de mensajería Unipost ubicada en Terrassa (Barcelona).
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