Tras meses de cautela y perfil bajo alegando que se trataba de un asunto interno de España, la Comisión Europea ha decidido este lunes intervenir de lleno en la crisis catalana con un llamamiento al diálogo entre Madrid y Barcelona. El punto de inflexión han sido las imágenes de violencia en las cargas policiales en Cataluña durante el 1-O, que han hecho saltar las alarmas en todas las capitales de la UE. "La violencia nunca puede ser un instrumento en política", resalta una declaración formal del Ejecutivo comunitario que ha leído su portavoz, Margaritis Schinas.
"Pedimos a todos los actores implicados que ahora pasen rápidamente de la confrontación al diálogo", exige la declaración de la Comisión. El portavoz ha aclarado no obstante que de momento Bruselas no tiene intención de ejercer de intermediario o de árbitro entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat de Carles Puigdemont, tal y como reclama el Gobierno catalán.
"Confiamos plenamente en el liderazgo del presidente Mariano Rajoy para gestionar este proceso difícil en pleno respeto de la Constitución Española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados en ella", indica el Ejecutivo comunitario. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha hablado por teléfono con Rajoy este lunes a las 16:00 horas. "Juncker estaba en actitud de escucha y le ha reiterado la posición de la Comisión", explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias.
Y es que pese al llamamiento al diálogo entre Madrid y Barcelona y a las críticas a la violencia, Bruselas deja muy claro su apoyo al presidente del Gobierno y su desacuerdo con las tesis de los independentistas catalanes. "La Comisión cree que estos son tiempos para la unidad y la estabilidad, no para la división y la fragmentación", sostiene el Ejecutivo comunitario. Lo cierto es que la UE ha tratado a toda costa de no desautorizar abiertamente a Rajoy. Pero su decisión de intervenir finalmente no deja en muy buen lugar al presidente del Gobierno, que quería mantener la crisis catalana como un asunto doméstico.
También ha hablado con Rajoy este lunes el presidente del Consejo Europeo, el conservador polaco Donald Tusk, que en sus tres años en el cargo había evitado pronunciarse sobre el reto secesionista en Cataluña. Una prueba más de la inquietud que reina en Bruselas. Su petición es la misma que la de Juncker: diálogo para encauzar el conflicto y evitar más violencia. "Compartiendo sus argumentos constitucionales, le he pedido que encuentre maneras de evitar una escalada de tensión mayor y el uso de la fuerza", ha escrito Tusk en su cuenta de Twitter.
La votación del 1-O no ha sido legal
Por lo demás, la declaración de Bruselas sobre Cataluña reitera la conocida posición de que "se trata de un asunto interno de España que debe resolverse en línea con el orden constitucional de España". "Según la Constitución española, la votación de ayer en Cataluña no fue legal", subraya. Además, insiste en que si Cataluña llegara a independizarse, aunque sea mediante un referéndum legal, "se quedará fuera de la Unión Europea". No obstante, el portavoz no ha querido pronunciarse sobre cómo responderá la UE a la intención del Gobierno catalán de proclamar unilateralmente la independencia.
La crisis catalana ha monopolizado este lunes la rueda de prensa diaria de la Comisión, con casi 50 minutos de preguntas de periodistas de todos los países miembros. La mayoría interpelaban al portavoz sobre la violencia y las cargas policiales del domingo. Schinas ha eludido una condena expresa y no ha querido ir más allá de su declaración inicial de que "la violencia nunca puede ser un instrumento".
Debate en la Eurocámara el miércoles
Las imágenes del 1-O han provocado un terremoto político en Bruselas. La Eurocámara ha decidido a última hora incluir un debate sobre Cataluña en su pleno de esta semana. Populares y socialistas europeos lo rechazaron el pasado jueves, pero este lunes han cambiado de opinión: finalmente se celebrará el miércoles por la tarde. Es la primera vez que la crisis catalana se discute monográficamente en el Parlamento Europeo.
Como título del debate se ha escogido, a propuesta de los socialistas, "Constitución, Estado de derecho y derechos fundamentales en España a la luz de los acontecimientos en Cataluña". Los verdes habían planteado como alternativa "Debate sobre la violencia policial en Cataluña contra ciudadanos pacíficos". Alegaban que la UE no puede hacer la vista gorda ante el uso de la fuerza durante el 1-O.
Pero tanto el Partido Popular Europeo como los liberales de ALDE (grupo al que está adscrito Ciudadanos pero también el PDeCAT) se han sumado a la propuesta de los socialistas por considerar que permite un debate más amplio sobre la crisis catalana. Finalmente, la mayoría de los verdes y de la izquierda radical (GUE) han apoyado también el enunciado socialista porque incluye la cuestión de los derechos fundamentales.
Por su parte, los eurodiputados de Podemos han remitido una carta a Juncker en la que reclaman que active la 'opción nuclear' del artículo 7 del Tratado contra España por "violación grave" de los derechos fundamentales. Esta medida, llevada a su extremo, podría llevar a la suspensión del derecho de voto de España en al UE.