Puigdemont alegará ante el juez belga que se le persigue por sus ideas políticas

"Nunca he visto una orden de entrega tan mal formulada, imprecisa y frágil", sostiene el abogado belga Christophe Marchand, uno de los representantes legales del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y de los cuatro exconsellers huidos a Bélgica. Puigdemont y su equipo están citados a declarar este viernes a partir de las 14:00 horas ante el tribunal de Bruselas que deberá decidir sobre la euroorden que ha emitido contra ellos la Audiencia Nacional. La juez Carmen Lamela les acusa de cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación.

Para paralizar su entrega a España, Puigdemont y los exconsellers alegarán que no se les persigue por hechos constitutivos de delito sino por sus opiniones independentistas y su actividad política, según han explicado sus abogados en una entrevista a Le Monde y Le Soir. Se les encausa "por su política conocida y defendida públicamente, presentada en su programa electoral y por la que han sido elegidos democráticamente", asegura otra de las abogadas, Michèle Hirsch.

"Estos hechos no presentan ningún carácter delictivo. De lo que se acusa a los interesados es de haber ejecutado las leyes adoptadas por el Parlamento, en tanto que miembros del Gobierno catalán", sostiene Hirsch. EL ESPAÑOL ha podido hablar este miércoles con la abogada, que ha eludido hacer declaraciones pero confirma el contenido de la entrevista. Niega que tenga instrucciones del equipo de Puigdemont para no responder a la prensa española y se escuda en la enorme cantidad de trabajo pendiente.

El juez belga debe rechazar la euroorden

Los abogados de Puigdemont y los exconsellers pedirán al juez belga que deniegue la entrega alegando que España podría vulnerar sus derechos fundamentales, en particular el derecho a un juicio justo. "Frente a una cuestión que se ha convertido en europea, el juez belga que examina la euroorden española se ha convertido de hecho en el garante de las libertades fundamentales", asegura Hirsch.

"Deberá decir si los derechos fundamentales de las personas afectadas se han vulnerado o no. Y determinar si esta orden se ha lanzado únicamente para reprimir opiniones, la libertad de asociación y el derecho a presentarse libremente a las elecciones", ha señalado la abogada.

Según los defensores de Puigdemont y los exconsellers, de los cinco delitos que Lamela les atribuye, la prevaricación y la desobediencia no deben tenerse en cuenta puesto que comportan penas inferiores a 12 meses en España. La malversación no puede equipararse con la corrupción y por tanto no está en la lista de 32 delitos de la euroorden que permiten una entrega casi automática. Tampoco figuran en la lista la rebelión ni la sedición, delitos que en Bélgica exigen que haya violencia.

"Lo penal no tiene nada que ver aquí. Se trata de hechos que corresponde dilucidar en el marco del derecho constitucional o administrativo. Por ello, esta euroorden es política y manifiestamente abusiva", concluye Hirsch.

La abogada y su socio, Christophe Marchand, representan a los dos exconsellers de Esquerra Republicana, Toni Comin y Meritxell Serret. Por su parte, Puigdemont y los exconsellers del PDeCAT están representados por Paul Bekaert, el abogado histórico de los huidos de ETA a Bélgica. Pese a esta diferencia, la defensa de los cinco trabaja de forma coordinada, asegura Hirsch.