El Gobierno ha asumido que es imposible frenar el debate de investidura de Carles Puigdemont. Pero no va a permitir que el nombramiento se haga efectivo. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Moncloa tiene dos vías para impedirlo. Por un lado, interpondrá un recurso exprés al Tribunal Constitucional (TC) contra el acuerdo de la Mesa del Parlament que autorice la investidura telemática. Por otro, el Gobierno, que sigue ejerciendo la autoridad en Cataluña, utilizará el 155 para poner las trabas administrativas a su alcance y que no conste el nombramiento.
Puigdemont es el candidato -probablemente indeseado por algunos- del separatismo. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha cerrado este viernes la ronda de contactos con los grupos. En su agenda sólo hay una propuesta de candidato a la investidura: Carles Puigdemont. El ex presidente sigue prófugo en Bruselas y sin intenciones aparentes de regresar.
Responder ante los tribunales
En España le espera la cárcel y un Gobierno que no está dispuesto a transigir con un mandatario fugado. Moncloa ha analizado los escenarios y admite que frenar la sesión de investidura es prácticamente imposible. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha esquivado una decena de preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Méndez de Vigo no ha garantizado que la sesión se pueda paralizar antes de celebrarse. Y, con los errores comunicativos y compromisos adquiridos antes del 1-O todavía frescos en la memoria, ha dicho que harán todo lo que esté en su mano para hacer cumplir la ley.
"El Gobierno ha sido claro. Está en ejercicio del 155 y no va a consentir ninguna ilegalidad", ha asegurado. "El Gobierno observará que se cumpla la legalidad. Los que vulneren las leyes saben que tendrán que responder ante los tribunales".
Torrent ha comunicado que el lunes anunciará el candidato y la fecha del debate. La clave de la sesión está en los detalles. La Mesa, con mayoría separatista, tiene que disponer una investidura por plasma y decidir sobre el voto delegado de los cinco diputados huidos en Bruselas y los tres encarcelados. Tampoco se sabe si Puigdemont hará su discurso vía Skype o por algún diputado interpuesto.
El Gobierno tiene previsto responder con un recurso exprés al TC contra el acuerdo que permita esta fórmula. Los tiempos son importantes. La Mesa puede acortar los plazos, de dos a un día. Pero si Puigdemont no logra la confianza de la mayoría absoluta de la Cámara (68 escaños) en primera votación, el reglamento estipula que deberá producirse una segunda votación en el plazo de 48 horas en la que será necesaria la mayoría simple. Con los ocho diputados ausentes -cinco huidos y tres en prisión- el bloque separatista se arriesga a quedarse en 62 escaños de los 70 que logró el 21-D.
En esos plazos, según fuentes por consultadas por EL ESPAÑOL, el TC tiene margen para reunirse y acordar la suspensión del pleno antes de que despliegue sus efectos. Está por ver hasta dónde llegará el recurso del Gobierno. Y llegará tan lejos como le empuje el desafío de los grupos separatistas, que tienen como referencia las imputaciones a Carme Forcadell y los miembros independentistas de la Mesa por los plenos de la desconexión de los días 6 y 7 de septiembre del año pasado.
Trabas administrativas
Pero incluso si el TC no llega a tiempo y Puigdemont gana la votación, fuentes del Ejecutivo recuerdan que el 155 seguirá vigente mientras el ex presidente no tome posesión. A todos los efectos, el Gobierno de Cataluña es el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy. Y de ellos depende el Diario Oficial de la Generalitat y otros procesos administrativos.
La ley de la presidencia de la Generalitat establece que "el nombramiento del presidente o presidenta de la Generalitat se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y tiene efectos a partir de la toma de posesión, que debe celebrarse en
el plazo de cinco días a partir del nombramiento". Es decir, el Gobierno vía 155, como Ejecutivo saliente de Cataluña, puede no publicar nada en el Diario.
El nombramiento del presidente de la Generalitat no se produce automáticamente tras ganar un voto de investidura. Tampoco depende del 155. El nombramiento es un acto del Rey, que debe sancionarlo a propuesta del presidente del Parlament.
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