La ofensiva del PP contra Cs amenaza sus acuerdos en Madrid, Murcia, Castilla y Léon y La Rioja

La ofensiva nacional del PP contra Ciudadanos ha empezado a trasladarse a la política autonómica, donde los dos partidos mantienen pactos estables o puntuales de gobierno en Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León. La tensión se ha hecho especialmente evidente en Madrid, pero los acuerdos están amenazados en todas las comunidades. Queda poco más de un año para las elecciones autonómicas y municipales. Los presupuestos regionales están aprobados y un escenario de ruptura, que nadie ha planteado todavía, no se descarta.

El enfoque del PP con Ciudadanos después de las elecciones catalanas ha dado un giro de 180 grados. Todos los portavoces del partido y del Gobierno han intensificado su agenda mediática. Pero no sólo para vender iniciativa, sino también para atacar a su socio y rival naranja. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calificó este sábado a Ciudadanos de "oportunista". El partido de Albert Rivera ha decidido evitar el cuerpo a cuerpo. La lectura que hace el entorno de Rivera es que los ataques del PP les visualizan como alternativa.

Presupuestos congelados

Un mes después del 21-D, la ruptura es más mediática que real. El foco de tensión nacional está en los Presupuestos. Ciudadanos tiene un preacuerdo con el PP, que ha dejado "congelado" por la imputación de la senadora Pilar Barreiro. Rivera reclama su acta en cumplimiento de los compromisos de regeneración que pactaron en la investidura. Si no dimite, dice, Ciudadanos no apoyará los Presupuestos. El tema de Barreiro, investigada por la trama Púnica, apunta a culebrón, pero el desenlace está a expensas de que haya un proyecto de Presupuestos o se aclare el panorama judicial de la senadora. Nada de eso ocurrido. Los Presupuestos no se esperan hasta que haya gobierno en Cataluña que no lidere Carles Puigdemont y acabe el 155. Dos factores que nadie puede garantizar ahora mismo.

Esta batalla por la hegemonía del centro derecha se ha trasladado de arriba a abajo. Y se está haciendo más que evidente a nivel autonómico, especialmente en Madrid. El pacto de Cristina Cifuentes con el líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha estado sometido a infinitos vaivenes en estos casi tres años. La cuerda ha vuelto tensarse este martes. Ciudadanos ha pedido la comparecencia de Cifuentes en la comisión anticorrupción por los papeles vinculados a la trama Lezo sobre la compra del 75% de la colombiana Inassa.

El Gobierno de Cifuentes ha respondido pidiendo la cabeza del portavoz de Ciudadanos en dicho comisión, César Zafra. El vicepresidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha amenazado con presentar una querella contra Zafra si finalmente se cita a Cifuentes. En un tono nada habitual para referirse a un teórico socio de gobierno, Garrido ha acusado a Ciudadanos de "torcer el derecho parlamentario, pisotear el Reglamento y los derechos de los comparecientes".

Fuentes de Ciudadanos descartan echarse atrás. La compra de Inassa le costó 73 millones de dólares al Canal de Isabel II. La comunidad "olvidó" entregar la documentación sobre esa operación a los grupos a pesar de que una providencia judicial se lo autorizaba en agosto. Este episodio amenaza la estabilidad del acuerdo para lo que resta de legislatura. Las partes niegan la amenaza de ruptura. Pero los Presupuestos del 2018 están aprobados. Los del 2019, si se rompe el pacto, pueden prorrogarse habiendo elecciones en mayo. Y Aguado tiene previsto llevar a la Asamblea madrileña dos iniciativas legislativas que prometen llevar el acuerdo con el PP al límite: una ley de protección al denunciante y la limitación de mandatos.

El caso de Ortiz en Murcia

El caso de Madrid es el más particular. No sólo porque arrastra problemas casi desde el principio, sino porque además las réplicas de cualquier terremoto en la Puerta del Sol siempre alcanzan el Congreso de los Diputados. Cifuentes se presenta además como uno de los mirlos blancos del PP. La crisis de Madrid no es ahora mismo comparable con las otras tres comunidades. Pero la nueva estrategia popular también les afecta. 

En Murcia, por ejemplo, no hay acuerdo de investidura. Se rompió poco antes de la dimisión del ex presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez. El Gobierno de Fernando López Miras funciona con acuerdos puntuales. La investidura de López Miras salió adelante a cambio de una eliminación de los aforamientos, que se está tramitando en las Cortes. También se aprobaron los Presupuestos. Sin embargo, la relación entre ambos partidos está plagada de elementos de fricción. El último caso ha sido el del concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, que apareció en una grabación en la que recordaba que muchas empresas tienen contratas locales "gracias al partido". Ciudadanos ha exigido al PP la dimisión de Ortiz.

La Rioja y Castilla y León son comunidades donde el pacto de Ciudadanos y PP funciona con relativa tranquilidad. En la comunidad riojana se exigió la salida de Pedro Sanz después de las elecciones, y no se han producido grandes polémicas desde entonces. En Castilla y León, Juan Vicente Herrera se quedó a un escaño de la mayoría absoluta, y en el Parlamento puede apoyarse indistintamente en Ciudadanos -que obtuvo cinco escaños- o Unión del Pueblo Leonés -que tiene un diputado-.