Un Parlament inútil: sin investidura ni siquiera se puede fiscalizar el 'Govern de Soraya'

Todo está en manos del independentismo. Mientras el bloque separatista, que tiene mayoría en el Parlamento catalán, no cierre un acuerdo para investir a un presidente seguirá en vigor el artículo 155 de la Constitución. El acuerdo que aprobó el consejo de ministros tras recibir el visto bueno del Senado recoge que la Cámara autonómica que se constituyó el 17 de enero no puede fiscalizar al Govern que ahora dirige Soraya Sáenz de Santamaría. El Gobierno del 155 solo rinde cuentas ante la Cámara Alta y limita de forma muy exhaustiva las funciones del Parlament para que sus diputados no saquen adelante iniciativas que vayan contra el orden constitucional.

El Gobierno central dirigirá la Generalitat hasta que la Cámara autonómica sea capaz de formar un gobierno. En el mismo momento en el que el futuro presidente nombre a sus consejeros y estos tomen posesión de sus cargos, la aplicación del artículo 155 decaerá automáticamente. El empecinamiento de Carles Puigdemont en ser investido presidente desde fuera de España ha convertido el tablero político catalán en un endiablado rompecabezas donde Madrid sigue teniendo el control de Cataluña y los dirigentes de la autonomía no tienen ninguna responsabilidad de rendir cuentas ante la nueva Cámara.

El propio decreto que aprobó el consejo de ministros revela que mientras esté en vigor el 155, "y en aquellos casos extraordinarios en que resulte imprescindible o inaplazable", el Gobierno podrá plantear "ante el Senado" modificaciones o actualizaciones de las medidas inicialmente autorizadas. También podría anticipar el cese de estas medidas "si cesasen las causas que lo motivan", pero de momento no hay ninguna intención de anularlo.

El documento también revela que Santamaría y los responsables de dirigir la Generalitat hasta que se conforme un Ejecutivo en Cataluña solo tienen que dirigirse al Senado cuando tengan que explicar el trabajo que están realizando en la Administración territorial. En ningún caso se dirigirán al Parlament. "El Gobierno de la Nación dará cuenta al Senado del estado de aplicación y ejecución de las medidas contenidas en este acuerdo con una periodicidad de dos meses", asegura textualmente el escrito. Tanto la vicepresidenta como el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, comparecieron en diciembre en la comisión de la Cámara Alta abierta para su estudio.

Sin comisiones de investigación

El Parlamento de Cataluña que se conformó hace quince días tampoco podrá abrir una comisión de investigación para saber qué ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy en la región desde que cesó al Govern que dirigía Puigdemont. El decreto recoge que, mientras el 155 esté en vigor, "no será de aplicación las funciones de control y las figuras reguladas en los artículos 66 y 67 del reglamento del Parlamento. Las facultades de seguimiento y control corresponderán exclusivamente al órgano que designe a tal efecto el Senado".

Además, las propuestas de resolución del Parlamento para impulsar la acción política y de gobierno y las declaraciones institucionales "deberán ser conformes con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las resoluciones del Tribunal Constitucional". Es decir, los diputados no podrán aprobar ninguna ley o decreto que fomente la vía unilateral similares a las que aprobó ese mismo Parlament los días 6 y 7 de septiembre.

Se prohíben iniciativas contrarias al decreto

El Gobierno central prohíbe al Parlament tramitar iniciativas contrarias a las medidas que recoge el decreto. Una vez que se presente alguna proposición de ley, propuestas para reformar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, propuestas para reformar el reglamento del Parlamento, enmiendas a iniciativas legislativas y propuestas de resoluciones de carácter general o disposiciones normativas sin fuerza de ley, la Mesa del Parlamento está obligada a enviar "a la autoridad que se designe a tal efecto por el Gobierno" para que manifieste su conformidad o no a la tramitación en un plazo de 30 días.

Por no poder, el Parlament tampoco podrá someter a debate y votación las enmiendas e iniciativas a las que se alude el punto anterior "mientras que la autoridad que se designe a tal efecto no haya otorgado su conformidad o, en su defecto, no hayan transcurrido los 30 días desde su comunicación". Denegada expresamente la conformidad por parte de la autoridad designada por el Gobierno, "quedarán suspendidos todos los trámites parlamentarios subsiguientes".