Comín, Serret y Puig, citados este jueves ante el juez belga por la euroorden

Los tres exconsellers que quedan en Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig- están citados a declarar este jueves ante un juez de Bruselas para comenzar a tramitar la nueva euroorden dictada contra ellos por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, según informan fuentes cercanas al caso. Tras escucharles, el juez dispondrá de un plazo de 24 horas para decidir si decreta prisión provisional -algo improbable dado que la fiscalía ya ha dicho que no ve riesgo de fuga- o libertad vigilada hasta que se decida sobre su entrega a España.

Bélgica se ha tomado con calma la tramitación de esta segunda euroorden contra Comín, Serret y Puig. Una actitud que contrasta con lo ocurrido en Alemania con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se encuentra en prisión desde su detención el 25 de marzo y para el que la fiscalía ya ha pedido su entrega a España. O con lo que ha pasado con la exconsellera Clara Ponsatí, que declaró ante el juez escocés el 28 de marzo y quedó después en libertad. 

En comparación, la fiscalía de Bruselas decidió pedir a la justicia española información adicional sobre el caso a través de la red Eurojust antes de dar ningún paso. Durante casi dos semanas, no ha adoptado ninguna medida contra los exconsellers al considerar que "no hay peligro manifiesto de sustracción a la justicia", según dijo en un comunicado el pasado 26 de marzo. Los tres se han puesto a disposición de la justicia belga a través de sus abogados y estaban vigilados. 

El procedimiento empieza desde cero

El juez Pablo Llarena acusa a Comín de rebelión, malversación y desobediencia, mientras que contra Serret y Puig los cargos son sólo de malversación y desobediencia. La tramitación de la euroorden vuelve a la casilla de salida. La fiscalía belga considera que no se trata de una reactivación del procedimiento iniciado en noviembre de 2017 por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y que paralizó Llarena un mes más tarde, sino de un nuevo caso que empieza desde cero.

Si se cumple el guión, el juez de Bruselas decretará mañana libertad vigilada contra los tres exconsellers. Se les prohibirá abandonar Bélgica sin permiso judicial, deberán comunicar un domicilio fijo y tendrán que presentarse cada vez que sean convocados por la policía o la justicia. A partir de ese momento empieza a correr el plazo de 60 días, prorrogables a 90, de que dispone la justicia belga para decidir sobre su entrega a España.

En la primera euroorden de noviembre, la fiscalía de Bruselas ya recomendó extraditar a los exconsellers por malversación, rebelión y sedición. Estos dos últimos delitos los equiparó al tipo penal belga de coalición de funcionarios contra la ley. Sin embargo, Llarena acabó retirando la petición de entrega por temor a que el juez no aceptase los cargos de rebelión y sedición.