El Gobierno renuncia a garantizar la enseñanza en español en Cataluña

Tras sopesar introducir una casilla para que los padres puedan educar a sus hijos en la lengua oficial y vehicular que prefieran, el español o el catalán, el Gobierno ha dado marcha atrás. 

La hoja de inscripción para acceder a la educación obligatoria en Cataluña en el curso 2018-19 no incluye ninguna casilla, según publica el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) en una resolución.

El DOGC publica este miércoles la resolución, que no incluye cambios significativos con respecto al curso anterior, por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula de alumnos del segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.

El plazo de presentación de solicitudes previsto para el segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria será del 13 al 24 de abril.

Fuentes del Departamento de Enseñanza han explicado a EFE que en la hoja de inscripción, como se viene haciendo desde hace algunos años, se seguirá preguntando a los padres de los niños que se escolarizan por primera vez cuál es su lengua materna y a los alumnos que lo necesiten se les seguirán aplicando programas de adaptación lingüística.

Casi al mismo tiempo, el PP catalán ha registrado una iniciativa en el Parlament para tratar de que, en el futuro, se garantice la educación en español. "El objetivo que persigue la propuesta es que las lenguas oficiales tengan una proporción suficiente en el sistema educativo y también introducir una tercera lengua extranjera. Se trata de un modelo de educación trilingüe, las dos lenguas oficiales en Cataluña y una tercera lengua extranjera” dijo Santi Rodríguez, secretario general del PP catalán. 

Rechazo de la comunidad educativa

El pasado mes de febrero, el Gobierno anunció que estudiaba la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluyese una casilla en la que los padres pudiesen elegir el castellano como lengua vehicular para sus hijos, después de que lo solicitasen el sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana (SCC).

Esta intención despertó el rechazo de la comunidad educativa y tanto sindicatos de docentes y de alumnos, como asociaciones de padres se manifestaron a favor del actual modelo lingüístico catalán y contra la posibilidad de la inclusión de la citada casilla.

En marzo, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el procedimiento de la Lomce por el que se obligaba a la Generalitat a pagar la escolarización en centros privados de los alumnos sin enseñanza pública en castellano.