Bruselas

La justicia belga ha decidido este jueves dejar en libertad vigilada, pero sin fianza, a los tres exconsellers que siguen en Bruselas -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig- a la espera de que se tramite la nueva euroorden dictada contra ellos por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. El juez de instrucción ha escuchado por separado durante más de cuatro horas a los exconsellers y ha llegado a la conclusión de que no existe riesgo de fuga, tal y como ya había dicho la fiscalía.

Las medidas cautelares impuestas a los tres exconsellers son la prohibición de salir de Bélgica sin permiso del juez, tener un domicilio fijo y estar en todo momento a disposición de la policía y la justicia belgas. El expediente se remitirá ahora a la Cámara del Consejo, que debe pronunciarse en primera instancia en los próximos días sobre su entrega a España.

"El president Puigdemont va a ser liberado de manera inminente (en Alemania), nosotros estamos libres, la consellera Ponsatí es libre (en Escocia). Por lo tanto, hoy la justicia europea ha querido que los miembros del Gobierno de Cataluña puedan vivir en libertad en los países en los que están viviendo o por los que estaban transitando", se ha felicitado Comín a su salida de la fiscalía de Bruselas.

"Por esta razón, exigimos la puesta en libertad inmediata de las personas que hoy en en España están en prisión provisional acusados de un delito de rebelión que un juez en Europa dice ya que no se ha producido", ha agregado el exconseller de Sanidad en referencia a la decisión de la justicia alemana sobre el expresidente Puigdemont. El fallo del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein "refuerza nuestra convicción de que la justicia belga tampoco atenderá la extradición por el delito de rebelión".

Decisión final en 60 días

El juez Pablo Llarena acusa a Comín de rebelión, malversación y desobediencia, mientras que contra Serret y Puig los cargos son sólo de malversación y desobediencia. La tramitación de la euroorden vuelve a la casilla de salida. La fiscalía de Bruselas considera que no se trata de una reactivación del procedimiento iniciado en noviembre de 2017 por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y que paralizó Llarena un mes más tarde, sino de un nuevo caso que empieza desde cero.

Antes de tomar cualquier medida contra los tres exconsellers, la fiscalía solicitó información adicional sobre el caso al Tribunal Supremo a través de la red de coordinación judicial de la UE, Eurojust. Y ha esperado dos semanas para reactivar la euroorden. A partir de la comparecencia de este jueves, empieza a contar el plazo de 60 días (prorrogable a 90) para tomar una decisión final sobre la entrega a España.

En la primera euroorden de noviembre, la fiscalía de Bruselas ya recomendó extraditar a los exconsellers por malversación, rebelión y sedición. Estos dos últimos delitos los equiparó al tipo penal belga de coalición de funcionarios contra la ley. Sin embargo, Llarena acabó retirando la petición de entrega por temor a que el juez no aceptase los cargos de rebelión y sedición.

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