El colmo del nepotismo: gana un concurso con apoyo de su padre (PSOE) y de su hermano (Compromís)

En el pequeño municipio de La Jana (Castellón), con escasos 700 habitantes, todos se conocen. Aunque no ha hecho falta recurrir a los árboles genealógicos para caer en la cuenta de que el Ayuntamiento ha adjudicado de manera presuntamente irregular un contrato por medio de un decreto del alcalde, Domingo Tolós (Compromís), a una empresa que es propiedad del familiar no de uno, sino de dos concejales del gobierno municipal.

La empresa en cuestión, Construcciones Ismael Vilanova SL, es propiedad de Raúl Vilanova Pla, hermano de Álex Vilanova Pla, portavoz de Compromís en el consistorio e hijo de Ismael Vilanova Boix, concejal de Deportes por el PSOE. Este último, además, figuró como administrador único de la empresa adjudicataria hasta el año 2015, pues se trata de una empresa familiar heredada de una anterior generación. Todo hace ver que estamos ante un caso de nepotismo de libro.

El contrato, que se aprobó como "menor" por medio de un decreto, estaba destinado a las reformas del pavimento de distintas calles de la localidad. Unas obras que ya han comenzado. Sin embargo, el montante total de la adjudicación superó los 50.000 euros, el máximo permitido para que se tratara efectivamente de un contrato menor en el momento que se adjudicó (diciembre de 2017) puesto que, tras la reforma de la ley de contratos del Sector Público, la cuantía para tener tal consideración ha descendido a los 40.000 euros. El montante total de la concesión llegó a los 62.379 euros, poco más de 51.000 euros si se le resta el IVA.

"Un error administrativo"

La adjudicación ha pasado desapercibida durante varios meses porque no se comunicó en el pleno municipal, pero, debido entre otras cosas a un cambio de los miembros en el partido de la oposición, el Partido Popular, la adjudicación ha acabado saliendo a la luz. 

El alcalde Domingo Tolós no niega los hechos, pero achaca todo a un "error administrativo" y, de momento, no se ha planteado su dimisión ni ha pedido a ninguno de los dos concejales implicados que lo hagan. Explica que "el Ayuntamiento contrata siempre a las dos únicas empresas de construcción del pueblo, procurando repartir las obras entre las dos empresas porque facturan lo mismo". Rehúsa claramente, por tanto, convocar un concurso público como se exige por ley en las adjudicaciones que superen la cantidad mencionada.

Además, desde el gobierno local vuelcan la responsabilidad del contrato en el interventor del consistorio: "Las obras se adjudicaron a finales de año siguiendo las directrices del secretario interventor del Ayuntamiento. Cuando nos dimos cuenta de que había problemas en la contratación administrativa, revisamos los expedientes y detectamos que en la obra de pavimentación de las calles hubo un error administrativo derivado de la existencia de los honorarios del técnico de arqueología que no se deberían haber incluido en el presupuesto de adjudicación de la obra", han explicado a través de un comunicado oficial.

La explicación no ha convencido al PP del municipio, partido desde el que aseguran que históricamente se han sacado a concurso las obras y que incluso se ha buscado a empresas de municipios colindantes, dada la falta de variedad en el municipio. De momento el PP no ha denunciado ante la Justicia los hechos ni se plantea hacerlo de manera inminente a pesar de que ven claro que se ha podido incurrir en los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La razón: "no paralizar las obras, pues la gente entra a sus casas saltando por encima de maderas y no se les puede dejar así", informan a EL ESPAÑOL.