La Delegación del Gobierno se cruza de brazos ante la pancarta ilegal de Torra

No había pasado una hora desde la neogótica toma de posesión de los consejeros del nuevo gobierno catalán y del balcón de la Generalidad ya colgaba una pancarta en la que se pide, en catalán y en inglés, "libertad para los presos políticos y los exiliados". La pancarta, con su preceptivo lazo amarillo, seguía todavía en el balcón este domingo y está previsto que permanezca hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordene descolgarla. Si es que lo hace. 

A sólo una veintena de metros, al otro lado de la plaza, un segundo lazo amarillo cuelga desde hace semanas del balcón del Ayuntamiento. El lazo fue descolgado durante unos minutos el pasado domingo 27 por las protestas de unas pocas docenas de manifestantes constitucionalistas, pero fue restituido de inmediato en cuanto estos abandonaron la plaza. Cualquiera que cruce la plaza Sant Jaume lo hace hoy de forma obligatoria entre simbología nacionalista. Es el pasillo forzoso del separatismo. 

Los encargados de colgar la pancarta en el balcón del Palau fueron tres empleados de la Generalidad. Unas pocas docenas de personas aplaudieron el gesto desde la plaza. Mientras, en el interior de palacio se reunía el primer consejo ejecutivo del décimo presidente autonómico de la Generalidad. 

Tras acabar este, Quim Torra emergió del edificio para saludar a los concentrados y preguntarles, coqueto, si les gustaba la pancarta. La respuesta fue unánimemente afirmativa. Se sospecha que la pancarta ha sido pagada con el presupuesto del departamento de la Presidencia, el único cuyo control obraba en manos de los separatistas desde la toma de posesión de Quim Torra. 

Una constante en el País Vasco

La colocación de símbolos partidistas y en los que se presta apoyo explícito a presuntos o no tan presuntos delincuentes en las fachadas de organismos públicos no es infrecuente en España. Los lazos amarillos y las pancartas que piden libertad para los presos separatistas han sido habituales en las oficinas de los organismos de la Generalidad a lo largo de los siete meses de aplicación del 155. En el País Vasco, las pancartas en apoyo de los terroristas etarras han sido una constante en las últimas décadas. 

El procedimiento habitual para la retirada de las pancartas proetarras en el País Vasco consistía en una petición de la Delegación del Gobierno para que la Abogacía del Estado presentara una denuncia en los tribunales por vulneración del artículo 103 de la Constitución, que obliga a las administraciones públicas a "servir con objetividad los intereses generales".

Ese fue el caso del Ayuntamiento de Lezo, que en 2013, mientras era gobernado por Bildu, fue obligado a retirar una pancarta colocada en su fachada y en la que se pedía el "retorno" de los presos de ETA al País Vasco. La sentencia, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de San Sebastián, afirmaba que el Ayuntamiento "no puede actuar como portavoz, instrumento o cauce de expresión de las reivindicaciones, por legítimas que sean, de individuos, colectividades o grupos singularizados por una determinada ideología u opción política".

En la práctica, las pancartas proetarras eran retiradas en cumplimiento de la decisión de los tribunales… para ser posteriormente recolocadas, con la connivencia de los vecinos, en algún edificio cercano. El procedimiento judicial, además, solía demorarse meses, cuando no años.

La reacción del constitucionalismo

La reacción de los partidos constitucionalistas, con la excepción del PSC, ha sido unánime. Tanto PP como PSC han pedido la retirada del palacio de la Generalidad de cualquier símbolo partidista de apoyo a presos y prófugos separatistas. Andrea Levy, vicesecretaria del PP y diputada en el Parlamento autonómico catalán, ha instado a Pedro Sánchez a llamar a Quim Torra para pedirle la retirada de la pancarta.

La plaza Sant Jaume, con el lazo en el balcón del Ayuntamiento y la pancarta en el de la Generalidad. Cristian Campos Barcelona

"Es activismo independentista", ha afirmado la diputada autonómica del PP, tras recordar que la pancarta rompe con el principio de neutralidad exigible a todas las administraciones públicas españolas. Más contundente todavía ha sido Albert Rivera, de Ciudadanos, que ha acusado a Torra de convertir "una institución del Estado en la sede de un comité de sedición". Cientos de personas se han sumado a la petición en las redes sociales.

Por orden del TSJ de Cataluña

Enric Millo, como delegado del Gobierno en funciones, no ha solicitado la retirada de la pancarta. Si lo hiciera, la petición pasaría por la Abogacía del Estado, que presentaría una denuncia contra Quim Torra y/o sus consejeros frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este sería el encargado de decidir sobre la retirada –o la permanencia– de la pancarta.

Preguntada al respecto, Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional, dice tener claro que la pancarta debe ser retirada: "Pancartas con falsedades como la de que hay que poner en libertad a 'presos políticos' o facilitar que regresen los 'exiliados', además de una tergiversación de los hechos, constituyen una apropiación indebida del espacio público. Si ello se realiza desde las propias instituciones se quiebran, además, los principios de imparcialidad, legalidad y lealtad institucional (art. 31 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña) con el que deben actuar las instituciones y órganos públicos".

La opinión de Carina Mejías, líder del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, no difiere demasiado de la de Freixes. "Ciudadanos ha pedido en reiteradas ocasiones la retirada de las pancartas políticas con el lazo amarillo del balcón del Ayuntamiento, y por la misma razón solicitamos la retirada de la pancarta del balcón de la Generalitat. Son pancartas políticas, ideológicas y partidistas que no representan al conjunto de los ciudadanos y que generan más tensión".

Desafío abierto a Pedro Sánchez

La palabra clave en ambos casos es "neutralidad". "Exigimos que las instituciones mantengan la neutralidad por respeto a la pluralidad y porque deben representar al conjunto de los ciudadanos. Las pancartas que cuelgan del balcón de la Generalitat y del Ayuntamiento son reivindicaciones políticas de quienes se han saltado la ley o han huido de la justicia y eso en democracia es inadmisible", remata Mejías.

La vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, cree que la pancarta es un desafío abierto a Pedro Sánchez y su nuevo gobierno: "Sánchez tal vez pueda ir tirando con los Presupuestos del PP y con gestos de cara a la galería, pero en lo relativo al golpe de Estado se va a tener que retratar. Debe demostrar que está de parte de la convivencia y que aplicará la Constitución que acaba de jurar, incluyendo de nuevo el artículo 155 si es necesario. A la vista de esta pancarta, Torra está avisando de que probablemente lo será".

Becerra, muy crítica con el proceso separatista, advierte de que llueve sobre mojado. "La pancarta de Torra es la enésima mentira, al estilo ostentoso, repetido y provocador que caracteriza al procés. Los que Torra llama 'presos políticos' no lo son, están en la cárcel por apropiarse indebidamente de la soberanía de todos. Los que él llama 'exiliados' son prófugos de la justicia. Pero eso, a estas alturas, es lo de menos. Lo de más es que con esa pancarta demuestra sin lugar a dudas que renuncia a ser el presidente de todos los catalanes: es sólo el presidente de los independentistas, un colectivo menguante. Torra es coherente, porque un racista y xenófobo nunca puede ser el presidente de todos. Pero su partido, votando a favor de Pedro Sánchez, ha sido decisivo para colocarlo en la Moncloa. Repartidas las cartas, ahora les toca jugarlas".