Albiol legitima la pancarta de los presos acudiendo a ver a Torra sin que la quite

A la hora de la verdad, sólo se ha plantado Inés Arrimadas. "Si usted de verdad quiere dialogar, retire el lazo amarillo de la Generalidad", exigió hace una semana la líder de Ciudadanos al presidente del Gobierno autonómico catalán. La alternativa a ello era humillar la testuz y reunirse con Torra en un palacio de la Generalidad de cuyo balcón principal cuelga una pancarta que pide la libertad de los políticos presos y los prófugos de la Justicia procesados por el golpe separatista del pasado mes de octubre. Un trago difícil de gestionar para cualquier líder político respetuoso con la separación de poderes. 

Xavier García Albiol, como el viernes pasado Miquel Iceta, no ha mostrado sin embargo tantos reparos como Ciudadanos y el separatismo no ha tardado en vender la reunión de la tarde de este lunes entre el líder del PP y el presidente de la Generalidad como una victoria del nacionalismo y de la "normalidad" de sus pretensiones frente a los líderes de los partidos constitucionalistas.

La ronda de contactos que el presidente del Gobierno autonómico ha mantenido con los líderes de los partidos catalanes concluyó ayer lunes tras las reuniones con Xavier Domènech (Catalunya en Comú-Podem), Xavier García Albiol (PP) y Carles Riera (CUP). El viernes, Torra se había reunido con un Miquel Iceta (PSC) en el que recaerá a partir de ahora el papel de intermediario entre Pedro Sánchez y los partidos separatistas. Inés Arrimadas, consecuente con las condiciones que ella misma había impuesto, se negó a reunirse con Torra en esas condiciones. 

Hacia la "república catalana"

Tras la charla de Torra y Albiol, la portavoz del Gobierno Elsa Artadi ha destacado en su comparecencia frente a la prensa la "cordialidad" de la reunión entre ambos. "Desde el PP vamos a defender siempre nuestro Estatuto y nuestra Constitución", declaraba por su parte Albiol, quizá anticipándose a las posibles críticas. Sólo una hora después, Artadi resumía así la reunión de Torra con la CUP: "Hemos hablado con la CUP de los siguientes pasos del trayecto hacia la consecución total de la república catalana, con el compromiso explícito del Gobierno de que no vamos a renunciar a nada". 

El viernes, Miquel Iceta utilizó un argumento muy diferente al de Albiol para justificar su reunión con Torra: "No será una pancarta la que impida el diálogo". Tras su reunión, y preguntado por la actitud del presidente de la Generalidad, respondió: "Yo lo vi con ganas de hablar y de dialogar. No puedo decir que haya tomado una decisión. Él está empezando su legislatura y está a la expectativa, pero no me atrevo a decir si ha dejado a un lado la idea unilateral". A tenor de las palabras de Elsa Artadi, no sólo no la ha dejado sino que se ha reafirmado en ella a la vista de la docilidad con la que PP y PSC han aceptado reunirse con él, pancarta en ristre, sin pedir contrapartida alguna a cambio. 

Quim Torra saluda a Miquel Iceta antes de la reunión mantenida en el Palacio de la Generalidad. Andreu Dalmau EFE Barcelona

En realidad, las promesas de enmienda han abundado durante los últimos días, aunque sólo desde uno de los lados del tablero político. La ministra de Política Territorial y Función Pública Meritxell Batet, que desde su toma de posesión sólo ha tenido palabras para la comunidad autonómica catalana, ha hablado ya de una posible reforma de la Constitución en clave federalista y en el sentido deseado por los partidos nacionalistas catalanes. También de una posible reactivación de los artículos del Estatuto catalán declarados anticonstitucionales por el Tribunal Constitucional –sin especificar la fórmula jurídica que permitiría cuadrar ese círculo de ilegalidades– e incluso de la aceptación sin contrapartidas de 45 de los 46 puntos que Carles Puigdemont exigió el año pasado a Mariano Rajoy. 

Vuelta al "sí o sí"

Desde el bando nacionalista, la respuesta ha sido la habitual. Peticiones de diálogo "sin líneas rojas", es decir el viejo "sí o sí" de Artur Mas, y un incremento de la tensión en la calle, propulsada por la gasolina de las cesiones anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, y cuyos hitos durante los últimos días han sido los siguientes:

1. El lunes de la semana pasada, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico catalán, Elsa Artadi, anunciaba la disposición de su Gobierno a aprovechar "las debilidades del Estado" y se negaba a renunciar a la unilateralidad.

2. El jueves, un grupo de radicales de Arran y los CDR entraba a golpes en la Universidad de Barcelona y reventaba una conferencia sobre Cervantes organizada por Sociedad Civil Catalana gracias a la pasividad de la propia universidad.

3. El viernes, la exconsejera Clara Ponsatí, prófuga de la justicia y actualmente huida en Escocia, reconocía que los partidos separatistas habían mantenido una partida de póquer con el Estado central y jugado de farol durante los meses más calientes del proceso separatista. 

4. El sábado, el ayuntamiento del pueblo de Vic, en manos del PDeCAT, negaba el permiso municipal para un acto de Ciudadanos y unas cuantas docenas de sus vecinos recibían a la ganadora de las elecciones autonómicas catalanas del pasado 21-D, Inés Arrimadas, con los habituales insultos y amenazas.

5. El domingo, el MIC (Movimiento Identitario Catalán), un grupúsculo de ultraderecha nacionalista, celebraba un acto en el Fossar de les Moreres de Barcelona entre parafernalia nazi y con carteles de "Cataluña no es España/África" en el que reclamaba "entrar en combate". 

La pancarta que Torra ha ordenado colgar del balcón de la Generalidad viola el artículo 103 de la Constitución, que obliga a las Administraciones Públicas a "servir con objetividad los intereses generales", es decir a mantener la imparcialidad en los espacios públicos y muy especialmente en las instituciones de gobierno. Pero la Delegación del Gobierno no ha presentado de momento ninguna petición a la Abogacía del Estado para que reclame su retirada, el procedimiento habitual en los municipios vascos controlados por Bildu y cuya resolución, en la práctica, suele demorarse meses, cuando no años.