Sánchez entrega los consejeros que no huyeron a la Generalidad que controlan los que huyeron

El proceso ya está en marcha y se completará entre hoy y el jueves. Seis de los nueve líderes del golpe nacionalista a la democracia del pasado mes de octubre serán trasladados en pocas horas a cárceles de la comunidad autónoma catalana. Las prisiones de destino han sido decididas por las familias de los presos con el visto bueno final de los Servicios Penitenciarios de la Generalidad catalana. De acuerdo a sus deseos, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Raül Romeva serán enviados a la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, a cincuenta kilómetros de Barcelona. Carme Forcadell y Dolors Bassa serán trasladadas a la cárcel de Puig de les Basses, a cuarenta kilómetros de Gerona. 

Los tres restantes consejeros presos, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, serán trasladados al igual que el resto en cuanto Instituciones Penitenciarias complete el proceso, que en su caso se demorará unos días más por haberse iniciado con posterioridad al de los otros seis procesados en prisión preventiva. No se prevé, en cualquier caso, que haya ningún problema para su traslado. El juez Llarena no ha presentado ninguna objeción al respecto y la Generalidad ya ha dado su visto bueno final.

Más visitas y mayor flexibilidad de horarios

La decisión de trasladar los presos a cárceles catalanas tendrá consecuencias que irán mucho más allá de facilitar las visitas de familiares y allegados. Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene transferidas la gestión de sus prisiones, lo que en la práctica le concede a la Generalidad un amplio margen de acción en lo tocante a las condiciones de internamiento de los presos. Entre ellas, los horarios y la cantidad de visitas que pueden recibir, además de una mayor o menor flexibilidad a la hora de comunicarse con el exterior. 

Pero las consecuencias del traslado de los presos a las cárceles catalanas no acaban ahí. Según el artículo 168 del Estatuto de Autonomía aprobado en 2006, a la Generalidad le corresponde, entre otras competencias, "la planificación y la organización del trabajo remunerado de la población reclusa, y también la ejecución de las medidas alternativas a la prisión y de las actividades de reinserción".

La Generalidad también puede emitir informes durante el procedimiento de otorgamiento de indultos. Nadie duda de que dichas prerrogativas serán ejecutadas hasta el límite de sus posibilidades para evitar que Oriol Junqueras y el resto de los presos permanezcan un solo minuto de más en prisión. La Generalidad, controlada ahora por el prófugo Carles Puigdemont y su círculo más cercano a través de su testaferro Quim Torra, no dejará escapar en definitiva la oportunidad de conceder a los presos un régimen lo más laxo posible a la espera de un posible indulto por parte del PSOE. 

Primera cesión… a cambio de nada

El análisis político del traslado es obvio. Para Pedro Sánchez y el Gobierno del PSOE, el traslado de los presos, al que no estaba obligado, es un gesto con el que pretende distanciarse del supuesto inmovilismo del anterior Gobierno del Partido Popular. Un Gobierno al que Sánchez acusó hace apenas una semana en el Congreso de los Diputados, en respuesta al diputado de ERC Gabriel Rufián, de ser el causante de la ruptura de la convivencia en Cataluña. Secundariamente, el traslado de los presos a las cárceles de su comunidad tiene como objetivo restarle argumentos para el victimismo a Quim Torra y las autoridades autonómicas catalanas. 

No es muy probable, sin embargo, que al otro lado de la trinchera los partidos separatistas agradezcan el gesto de Pedro Sánchez. Para Torra y su Gobierno, al igual que para ERC y la CUP, los "presos políticos" son el eje central de su actividad propagandística, y de ahí las continuas concentraciones para pedir su libertad, los lazos amarillos, las cruces en las playas, la pancarta que cuelga del balcón del palacio de la Generalidad e incluso la amenaza del mismo Rufián, que rechazó con desprecio el puesto en el consejo de RTVE que Sánchez le acababa de ofrecer a su partido: "Si usted cree que con palmaditas en la espalda, con llamadas, con cenas, con comidas, con promesas de cargos, nos vamos a liar y a olvidar de los nueve secuestrados en Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real, le recomiendo que cambie de asesores".

El separatismo, en definitiva, daba por descontado el traslado de los presos a las cárceles catalanas desde que el PSOE ganó su moción de censura al Gobierno del PP, y de ahí que no haya habido el más mínimo aspaviento o señal pública de agradecimiento al Gobierno de Pedro Sánchez por parte de JxCAT, ERC o la CUP. A tenor de lo visto, oído y leído en debates, tertulias y columnas de opinión de los medios nacionalistas, el traslado nunca ha sido el verdadero objetivo del separatismo. Sí, lo es, en cambio, la absolución de los procesados en el Tribunal Supremo o, en el caso de que sean condenados, su posterior indulto. 

El traslado de los presos a cárceles catalanas, en cualquier caso, acabará con el habitual turismo penitenciario de esas personalidades de la política, el periodismo y el mundo de la cultura para las que la visita a los presos era un ritual obligatorio, además de señal de compromiso y medalla de fidelidad a la causa, similar a la de la peregrinación a la Meca para los musulmanes. Un turismo penitenciario convertido en ocasiones en alegre romería y en la que por no faltar no faltaban gintonics en el AVE y fotos en redes sociales con miles de me gusta. 

Esa Disneylandia penitenciaria se trasladará ahora, sin ninguna duda, a Barcelona y Gerona. No son pocos en Cataluña los que dan ya por descontadas las concentraciones a las puertas de las cárceles catalanas y, sobre todo, una avalancha de peregrinos durante el próximo 11 de septiembre. No es descartable que los que acaben pidiendo su traslado a cárceles del resto del Estado sean los reclusos comunes de Lledoners y Puig de les Basses obligados a oír a diario los cánticos y las salmodias independentistas bajo las ventanas de sus celdas.