Mucho antes de que Pedro Sánchez convirtiera en eslogan la exhumación de Francisco Franco, centenares de personas se reunían cada año a las puertas de La Macarena (Sevilla) para celebrar “vigilias antifascistas”. Cuando el actual presidente ni siquiera imaginaba que dormiría en Moncloa, aquellos manifestantes ya exigían la mudanza de otro general golpista: Gonzalo Queipo de Llano. Con el Valle de los Caídos en el punto de mira del Gobierno, las asociaciones memorialistas -nutridas en gran parte de votantes del PSOE- preguntan: “¿Y por qué Susana no lo ha desenterrado en cinco años?”
Conocido como el “virrey de Sevilla” entre 1936 y 1939, Queipo de Llano impulsó la construcción del templo de La Macarena, en el que ahora yace junto a su esposa. De ahí que se le nombrara hermano mayor con carácter honorífico. En la muralla del barrio, fusiló a militares y civiles fieles a la República. Partidarios y detractores solían decir: “Con una radio y el terror tomó Andalucía entera”. Los historiadores -existe bastante divergencia- le atribuyen entre 5.000 y 14.000 víctimas sólo en la provincia de Sevilla.
Susana Díaz fue investida presidenta en 2013. Siempre dijo “sí” a exhumar a Queipo, pero en ningún caso hizo de ello una prioridad absoluta. La presidenta andaluza no allanó el camino para entrar en La Macarena hasta 2017, cuando aprobó una ley regional para la Memoria Histórica. El Ejecutivo andaluz ha trabajado despacio, midiendo cada milímetro del terreno jurídico. Y ahora que se acercaba el final… el Gobierno de Sánchez ha colocado el Valle de los Caídos en portada, lo que ha acercado la luz y los taquígrafos a la tumba de Queipo.
"No ralentizará ni acelerará nuestro proceso"
Las fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico reconocen la presión mediática y social generada por el anuncio de Sánchez en relación a Franco, pero apuntan: “No nos afecta. Ni acelerará ni ralentizará nuestro proceso”. La exhumación de Queipo de Llano guarda un grueso paralelismo con la de Cuelgamuros. Ambos féretros se encuentran en lugares sagrados que no dependen de la Iglesia. En el Valle mandan los benedictinos y en Sevilla, la hermandad de La Macarena. Ni unos ni otros han desvelado, por el momento, su postura.
La ley andaluza de 2017 exige la retirada de la simbología franquista de aquellos lugares privados con proyección pública, como es el caso de La Macarena. Así lo recordaba esta semana el vicepresidente de Susana Díaz, Manuel Jiménez Barrios, que tachó a Queipo de “genocida”. También explicitó la intención de trasladar los restos y desgranó los cabos jurídicos que faltan por atar. “En breve”, se aprobará un decreto que alumbrará una comisión de expertos. Este órgano dispondrá de un mes para articular cómo proceder en La Macarena. Mientras tanto, la hermandad tomará una decisión.
Este viernes, en una entrevista con Canal Sur, Susana Díaz exponía su hoja de ruta: "Lo deseable es que, cuanto antes, sea la hermandad la que lo haga. Si no, evidentemente, tendremos la responsabilidad de que la ley se cumpla". O lo que es lo mismo: si La Macarena no actúa de motu proprio, la Junta llevará el caso a los tribunales.
¿Qué dice la hermandad?
“Los informes jurídicos que tenemos no indican que debamos sacarlo”, relata a EL ESPAÑOL una portavoz de la entidad religiosa. En los próximos meses, construirán un columbario en el interior del templo, que podría alojar los restos del general. “Esa obra ya estaba prevista y no tiene nada que ver con esto”, zanja esta fuente. No obstante, el hermano mayor de La Macarena ha dicho que “cumplirán la ley”, lo que aporta cierta tranquilidad al Gobierno de Díaz. La dificultad estriba en que los informes recabados por la agrupación devota no indican que la ley pase por exhumar a Queipo: “Nuestra intención es no hacer nada por ahora”.
El arzobispado sevillano se ha mostrado proclive al traslado. Un portavoz cuenta a este diario: “Nosotros podemos hacer recomendaciones pastorales, pero ellos actúan de forma autónoma. Les hemos pedido que se ajusten a la legalidad. No podemos ordenarles. Según nos dijeron, ya están dando pasos con sus propios abogados”.
La postura de los Queipo
Otra de las fuertes similitudes entre el caso de Franco y el de Queipo se circunscribe a la postura de las familias. Los descendientes de uno y otro se muestran radicalmente en contra del traslado. Tal y como avanzó este periódico, los familiares del dictador rechazaron una reunión con el Gobierno de Sánchez. Una nieta del “virrey de Sevilla” asevera en conversación con EL ESPAÑOL: “Nosotros queremos que siga allí. ¿De verdad hay que desenterrar ahora a todos los muertos? ¿Eso es lo más importante? ¿El Gobierno no tiene otras prioridades?”. Los Queipo arguyen que el general yace en el templo por “haber escondido” a La Macarena durante la guerra y haber impulsado la construcción de la iglesia después.
La tumba ha sufrido varias modificaciones. En un principio, una cadena la blindaba de los transeúntes, que ahora la pueden pisar incluso sin darse cuenta. Hace unos años y en signo de protesta, varias mujeres bailaron flamenco sobre ella. También se borraron de la lápida una mención al 18 de julio -fecha del "alzamiento"- y varios escudos de corte franquista. Las asociaciones memorialistas y el Gobierno andaluz, con la ley en la mano, aseguran que no es suficiente.
A día de hoy, tanto la Administración de Sánchez como la de Díaz han mencionado ese “en breve”, pero ninguna de las dos exhumaciones tiene fecha.