La Iglesia y los monjes piden al Gobierno que no haga nada sin contar con los Franco

Cuando Pedro Sánchez anunció la exhumación de Francisco Franco, ya sabía que el reto era mucho más complicado que acercar una grúa al Valle de los Caídos. En los despachos socialistas, figura el informe que Zapatero encargó a un consejo de sabios poco antes de dejar el Gobierno. Esos papeles advierten del poder de la comunidad benedictina que rige la Basílica -los monjes tienen la última palabra- y de las posibilidades jurídicas de la familia del dictador.

Con el decreto ley que aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes, el presidente sortea la defensa de los descendientes en los tribunales, que el pasado julio rechazaron entrevistarse con el Ejecutivo socialista. El mecanismo elegido por Moncloa les arrebata la posibilidad de recurrir jurídicamente -un particular no puede tratar de tumbar un decreto-. Para salvar con éxito la carrera de obstáculos, Sánchez deberá convencer a los monjes, que no ven con buenos ojos apartar a los Franco del proceso.

"Nosotros no entramos a valorar la decisión. Eso corresponde al Gobierno, pero queremos que se tenga en cuenta a la familia. Y en ese punto estamos en sintonía con la comunidad benedictina", relatan las fuentes del arzobispado madrileño consultadas por este periódico.

No habrá exhumación sin el "sí" de los monjes

La orden de San Benito es la mayor autoridad en Cuelgamuros desde 1958, un año antes de la inauguración al público del mausoleo. El informe en manos de Sánchez, fruto del empeño de Zapatero, resume: "Es un lugar sagrado sometido a la autoridad eclesiástica correspondiente". Y esa autoridad es la comunidad benedictina, que responde ante la abadía de Solesmes, y no debe dar explicaciones a la Iglesia española. En todo caso, sería el Vaticano quien podría mediar.

De ahí que el deseo de la Iglesia y los monjes de contar con la familia sea una advertencia a tener en cuenta. El decreto ha apartado a los Franco del proceso, pero no habrá exhumación sin el "sí" monasterial.

Hasta el momento, los religiosos del Valle no han hecho declaraciones. Reflexionan de puertas para adentro y han rechazado formar parte de la batalla declarativa, que se ha agriado en el último mes. Su palabra será la última. Sánchez lo sabe, pero el Gobierno confía en que el apoyo parlamentario con el que avalará el decreto ley de este viernes será suficiente para convencerles. No obstante, y a día de hoy, tanto la Iglesia como los de San Benito quieren que los Franco vuelvan a una negociación que ya rechazó la familia y que ahora esquiva Moncloa.

El movimiento del Gobierno tiene el precedente Sanjurjo en el retrovisor. El Ayuntamiento de Pamplona acordó exhumar al general sublevado. Finalmente, logró el apoyo de la Iglesia, titular del espacio. El recurso de los Sanjurjo -una posibilidad que ahora no tendrán los Franco- triunfó en los tribunales y la familia, si quisiera, podría devolver el féretro del militar a su cripta honorífica.

En el Congreso...

A partir de este viernes, el presidente dispondrá de treinta días para convalidar el decreto ley en el Congreso. En mayo del año pasado, una proposición similar, también auspiciada por el PSOE, cosechó el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y la mayoría de fuerzas nacionalistas. El PP se abstuvo. Un resultado que, a tenor de las últimas opiniones vertidas por los líderes en distintas ruedas de prensa, podría repetirse.

Los Franco se opusieron al traslado del dictador desde un primer momento. "Si se empeñan, lo harán, pero nosotros no les pondremos facilidades", contaba un nieto del militar a este diario. El último movimiento del presidente del Gobierno les dejará en fuera de juego hasta la apertura del expediente administrativo, cuando podrán presentar unas alegaciones que no tendrán por qué ser tenidas en cuenta.

La familia Franco envió una misiva al abad del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, para transmitirle su postura. De ahí que los religiosos, testada la lejanía de las partes, prefieran apostar por una negociación... que actualmente parece imposible.

Pedro Sánchez es consciente de que su credibilidad depende de los restos del dictador, cuya mudanza anunció a bombo y platillo. Por eso ha procurado -tanto él mismo como a través de sus ministros- seguir promocionando la exhumación a medida que aparecían los obstáculos. A finales de agosto, sólo le queda una valla por saltar: la puerta de entrada a la Basílica. Decidirá la orden de San Benito.