Interior 'compra' las denuncias de Torra sobre "la violencia fascista" y reúne a la Junta de Seguridad

Ni el escrache, el seguimiento y el acoso en las redes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Ni los habituales vetos institucionales, insultos y amenazas a la ganadora de las elecciones autonómicas del pasado mes de diciembre, y líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Ni la usurpación de los espacios públicos y de las instituciones con simbología independentista por parte del independentismo. Ni las llamadas a "atacar al Estado" realizadas por el presidente de la Generalidad durante los actos de homenaje a las víctimas de los atentados islamistas del 17-A. Ni el ataque sufrido el pasado lunes en una comisaría de Cornellà a cargo de un individuo armado con un cuchillo y al grito de "Allahu Akbar".

Ninguno de esos hechos ocurridos en Cataluña durante las últimas semanas fueron motivo suficiente para que el Gobierno convocara la Junta de Seguridad en Cataluña. Sí lo ha sido, en cambio, la denuncia por parte de Quim Torra de una supuesta "escalada de violencia en Cataluña a cargo de grupos violentos, armados y organizados, que recorren el territorio catalán". Es decir, de los ciudadanos catalanes que retiran lazos amarillos y simbología independentista de las calles. 

La denuncia, incluida en una carta que el presidente del Gobierno autonómico catalán remitió ayer miércoles por la mañana al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, provocó que la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, anunciara pocas horas después la celebración "en fechas próximas" de una Junta de Seguridad en Cataluña para abordar la denuncia de Torra.

"Es necesario que impere la sensatez", dijo Botella, sin que quedara muy claro si la sensatez debía correr a cargo de los ciudadanos catalanes que retiran lazos amarillos o de la policía autonómica que ha empezado a identificar y a solicitar sanciones de entre 601 y 30.000 euros para esos mismos ciudadanos. Preguntada por los detalles más concretos de la polémica, básicamente la dudosa legalidad de la actuación de los Mossos d'Esquadra (calificada por varios juristas como presuntamente prevaricadora) Botella rechazó, a falta de mayor información jurídica, comprometerse en un sentido u otro. Y añadió que si los agentes de la policía autonómica "dan ese paso, es porque entienden que tienen la capacidad de hacerlo". 

La convocatoria de la Junta de Seguridad, por sorpresa y sin que haya ocurrido ningún hecho de especial gravedad más allá de la mencionada identificación y denuncia policial de ciudadanos que retiran simbología independentista, supone en la práctica la asunción como verdadero de uno de los principales relatos independentistas por parte del Gobierno: el de un hipotético incremento de la "violencia fascista". Incremento en el que, también supuestamente, tendrían una especial responsabilidad agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. 

Carta enviada por Quim Torra a la delegada del Gobierno el 9 de agosto. Gobierno de la Generalidad.

La convocatoria fulminante de la Junta de Seguridad supone además una clara desautorización de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que el 9 de agosto recibió una carta de Torra muy similar a la que Grande-Marlaska recibió ayer y que pocas horas antes de la comparecencia de Ana Botella había restado importancia a la denuncia del presidente de la Generalidad. "Le responderé cuando vuelva al despacho" dijo Cunillera ayer, visiblemente molesta tras conocerse que Torra la había puenteado escribiendo al ministro del Interior sin esperar a su respuesta. 

La carta recibida por Cunillera, muy similar a la recibida ayer por Grande-Marlaska, pedía "la intervención" del Gobierno para "depurar las responsabilidades" que se deriven de la presunta responsabilidad en la mencionada escalada de violencia de un agente de la Guardia Civil y de algunos miembros de la Policía Nacional. En ella, el presidente de la Generalidad expresaba su preocupación "por las manifestaciones que últimamente hacen determinados miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, haciendo además explícita esta condición, ridiculizan agresiones de las que son víctimas ciudadanos de Cataluña". 

En dicha carta, Torra hacía referencia a dos hechos recientes. "Primero, los insultos recibidos por dos diputados catalanes, Jenn Diaz y Josep Maria Jové, por un miembro de la Policía Nacional. Segundo, por parte del secretario de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que publicó un tuit ridiculizando y, lo que es más grave, justificando la agresión de la que fue objeto el periodista Jordi Borràs por parte de un policía". Torra finalizaba su misiva pidiendo medidas disciplinarias a la delegada del Gobierno. 

Tras recibir la carta, Teresa Cunillera dio la callada por respuesta. Y de ahí que, "a la vista del silencio de la delegada del Gobierno", Torra decidiera enviar ayer una segunda carta al ministro del Interior en los mismos términos que la primera.

El puenteo de Torra a Cunillera no sentó bien en la Delegación del Gobierno, que por boca de Cunillera afirmó tener constancia de la recepción de la carta del 9 de agosto. La delegada del Gobierno anunció entonces que respondería a la misiva de Torra a la vuelta de sus vacaciones (aunque la delegada trabajó ayer recibiendo al ministro de Cultura en el Museo Nacional de Arte de Cataluña) y que su respuesta sería hecha pública después de que Torra la leyera. "Es lo correcto, lo educado y lo elegante, aunque Torra ya sabe lo que le diré porque ya hemos hablado". "Que esté seguro de que Marlaska y yo le diremos lo mismo" ha finalizado Cunillera, sin saber que, pocos minutos después, Botella anunciaría la convocatoria de la Junta de Seguridad. 

Las dos cartas de Torra se enmarcan en la campaña de denuncia de un supuesto "incremento de la violencia fascista" que están llevando a cabo los partidos independentistas y el Gobierno de la Generalidad durante las últimas semanas. Las "armas" a las que hace referencia Torra en esas cartas son los cúter y las tijeras que utilizan algunos ciudadanos catalanes para cortar los lazos amarillos que los independentistas atan en el mobiliario urbano. El diputado de ERC Gabriel Rufián se refería a esos ciudadanos en un tuit del pasado 19 de agosto como "comandos nocturnos de encapuchados armados con palos, escaleras y navajas que patrullan pueblos con planos y direcciones marcadas".