Más de cuarenta años después, es un gobierno democrático quien lo tiene todo "atado y bien atado". El Gobierno socialista, tras su Consejo de Ministros, proclamó el jaque. Habrá exhumación "antes de final de año" incluso si los monjes benedictinos se oponen. En palabras de la vicepresidenta, Carmen Calvo, el Ejecutivo dispone de "los instrumentos jurídicos necesarios" también en ese supuesto.
El detalle es muy relevante. Hasta esta semana, fuentes socialistas y eclesiásticas reconocían que no podrían actuar sin el beneplácito de la orden de San Benito, máxima autoridad en el Valle desde 1958, un año antes de su inauguración al público. Los Franco saben que el parapeto de los religiosos no es suficiente -siempre tuvieron sus dudas- y han dado un paso más: amenazan con no hacerse cargo de los restos del dictador.
Poco después de conocer las intenciones de Sánchez, los nietos del general enviaron al abad del Valle una carta en la que le trasladaban su oposición frontal al traslado. Pero hubo más: la familia presionó a los religiosos -verbalmente- y les advirtió de que no acudirían a recoger el féretro. Una inquietud que los monjes -las negociaciones han empezado- ya han transmitido a Moncloa. De ahí que la Iglesia española también insista: "Queremos que se cuente con los Franco".
El Gobierno aprueba el decreto ley para exhumar a Franco
La maniobra pretendía poner en un compromiso tanto a la orden de San Benito como al Gobierno, pero la vicepresidenta asegura haber encontrado la manera de salvar el obstáculo. Se agarra a unos "mecanismos jurídicos" que sustentan "los acuerdos con la Santa Sede". Una estrategia que no quiso desvelar en la comparecencia tras el Consejo de Ministros. Ese as en la manga deja en fuera de juego a los benedictinos. El decreto hizo lo propio con el posible recurso en los tribunales por parte de los Franco.
El viernes que viene -31 de agosto- Moncloa proclamará el inicio del expediente administrativo que cristalizará en la exhumación del dictador. A partir de ahí, quedará abierto un plazo de quince días para que los familiares comuniquen el nuevo lugar de destino o manifiesten su discrepancia. Si los Franco rechazan hacerse cargo de los restos o no se ponen de acuerdo entre ellos -hasta ahora se han mantenido unidos-, el Gobierno decidirá la ubicación.
Fuentes socialistas reiteran que la exhumación se llevará a cabo con "respeto" y "sin publicidad". También descartan el osario común y cualquier lugar que pueda resultar ofensivo o generar heridas.
Comprometer a los benedictinos
Carmen Calvo aseguró que no les temblará el pulso. El anuncio de esos "mecanismos jurídicos" desbarata en la práctica el órdago de los descendientes de Franco, que buscaba comprometer a los benedictinos para que estos a su vez se opusieran al desentierro.
En el informe que Zapatero encargó a un consejo de sabios antes de abandonar Moncloa, se remarcaba el carácter estrictamente necesario del plácet de los monjes. "Sí, es verdad, pero cuando se redactaron esos papeles no existía este decreto", remarcan las fuentes del Gobierno consultadas. Al parecer, la reforma de la ley de la Memoria Histórica recién estrenada por Sánchez da cobertura legal al as en la manga que Carmen Calvo no quiere desvelar.
La variación ha consistido en restringir el Valle a las víctimas de la Guerra Civil. Y en Cuelgamuros sólo hay uno que murió en la cama: Franco. Por otro lado, el decreto otorga al Gobierno la facultad de cumplir esa disposición incoando el pertinente expediente administrativo.
Tras el periodo de alegaciones, se reanudará el proceso. El Gobierno recabará -en esto no habrá problema- la complacencia del Ayuntamiento y la Comunidad autónoma. Después, comenzará un nuevo plazo de alegaciones, este de diez días. Una vez finalizado, el Consejo de Ministros volverá a reunirse y a suscribir definitivamente la exhumación.
En clave política, el decreto ha soliviantado a PP y Ciudadanos, aunque la vicepresidenta Calvo reitera que la convalidación en la Cámara tendrá carácter de proyecto de ley para que pueda participar todo el arco parlamentario. Gracias a esos "mecanismos jurídicos" todavía por conocer, Franco saldrá del Valle de los Caídos en diciembre.