La guerra de los lazos: Torra ataca a la Fiscalía mientras PP y Cs le acusan de "inocular la fiebre amarilla"

Otoño ofrece un calendario muy suculento al Ejecutivo separatista, que prepara un Everest al Gobierno de Pedro Sánchez. La Diada del 11 de septiembre, el primer cumpleaños del sucedáneo de referéndum del 1 de octubre, el aniversario de la declaración unilateral del día 27 del mismo mes... Una escalada de tensión que ya ha cristalizado en los parlamentos, las calles, los tribunales y las comisarías. Todo ello envuelto en una maraña de lazos amarillos.

Desde Waterloo -lugar que los separatistas denominan su "exilio europeo"-, Carles Puigdemont y Quim Torra cargaron este lunes contra la Fiscalía por investigar a los Mossos que identifican a quienes retiran la propaganda soberanista. Al mismo tiempo pero en Madrid, PP y Ciudadanos recriminaban a los diputados nacionalistas catalanes "inocular la fiebre amarilla" y provocar sibilinamente la "invasión de los espacios públicos". Tanto Rivera como Casado dejaron entrever que la agresión sufrida por una mujer el pasado fin de semana no se hubiera producido con las plazas y las calles limpias.

La autodenominada Casa de la República Catalana, el chalet de 550 metros cuadrados que Puigdemont alquila en Waterloo por 4.400 euros al mes -supuestamente para usos institucionales- estaba ocupada por la visita de su mujer y sus hijas. Así que la reunión institucional de inicio de curso político con Torra tuvo que trasladarse a un hotel de carretera a las afueras de la ciudad. Previamente, los dos mandatarios habían almorzado con los exconsellers huidos que siguen en Bélgica: Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, que ha sido nombrada delegada de la Generalitat en Bruselas. A Torra, que visitaba por segunda vez a Puigdemont desde su regreso a Waterloo, le acompañaba desde Barcelona la consellera portavoz, Elsa Artadi.

El presidente de la Generalitat negó ser un títere que se limita a seguir las instrucciones que le llegan desde Bélgica: "Yo tengo la autonomía total para tomar las decisiones en nombre del Gobierno de Cataluña y en el mío como presidente de la Generalitat". Los dos dirigentes independentistas coincidieron en augurar un otoño caliente, un horizonte con "muchas nubes negras" por el aniversario del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia. Consideran insuficientes los gestos realizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para rebajar la tensión: "Necesitamos ver hechos y no hemos visto ninguno hasta ahora".

Torra: "La Fiscalía se equivoca"

A juicio de Torra, la decisión de la Fiscalía de investigar a los Mossos por identificar a las personas que retiran lazos amarillos es "totalmente errónea y equivocada". "Estaban haciendo su trabajo correctamente. Ante un grupo que actúa de noche, con capuchas y armas blancas... Me parece que en cualquier país del mundo la policía habría actuado. Eso es lo que hicieron los Mossos d'Esquadra".

A ojos de Torra la Fiscalía utiliza una doble vara de medir: "¿Cómo es posible que no investigue la violencia del 1 de octubre? ¿Cómo es posible que la policía española no investigue a los asistentes al Valle de los Caídos que proclamaban y entonaban cánticos fascistas? ¿Cómo es posible que, en cambio, la Fiscalía española se atreva a investigar a Mossos d'Esquadra que sencillamente estaban haciendo su trabajo?".

Puigdemont fue un paso más allá y acusó al PP y a Ciudadanos -aunque sin citarlos directamente- de "flirtear" con la violencia por su llamamiento a retirar los lazos amarillos. El expresidente de la Generalitat exime a los independentistas de cualquier responsabilidad en los enfrentamientos y carga toda la culpa en las formaciones de Pablo Casado y Albert Rivera, a los que acusa de "crear una ingeniería de la confrontación" a base de "fotografías y hechos falsos".

Tanto Puigdemont como Torra mantienen como objetivo "insoslayable" hacer "real" la república catalana proclamada de forma unilateral el pasado 27 de octubre. Se niegan explícitamente a acatar la Constitución española: "Nosotros nos debemos a la voluntad que expresan los catalanes cuando votan y que está representada por el Parlamento de Cataluña".

Mientras, en la diputación permanente

Los lazos amarillos agriaron el debate en la diputación permanente, donde los diputados -muchos tostados por el sol- se levantaban continuamente para cargar sus móviles y tabletas en los extremos de la sala. Las mesas de madera marrón y tapiz granate no disponían de enchufe y retumbaban al término de cada intervención con los golpes propinados por unos y otros grupos parlamentarios a modo de aplauso.

Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, fue -como casi siempre- el encargado de prender la mecha. Llamó "miserables" a los representantes de PP y Ciudadanos. Les acusó de "mentir" y negó que la agresión del pasado fin de semana se debiera a motivos políticos. Rufián condenó la violencia, pero la alejó de la guerra de los lazos, que precisamente la desencadenó -según la versión de la víctima-.

El diputado naranja Miguel Gutiérrez pidió a Rufián que retirara el insulto del diario de sesiones, un ruego que éste rechazó. En nombre de Ciudadanos, recordó que sus compañeros deben caminar con escolta por las calles de Cataluña y mencionó los asaltos sufridos en varias de sus sedes. La organización liderada por Rivera animó a sus afiliados a desbaratar los lazos amarillos que encuentren. Una misión también encarnada por sus cargos públicos. Gutiérrez también aprovechó para -con la mirada puesta en la bancada del PSOE- recordar al Gobierno "quiénes son sus aliados".

Este mismo lunes, Albert Rivera daba cuenta de las últimas novedades del caso, obtenidas del marido de la agredida -de él se conoce su militancia en Cs-. Confirmaba que la víctima todavía no ha podido interponer la denuncia debido a "las heridas y su estado de shock". Los puñetazos del atacante le produjeron "heridas en el rostro y la nariz".

"El nacionalismo es la guerra"

Pablo Casado, también de vuelta en el Congreso, se volcó en las críticas del lazo amarillo. En la misma línea que Rivera, exigió a Sánchez una campaña para forzar su retirada. Además, lamentó que el símbolo hubiera pisado La Moncloa gracias a la última reunión que Torra mantuvo con el presidente del Gobierno: "Es un signo que pretende convencernos de que en España existen los presos políticos y no se respetan los derechos fundamentales".

Por parte de los populares fue el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien intervino en la diputación permanente para responder a Gabriel Rufián. Parafraseó al expresidente francés François Mitterrand, que a mediados de los noventa sentenció: "El nacionalismo es la guerra". Después acusó directamente a los diputados separatistas presentes en la sala de "inocular la fiebre amarilla": "Sabemos perfectamente quiénes son los mosquitos que transmiten el virus". Su discurso suscitó el entusiasmo de los parlamentarios populares -también de algunos de Cs- y las muecas de sus adversarios.

Fernández Díaz culpó al nacionalismo de las guerras de 1914 y 1939. "Ahora se han saltado la Constitución y dicen que se les persigue por sus ideas. Me reiría, pero esto afecta a la convivencia diaria de los catalanes", lamentó el responsable de Interior durante la mayor parte de la era Rajoy.

El giro de la Fiscalía, que investigará a los Mossos que dieron el alto a quienes retiraron lazos amarillos, exasperó al bloque soberanista: lo consideran una intromisión. De ahí el mensaje de la consellería de Interior al ministro Marlaska: los lazos amarillos no estarán en el orden del día de la Junta de Seguridad -órgano colegiado entre la Generalitat y el Gobierno central-. La convivencia y el orden público, advierten los independentistas, es competencia del Ejecutivo autonómico catalán.

Llarena también tuvo su espacio en la diputación permanente, convocada poco después de que el Gobierno virará y anunciara el pago de un abogado en Bélgica para defender al juez denunciado por los separatistas. Un gesto celebrado por PP y Cs, que recriminaron a Sánchez su opinión inicial. Los nacionalistas, y también Podemos, lamentaron la decisión del ministerio de Justicia.