Como en Crónica de una muerte anunciada, los diputados de Podemos amanecieron el martes sabiendo que el PSOE les iba a defraudar. El Gobierno no quiere una comisión de investigación en el Congreso que arroje luz sobre los delitos que la princesa Corinna atribuye a Juan Carlos I. La formación de Iglesias presionó a Pedro Sánchez hasta el final, pero supo que su aliado diría "no" antes de que se reuniera la Mesa de la Cámara.
Todavía con las puertas del salón cerradas, se filtró una oposición mayoritaria a la comisión de investigación: PP, PSOE y Ciudadanos, en contra. Los tres partidos evitaron dar explicaciones y emplearon como coartada un informe de los letrados del Congreso.
El texto, al que ha tenido acceso este periódico, menciona la "inviolabilidad" del rey, granjeada por el artículo 56 de la Constitución. O lo que es lo mismo: como los delitos atribuidos a Juan Carlos de Borbón tuvieron lugar -presuntamente- durante su propia jefatura del Estado, no es posible que la Justicia los investigue. No obstante, este argumento es demasiado suponer. Las confesiones de Corinna se produjeron cuando el rey ya era emérito. Todavía no se ha fijado la fecha de las mencionadas irregularidades, que podrían haber tenido lugar una vez cedida la corona a Felipe VI. Además, conviene recalcar que el rey fue inviolable mientras fue jefe del Estado, pero no sus subalternos, sobre los que también recaería responsabilidad política en el caso de que la comisión obtuviera pruebas de las presuntas operaciones descritas por la empresaria de origen danés.
La "inviolabilidad" judicial, por otro lado, no basta a Podemos y las fuerzas nacionalistas. Su propuesta especificaba el objetivo de purgar "responsabilidades civiles, éticas y políticas", lo que no debería verse impedido por una "inviolabilidad" de la que, además, ahora carece. El parlamento y los tribunales son esferas distintas, como se ha visto, por ejemplo, con el caso Bárcenas. Los de Iglesias ya han lanzado una campaña en redes sociales -#CorrupciónMonarquía- contra los tres partidos que han tumbado la comisión.
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El informe de los letrados justifica su contenido con un precedente de la X legislatura -2011-2015-, cuando estos mismos técnicos se ampararon en esa "inviolabilidad" para desaconsejar una comisión encaminada a dotar de transparencia y control parlamentario a las actividades públicas, políticas y económicas del rey.
En cuanto Juan Carlos I abdicó -junio de 2014- el PP se valió de su mayoría absoluta para aprobar una reforma legal. Corrió a aforar al rey emérito para que cualquier juicio futuro tuviera que ser albergado por el Tribunal Supremo. Así se protegía una figura que hasta entonces no existía en España, la del monarca emérito. Aquel día, el PSOE se abstuvo.
En las cintas publicadas por este diario, Corinna acusó a su expareja de emplearla como testaferro para ocultar sus propiedades en el extranjero, de cobrar comisiones en el caso del AVE a la Meca, de refugiar dinero en Suiza de forma irregular a través de su primo Álvaro de Orleans y de jugar un papel activo en el Instituto Nóos, que llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarin.
Un puñado de presuntos delitos cometidos al amparo de la inviolabilidad que perdió el día de su abdicación. Podemos, partido manifiestamente republicano, no comprende la postura del PSOE, que también nació con la vocación de derrocar a la monarquía en su programa. Según cuenta un ministro de Felipe González a este diario, en 1982 -su primera vez en el Gobierno- decidieron aparcar el debate monarquía o república porque "no era una prioridad". Y el debate ha seguido en el parking hasta hoy.
"Las sospechas son fundadas. Esto es un fraude democrático. Sigue imperando la ley del silencio. Los españoles tienen derecho a saber si el rey emérito es un defraudador", contaba la portavoz de Podemos, Ione Belarra, en los pasillos del Congreso poco después de conocerse el "no" a la comisión de investigación.
"La ley del silencio"
Las fuentes moradas consultadas por EL ESPAÑOL aseguran no haber perdido la esperanza: "Esperamos que rectifiquen. Nadie entendería que no apoyaran esta investigación por la regeneración democrática". Un mensaje que Pablo Iglesias podrá trasladar de viva voz al presidente Sánchez. Se reúnen este jueves en La Moncloa.
Joan Tardà, de Esquerra Republicana, fue más explícito. La postura de su grupo no será de esperanza, sino de exigencia. Tras definir la postura de PP, PSOE y Cs como una "ignominia", anunció que su partido "puede cobrarle a Sánchez una prenda", aunque no quiso aclarar a qué se refería. "Es fatal, ridículo. No se han dado cuenta de que vivimos en 2018", se despidió.
Los portavoces de PP, PSOE y Cs que atendieron a los periodistas se agarraron a la misma coartada: el mencionado informe de los letrados del Congreso. Pablo Casado, Pedro Sánchez y Albert Rivera han calificado de "ejemplar" el reinado de Juan Carlos I en varias ocasiones. Una opinión que no han alterado las cintas de Corinna.
El "no" del PSOE quedó sellado antes de que sus diputados conocieran este informe. Cuando EL ESPAÑOL publicó las revelaciones de la expareja de Juan Carlos de Borbón, el Gobierno pidió tiempo para fijar postura. Días más tarde, la condicionó a la versión que pudiera dar al respecto el jefe del CNI, Félix Sanz Roldán, en el Congreso, donde compareció el pasado julio a puerta cerrada. Los socialistas se mostraron satisfechos con su versión. Así escribieron la primera línea de esta Crónica de una muerte anunciada. Las cintas no llegarán a la Carrera de San Jerónimo.