Los altos funcionarios dicen basta a los másteres ‘fake’ y a los dedazos en la Administración

Los altos funcionarios han dicho basta. Quieren acabar con los "dedazos" y, al mismo tiempo, evitar que la crisis de los másteres enfangue la Administración. Han fabricado un "Estatuto del Directivo Público" para intentar apartar a España de un récord vergonzante: es, junto a Chile y Turquía, el país donde los nuevos Gobiernos realizan más cambios en estos puestos cuando se hacen con el poder. La cumbre de la purga.

La receta apuesta por la creación de una autoridad independiente que saque a concurso los puestos de directivo público para hacer una criba entre los solicitantes y brindar, finalmente, al ministro de turno una lista de candidatos que reúnan las condiciones necesarias. El político seguirá eligiendo, pero no podrá ascender a quien no esté preparado.

El "directivo público" se ciñe, principalmente, a la figura de "director general". Se estipularían como requisitos ineludibles la pertenencia al cuerpo A1 y ocho años de antigüedad -cuatro de ellos en puestos de responsabilidad-.

Fedeca -Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración- ya ha trasladado esta receta a los grupos con representación parlamentaria. Habían avanzado en la negociación con el Ejecutivo de Rajoy, pero la moción de censura les ha obligado a resetear el trabajo. "Lo ideal sería que el Gobierno lo tramitara como proyecto de ley y que cristalizara gracias a un pacto entre todos los partidos", sintetizan sus impulsores. Ahora, su nueva interlocutora será la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.

El presidente de esta agrupación mayoritaria de asociaciones, Jordi Solé, reconoce que la crisis de los másteres obligará a la deseada autoridad independiente a revisar los currículums de los candidatos que arrojen sospechas. El borrador del nuevo estatuto menciona: "Se indicará la titulación académica exigible, la experiencia y conocimientos requeridos, las competencias directivas, así como cuantos criterios se consideren relevantes". Además, el puesto -si esta propuesta entrara en vigor- se publicaría en el Boletín Oficial del Estado.

Fedeca aporta en su estudio varios informes que describen a España como un Estado que sufre la "politización de la alta función pública y la funcionarización de la política". Según un informe del Foro Económico Mundial, este país se encuentra en el puesto 83 -de 137- en relación a la imparcialidad de sus empleados públicos. Se trata, en definitiva, de "delimitar las fronteras entre la política y la Administración".

Su puesta en marcha no sería una novedad en Europa. Reino Unido ya deslinda la selección de la designación. Igual que Portugal, que creó esta suerte de autoridad independiente tras la crisis económica. Desde 2011, la "Comisión de reclutamiento" se encarga de cribar los candidatos con arreglo a criterios de mérito, equidad y transparencia. Una vez finalizado el proceso, ofrece a la clase política tres candidatos. El elegido ocupará el cargo durante cinco años y firmará un compromiso de gestión con los objetivos "debidamente" reseñados.

¿Qué pasa con los ceses?

El proyecto es de ida y vuelta. Del mismo modo que se incrementará el control del proceso de selección, se hará lo propio con los ceses. El político deberá "objetivar" la decisión "con arreglo a un procedimiento formalizado". Las causas que permitirían el apartamiento serían las siguientes: cumplimiento del mandato, renuncia, incapacidad sobrevenida, condena en sentencia firme o incumplimiento de las funciones asignadas.

Para limar la desconfianza del ciudadano, el estatuto propuesto también obliga a la rendición de cuentas. De entrar en vigor, los objetivos del directivo público pasarían a estar "cuantificados y calendarizados".

El proyecto también contempla un régimen retributivo más jugoso, que incluya variables y otros incentivos. "Queremos que se presenten los mejores", indica el presidente de Fedeca.

Por último, el "Estatuto del Directivo Público" pretende desligar el mandato del ciclo político: "Resulta necesario para garantizar la estabilidad del puesto". Se apuesta por un periodo de cinco años, aunque el documento -explica Solé- "está abierto al debate". Esta medida posibilitaría "un adecuado traspaso de funciones entre equipos directivos".