Podemos reprocha al Gobierno su "torpeza" de legislar contra la Iglesia antes de exhumar a Franco

El Gobierno, urgido por sí mismo para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y darle otra sepultura, ha cometido la "torpeza" de impulsar varias iniciativas legislativas que "no ayudan" a contar con la Iglesia católica como aliada. Así lo opinan en las filas de Unidos Podemos, el grupo confederal que sostiene a Pedro Sánchez en la Moncloa y a su Gobierno en el Congreso de los Diputados.

En la estrategia del Ejecutivo para sacar a Franco de Cuelgamuros lo que no estaba diseñado era dónde llevarlo después. La idea es desenterrarlo de la basílica de los benedictinos, porque este emplazamiento exalta su régimen, y darle una sepultura en un emplazamiento que no implique honras similares o mayores. Pero en declaraciones a EL ESPAÑOL, un dirigente del grupo de Unidos Podemos en el Congreso ha criticado abiertamente a Sánchez por "haberse quedado en la imagen, en el gesto" e ir "improvisando a cada paso" según se van presentando dificultades.

En Podemos no confían en que el Gobierno vaya a cumplir su objetivo antes de final de año, como se comprometió el presidente el pasado mes de agosto. Lo hizo en el primer Consejo de Ministros posterior al verano, al aprobar el real decreto de la exhumación, y después de no llegar a tiempo al primer plazo que se dio el propio Sánchez nada más llegar a la Moncloa, el mes de julio.

Una nueva ley de memoria

"Falta voluntad política, en realidad", sostiene la fuente del principal socio del Gobierno, "porque bastaba con haber atendido nuestra insistencia en sacar adelante una nueva ley de memoria histórica". Unidos Podemos estuvo negociando, según esta fuente, varios meses con el Grupo Socialista un nuevo texto mucho más ambicioso para revisar la Guerra Civil, el franquismo y la Transición que el aprobado en 2007 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

En Podemos consideran que ese texto fue un paso adelante imprescindible en su momento, pero que es hora de una nueva legislación "que no sea tan laxa, sino mucho más concreta". Ésa sería la solución, opinan, para haber dotado al Estado de capacidad legal para remover cualquier símbolo que tenga que ver con la dictadura franquista. "Pero de repente pararon la negociación, y ahí se quedó".

La sorpresa de la vicepresidenta

El caso es que en pleno viaje de la vicepresidenta Carmen Calvo a la Santa Sede, el Gobierno sorprendió incluso a sus socios incluyendo en el dossier de temas a tratar con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, la reforma legal sobre la no prescripción de los delitos de abusos sexuales a menores.

La reforma igualaría estos delitos a los de genocidio, lesa humanidad y terrorismo. Y se le comunicaba a la curia vaticana en un momento especialmente delicado: cuando la Iglesia ha admitido "situaciones repugnantes" pero "puntuales" en su seno -casos de pederastia ocultados a la Justicia durante años en su seno-. Y también cuando, al tiempo, el Gobierno precisa de su colaboración para evitar que Franco acabe enterrado en al cripta de la Catedral de La Almudena. "Ha sido una torpeza", insisten las fuentes de Unidos Podemos, "legislar con esto en este preciso momento".

Cripta de la Catedral de La Almudena, en Madrid, donde la familia Franco prevé enterrar al dictador. EP

Porque, además, el Ejecutivo también ha admitido en estos días que impulsará la despenalización de los delitos de ofensas religiosas, inspirándose "en el modelo irlandés", como explicó la propia vicepresidenta Calvo en comisión parlamentaria este martes.

"Gastar las balas"

En el grupo confederal de Unidos Podemos son conscientes de que al menos la primera de estas medidas no es que formara parte de su propio programa electoral sino que, por especial insistencia de los negociadores de Pablo Iglesias, está incluida dentro del acuerdo de Presupuestos Generales del Estado (PGE) alcanzado a mediados de mes con el Ejecutivo. El pacto, que no es sólo para las cuentas públicas sino que incluye una cantidad igual de medidas políticas, iguala las blasfemias a las ofensas al Rey y a la exaltación del terrorismo como delitos de expresión a eliminar.

Es más, este mismo martes, su portavoz de Cultura, Eduardo Maura, presentaba una proposición no de ley para "recuperar" todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde el año 1979 hasta 2015. El texto instaba al Ministerio de Justicia a dirigir una orden ministerial al colegio de Registradores de la Propiedad para que se cancelen estas inscripciones como propiedades desde el comienzo de la democracia.

Aun así, sus parlamentarios creen que los tiempos elegidos por el Gobierno para "gastar estas balas" han sido erróneos. Según la citada fuente, era el momento de que la Iglesia se sintiera cómoda para que colaborara en el objetivo de exhumar a Franco que tienen todos los socios de la moción de censura. "Claro, que esos mismo números daban para sacar adelante la nueva ley de memoria histórica", recalca el parlamentario, "y lo pararon".