Quedan 23 días para el caos de tráfico en Madrid por la bronca entre Carmena y Garrido

El próximo 30 de noviembre entrará en vigor el plan de tráfico para Madrid Centro con el que la alcaldesa Manuela Carmena busca reducir las emisiones como requiere la Comisión Europea y que supondrá una transformación radical: sólo los vehículos cero emisiones o ECO podrán circular por la almendra de la ciudad y los catalogados como B o C tan sólo podrán entrar a aparcamientos de rotación.

Pero el inicio del proyecto es la crónica de un caos anunciado. La Comunidad de Madrid, que tiene la competencia de refuerzo del transporte público cuando el plan entre en vigor (en una fecha muy próxima al puente de diciembre y la Navidad, cuando cientos de miles de personas llegan a Madrid) amenaza con boicotearlo por su control del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Fuentes de la Comunidad de Madrid cuentan a EL ESPAÑOL que no han sido informados en ningún momento de los detalles del plan Madrid Central y por tanto no tienen tiempo material para reorganizar las necesidades del transporte público. Se quejan de la "deslealtad institucional" de Carmena y su equipo y creen que es absolutamente inviable tomar las decisiones oportunas de cara al 30 de noviembre. Esperan que "Carmena rectifique". Si no lo hace, llevarán el plan a los tribunales por la vía civil, lo que también retrasaría irremediablemente la implantación. De hecho, el equipo jurídico del Gobierno regional trabaja ya en una demanda. 

Así, el escenario se avecina muy negro para la ciudad: si Carmena decide seguir adelante aunque sea sin el apoyo del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, la ciudad se ve abocada al colapso sin transporte suficiente para hacerse cargo de todos los usuarios que dejen sus vehículos privados en casa y se muevan por el centro en metro o autobús. 

La opción alternativa es retrasar la puesta en marcha del paquete de medidas, una opción que rechaza la alcaldesa madrileña, decidida a seguir adelante aunque sea con el Ejecutivo regional y distintas asociaciones de comerciantes y hosteleros de la ciudad en contra.

Obligación europea

Fuentes del ayuntamiento de Carmena explican a EL ESPAÑOL que no tienen obligación de informar a la Comunidad de Madrid ni contar con ella para poner en marcha dicho plan puesto que hablan directamente con la Comisión Europea a través del Gobierno de España. 

Según argumentan, Madrid Central forma parte del Plan A de calidad del Aire y Cambio Climático requerido por la Comisión Europea. Según estas fuentes, los consistorios de Madrid y Barcelona no serán denunciados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por sus emisiones contaminantes precisamente porque han presentado unos planes convincentes para remitirlas. 

Dicen que los informes sobre el plan están a disposición de todos en la página web del Ayuntamiento, donde según ellos la Comunidad puede encontrar "toda la información que necesita para coordinar el transporte". 

Por otro lado, el pasado 26 de octubre la delegada de Medio Ambiente del consistorio, Inés Sabanés, y la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, acordaron crear una comisión técnica en el Consorcio Regional de Transportes para los refuerzos de transporte público. Según el Ayuntamiento, les mandaron los componentes y los informes, pero este lunes anunciaron públicamente que rechazan crear la comisión y rompen relaciones con el consistorio. 

Las restricciones

Las normas de acceso que entrarán en vigor con el plan Madrid Central afectan a cientos de miles de personas. En enero comenzarán los dos meses de prueba del sistema informático de gestión de multas. Durante este tiempo, se enviarán comunicaciones sin multa a las personas que incumplan la normativa. En caso de reiteración, se enviará una segunda carta a los 15 días ya con sanción.  

Los vehículos que podrán entrar a la zona restringida son: cero emisiones, ECO, residentes, personas con movilidad reducida, servicios de seguridad y emergencias. Los taxis y VTC que no tengan las etiquetas cero emisiones o ECO no podrán acceder salvo los casos de etiqueta B o C que pidan el alta previamente.

Habrá excepciones para los vehículos industriales de transporte y suministros así como para los transportes de obras según su nivel de emisiones.