JxCat y ERC quieren reprobar ahora al Rey culpándole de la fuga de empresas de Cataluña
- Los independentistas hablan de una "operación de Estado para desestabilizar la economía catalana".
- Torra oficializa la retirada de cualquier apoyo a Sánchez y sus presupuestos
- Los independentistas piden auxilio en el extranjero con un vídeo 'lacrimógeno' y plagado de mentiras
JxCat y ERC han pactado una propuesta de resolución en la que se plantea nuevamente reprobar al Rey, esta vez por -aseguran- "participar en la campaña coordinada de presiones políticas a entidades económicas" tras el 1-O para que se marcharan de Cataluña.
La iniciativa, sobre "la operación de Estado para desestabilizar la economía catalana", se votará en la comisión de Empresa y Conocimiento de la cámara autonómica.
El texto también plantea reprobar las "actuaciones lideradas y amparadas" por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, para "organizar la retirada concertada de depósitos de diversas agencias estatales", con el fin de "desencadenar una fuga de capitales que forzase a las principales instituciones bancarias a cambiar su sede social fuera Cataluña".
En la resolución, se "condena la campaña para desestabilizar la economía catalana por parte del Gobierno del Estado durante el pasado octubre de 2017" y la "instrumentalización de los depósitos bancarios del Estado para crear inestabilidades, y las presiones a empresas y organizaciones económicas para trasladar su sede social".
El Parlament ya reprobó a Felipe VI
Hace menos de un mes, concretamente el 11 de octubre, el Parlament ya reprobó a Felipe VI, entonces a propuesta de los 'comunes' y con el apoyo de JxCat y ERC, mientras que la CUP se abstuvo y Ciudadanos, PSC y PP votaron en contra. El texto rechazaba y condenaba el posicionamiento del monarca en el "conflicto catalán", así como su "justificación de la violencia policial" el 1 de octubre de 2017, y abogaba por la abolición de la institución monárquica, que calificaba de "caduca y antidemocrática".
La resolución condenaba también las "amenazas con la aplicación del 155", la "judicialización" de la política y la "violencia ejercida contra derechos fundamentales".