El PP aprovecha la renuncia de Marchena para proponer otra vez la elección del CGPJ por los jueces

Filtrada la negociación bajo manga entre PP, PSOE y Podemos para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), la formación de Pablo Casado quedaba inhabilitada para defender la despolitización de la Justicia. Manuel Marchena, el magistrado pactado para presidir el órgano rector, se negaba en última instancia a ser instrumentalizado como moneda de cambio. Los conservadores, entonces, perdían la oportunidad de "controlar desde atrás la Sala Segunda" que juzgará su corrupción -palabras de Cosidó-, pero ganaban la posibilidad de reengancharse a la reivindicación de una Justicia libre de injerencias políticas.

Ningún cargo electo del PP se atreve a explicitar el "no hay mal que por bien no venga", pero esa es la sensación que puede palparse en los últimos movimientos de Casado. El presidente popular ha aprovechado la coyuntura para descartar cualquier otro acuerdo con el PSOE en torno al CGPJ y volver a defender lo que su partido exigió... hasta que gobernó con mayoría absoluta: las elecciones entre magistrados para elegir a doce de los veinte vocales.

"Ni Casado, ni Maroto ni la dirección comparten la forma y el fondo de ese mensaje, pero han decidido que eso no inhabilita a Ignacio Cosidó para el cargo", relatan las fuentes consultadas por este periódico. Gracias a un movimiento imprevisible, que nada tiene que ver con Génova, el PP se ha situado del lado de Ciudadanos para exigir a Sánchez una reforma que recupere el espíritu constitucional: comicios entre magistrados para elegir doce vocales y que sólo ocho sean señalados por el poder político.

En un giro copernicano -del acuerdo en la sombra a tomar la iniciativa-, el PP ha registrado una enmienda en el Senado -que aprobará gracias a su mayoría absoluta- a una ley que ya estaba en trámite: listas abiertas y elecciones entre jueces. El mismo modelo que propugna Ciudadanos. El texto, como ocurre siempre, viajará de nuevo al Congreso para ser votado. El bloque de centro derecha suma 169 escaños y necesitaría 176 para aprobar este supuesto. Se quedarían al borde. Ese día, el PSOE podría quedar retratado como el único partido en oponerse a la despolitización de la Justicia.

La fecha de renovación de vocales del CGPJ tiene fecha: primera semana de noviembre. Visto el panorama, lo más probable es que se retrase varios meses, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones.

Los cambios de postura del PP

La incongruencia que ahora tratará de remendar el PP es de largo recorrido. En 1985, con el ya mítico "Montesquieu ha muerto" de Alfonso Guerra, el rodillo de Felipe González impuso la politización judicial que ahora pretendían mantener PP, PSOE y Podemos mediante el pacto que ha saltado por los aires. Los populares reaccionaron oponiéndose a tal medida y la criticaron en las sucesivas elecciones.

En 2001, el PP dejó de hablar de los comicios por y entre magistrados. Pacto mediante, el bipartidismo estableció una fórmula que consolidaba la íntegra elección parlamentaria, pero introduciendo una elección previa de los aspirantes judiciales por parte de la magistratura, resultando así una 'bolsa' de 36 precandidatos entre los que luego eligen Congreso y Senado. En el programa de 2015, el PP diluyó su apuesta por la votación entre jueces. Habló de la "independencia de la Justicia", pero de forma abstracta, sin concretar.

En el capítulo de lo judicial, las idas y venidas del PP son numerosas. En 2016, el pacto que firmó Rajoy con Ciudadanos para lograr la investidura volvía a comprometer al partido con la despolitización. Lo que no fue obstáculo para que Casado negociara el reparto con Sánchez. Tampoco influyó negativamente la supuesta ruptura de relaciones entre los dos líderes, ocurrida tan sólo 19 días antes de que llegara el sello al acuerdo del CGPJ.

Ciudadanos no se fía del radical cambio de postura protagonizado por el PP. Los conservadores insisten en que irán hasta el final. Incluso darán espacio al asunto del CPGJ en su próxima convención nacional. No obstante, tanto una como otra formación se muestran conscientes de que la reforma no llegará esta legislatura.