La juez que condenó a Botella pidió abstenerse por su amistad con Marta Higueras

La jueza María Antonia Lozano, autora de la sentencia condenatoria contra la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y seis de sus ediles por la venta de 1.860 pisos de protección oficial a un fondo buitre, pidió abstenerse como consejera del Tribunal de Cuentas por su "relación personal de amistad" con Marta Higueras, número dos de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid.

Lozano pretendía así inhibirse de un caso que ella consideraba que podía afectar a su imparcialidad a la hora de dictar una sentencia justa. Además, da la casualidad de que fue precisamente Higueras la que interpuso la denuncia contra el gobierno de Botella como presidenta del Patronato de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). 

La relación entre Lozano e Higueras se fraguó durante la etapa de esta última en la secretaría de la primera en el Tribunal de Cuentas, antes de su entrada en política, según publicó esta semana Okdiario. Además, según el mismo digital, Lozano habría sido propuesta para el cargo de consejera del Tribunal de Cuentas por Izquierda Unida, manteniendo una vinculación con Carmena que se remonta a hace 40 años.

La juez había solicitado abstenerse de la causa ante la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en dos ocasiones -20 de febrero de 2017 y 2 de marzo de 2108-, de acuerdo a informaciones de El Mundo. No obstante, según el mismo diario, la Sala de Justicia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, formada por el presidente, Felipe García Ortiz, Margarita Mariscal y José Manuel Suárez, no estimó que concurriera ningún motivo que llevara a suspenderla del proceso, ya que la juzgadora no es "amiga" de la EMVS, sino de una persona física con funciones en dicha empresa, instándola a continuar con el proceso.

Siete miembros del anterior Gobierno popular de la capital de España fueron condenados el pasado viernes 28 de diciembre al pago solidario de 22,7 millones de euros de su patrimonio al concluir que los pisos de protección oficial se vendieron por debajo del precio de mercado y eso perjudicó tanto a la ciudad como a las personas que vivían en ellos.