El taxi se adueña de Barcelona al estilo CDR y los disturbios se contagian a Madrid

Ni el goteo de concesiones por parte del Gobierno autonómico catalán, ni el apoyo de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, ni la mala publicidad de los actos violentos contra clientes y conductores de VTC que han dejado imágenes sobrecogedoras, parecen haber hecho mella alguna en un sector del taxi decidido a incrementar la tensión hasta la victoria total de sus posturas.

El conflicto amenaza ya con incendiar las calles catalanas, metafórica y literalmente, y ha empezado a contagiar también las de Madrid, donde un grupo de radicales acosó e insultó ayer al líder de Cs, Albert Rivera, en la estación de Atocha. Otro hizo lo propio con la periodista de Libertad Digital, Elena Berberana, que tuvo que salir escoltada por la Policía Nacional tras intentar entrevistar a un conductor de la plataforma Uber. 

A sólo cuatro meses de las elecciones municipales y europeas, los taxistas catalanes pretenden cortar este martes la frontera con Francia. El objetivo, según Élite Taxi, el sindicato mayoritario del sector, es "internacionalizar el conflicto" y colapsar el transporte de mercancías por carretera en Cataluña. Según el portavoz del sindicato, Alberto Tito Álvarez, los taxistas españoles llevan días coordinando con los taxistas y los chalecos amarillos franceses el bloqueo del paso de La Junquera a ambos lados de la frontera.

Este lunes, los taxistas catalanes bloquearon la Via Laietana de Barcelona y la Ronda Litoral, marcharon en masa hasta la plaza Sant Jaume, ataviados con chalecos reflectantes amarillos, y se apostaron a las puertas del Palacio de la Generalidad. Mientras, en su interior, se reunían representantes del sector con el presidente del Gobierno autonómico, Quim Torra, el consejero de Interior, Miquel Buch, y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet.

Cuando esto sucedía en Barcelona, los taxistas madrileños anunciaban que había "cero" posibilidades de desconvocar la huelga indefinida convocada por ellos. El conflicto, en resumen, se anuncia largo. 

Tras la estela de los CDR

La sensación en las calles de Barcelona, el epicentro del conflicto, es la de que el sector del taxi está siguiendo la estela de los CDR. A su favor, la inoperancia de un Gobierno catalán paralizado desde hace un año y que esquiva cualquier conflicto que se le plantee rebotando la responsabilidad hacia el Gobierno central o, como en el caso del taxi, hacia los ayuntamientos. 

En la práctica, y al igual que ocurre con los radicales independentistas, la impunidad de los taxistas en las calles es absoluta. Su consigna es la misma que la que Torra regaló a los CDR: "apretar".

Los ciudadanos barceloneses se han acostumbrado ya a que los taxis corten las calles que quieren, cuando quieren, espoleados por una Ada Colau que condena la violencia pero apoya las reivindicaciones del sector al mismo tiempo que evita concretar las hipotéticas soluciones que permitirían desbloquear el conflicto.

Mientras las agresiones a los vehículos y los conductores VTC se multiplican, Podemos enarbola el estandarte de la lucha del sector del taxi contra las multinacionales "buitre" de la economía digital y se posiciona en contra de una liberalización del sector reclamada abiertamente por Cs y, más tímidamente, por el PP. 

Según fuentes cercanas al liderazgo de las protestas, la filosofía de estas es el "cuanto peor, mejor". Ejemplo de ello fueron los disturbios vividos este lunes al mediodía en el Puerto de Barcelona, cuando un grupo de unos cien taxistas rompió el cordón de seguridad de la Guardia Civil e hirió a uno de los agentes con un golpe en la cabeza.

Las agresiones a conductores VTC y los enfrentamientos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, prácticamente inéditos hasta ahora, parecen confirmar la deriva cada vez más violenta de los taxistas y permiten prever una evolución de la protesta similar a la de los chalecos amarillos en Francia.  

Prácticamente a la misma hora en que el mencionado centenar de taxistas rompía el cordón policial en el Puerto, tres mossos resultaban heridos a las puertas del Parque de la Ciudadela, donde se encuentra el Parlamento autonómico, cuando un grupo de taxistas intentó acceder al recinto. Uno de los agentes recibió un botellazo en la cabeza. Por su lado, los trabajadores de Uber y Cabify, que se concentraron de forma pacífica en la Avenida Diagonal de Barcelona, afirmaron haber contabilizado ochenta agresiones desde el inicio de las protestas por parte de los taxistas. 

Una propuesta trampa para las VTC

La propuesta del Gobierno de la Generalidad de que los servicios VTC -que cuentan con siete millones de clientes en España- deban reservarse con quince minutos de antelación dejó fríos a los negociadores del taxi. Si por ellos fuera, esas reservas deberían realizarse con entre seis y doce horas de antelación, algo que supone la desvirtualización del servicio ofrecido por las plataformas VTC, muy dependientes de las reservas inmediatas.

Sean quince minutos, una hora, seis o doce, la finalidad de ese periodo obligatorio de precontratación es el mismo en todos los casos. Expulsar a las VTC del mercado español disimulando en la medida de lo posible la obviedad de que las administraciones españolas están bloqueando la libre competencia y la libertad de mercado con el objetivo de blindar un sector económico concreto. El del taxi, en este caso.  

A última hora de este lunes, el sector del taxi agradecía "el cambio de actitud de la Generalidad", aunque sin concretar en qué consiste ese cambio. Unauto, la patronal del sector VTC, alababa por su lado el inicio de las negociaciones, pero insistía en que el establecimiento de un tiempo de precontratación supone la muerte del sector.

Las negociaciones en el resto de comunidades, y especialmente en la de Madrid, que se encontraron por sorpresa con el conflicto sobre la mesa cuando el Gobierno central les endosó hace meses la responsabilidad de regular el sector, seguían la misma pauta que las de Barcelona: trasladarle a su vez la responsabilidad de regular las licencias VTC a los ayuntamientos.