Josep Bargalló.

Josep Bargalló. EP

Política LA CATALUÑA NACIONALISTA

Josep Bargalló: el señor X del 'Gran Hermano' separatista en las escuelas catalanas

La polémica por el espionaje a los niños catalanes en las escuelas no cesa y ni siquiera el perfil bajo del consejero responsable ha logrado que amaine la tormenta. 

28 julio, 2019 02:25

"La escuela no se toca" dijo Josep Bargalló tras ser nombrado consejero de Educación del Gobierno autonómico catalán en mayo de 2018. Bargalló, nacido en Torredembarra (Tarragona) en 1958 y miembro de ERC, sucedió en el cargo a Clara Ponsatí, que huyó de la Justicia junto a Carles Puigdemont y otros consejeros de la Generalidad tras la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017 en el Parlamento catalán y la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ponsatí es la autora de la frase "en Educación no necesitamos construir estructuras de Estado, las tenemos listas". Bargalló sólo ha tenido que seguir los pasos de sus predecesores en el cargo. 

El miércoles, el consejero Bargalló se vio obligado a dar explicaciones en el Parlamento tras las críticas de los partidos de la oposición por el espionaje llevado a cabo por la Plataforma per la Llengua en cincuenta escuelas catalanas. La Plataforma, una asociación paragubernamental apodada 'la ONG del catalán' y generosamente subvencionada por la Generalidad y otras administraciones locales catalanas, infiltró topos en las escuelas para realizar una supuesta actividad educativa cuyo objetivo real era espiar el idioma hablado por profesores y alumnos. El engaño –ni los unos ni los otros fueron informados del verdadero propósito de los topos– sirvió para constatar que "sólo" el 14,6% de las conversaciones en los patios de las escuelas catalanas se desarrollan en catalán. 

Las razonables sospechas de que el acceso a las cincuenta escuelas espiadas por parte de la Plataforma per la Llengua habría sido imposible sin la necesaria complicidad de la Consejería de Educación condujeron a la presentación de una batería de preguntas por parte del PP. Bargalló negó la mayor y dijo que su departamento no había autorizado la realización del estudio. "El departamento no ha autorizado a ninguna entidad privada a que haga ningún estudio sociolingüístico de utilización de la lengua en los patios u otros espacios de centros docentes" respondió el consejero a preguntas de Daniel Serrano, del PP.  

Las críticas, sin embargo, arreciaron cuando Bargalló fue más allá de su respuesta inicial y justificó a los responsables de la Plataforma per la Llengua afirmando que la infiltración en cincuenta escuelas catalanas y el engaño a profesores y maestros no había sido espionaje sino "observación de incógnito". En su respuesta, el diputado popular Serrano acusó a Bargalló de mentir y pidió su dimisión tras bautizarle como "el señor Z del Gran Hermano separatista". "El departamento lo sabía y lo consintió y lo ha tenido que autorizar. Nadie se cree que la plataforma haya ido a cincuenta centros en Cataluña sin autorización de su departamento. Dejen en paz a los niños y dimita" añadió.

Bargalló no es una figura de segunda fila en el nacionalismo catalán ni un desconocido en la Consejería de Educación catalana, que ya dirigió durante un par de meses entre diciembre de 2003 y febrero de 2004. Su breve periplo en este departamento clave del Gobierno catalán tiene una explicación: en febrero de 2004, Bargalló fue nombrado Conseller en Cap –una suerte de vicepresidente del Gobierno catalán, luego rebautizado como Consejero Primero– por Pasqual Maragall durante el primer tripartito a raíz del llamado pacto del Tinell entre el PSC, ERC e ICV.

Bargalló ocupó el cargo hasta mayo de 2006, año en que fue reelegido diputado en el Parlamento catalán. El de ERC, sin embargo, renunció a su escaño para ser director del Instituto Ramon Llull, el equivalente del Instituto Cervantes en Cataluña, y entre 2008 y 2010 también de la Fundación Ramón Llull, un organismo con sede en Andorra cuyo objetivo es la promoción del catalán y la cultura catalana en todo el mundo. Desde 2011, fecha en la que Bargalló fue sustituido por Vicenç Villatoro al frente del Instituto Ramon Llull, hasta su nombramiento en 2018 como nuevo consejero de Enseñanza, de Bargalló se ha sabido poco o muy poco. 

Consejero de perfil bajo

Bargalló, licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona, no es el consejero más polémico ni el más lenguaraz del actual Gobierno catalán. Algo que no resulta sorprendente teniendo en cuenta ese reciente perfil bajo de ERC cuyo objetivo es evitar darle el más mínimo argumento al Gobierno de Pedro Sánchez para no conceder el indulto a Oriol Junqueras y el resto de líderes del procés. Lo cual no impide que Bargalló, ángel custodio de la joya de la corona del nacionalismo catalán, es decir de su sistema educativo y de la inmersión lingüística, haya ejercido cuando ha sido necesario de escudo protector frente a cualquier crítica de los partidos de la oposición. 

El 28 de septiembre del año pasado, a las puertas de los actos de conmemoración del referéndum del 1-O en toda Cataluña, Bargalló renunció públicamente a actuar contra los padres que ese día decidieran no llevar a sus hijos a la escuela. El resultado de la anunciada dejación de funciones tuvo como lógica consecuencia la presencia de decenas de miles de niños y adolescentes en las manifestaciones y actos de ese día. "Si se trata de un hecho puntual, ni hemos actuado ni actuaremos nunca" dijo Bargalló, confundiendo deliberadamente los actos puntuales de algunos padres con el vaciado masivo de las escuelas en un día concreto y con una finalidad obviamente política

Bargalló también ha defendido la escuela catalana de lo que él llama "injerencias judiciales" con el argumento de que la única autoridad educativa en Cataluña es el Gobierno catalán. La afirmación del consejero se produjo durante una sesión de control al Gobierno en el Parlamento catalán tras ser preguntado por las acciones de su consejería en defensa de los maestros acusados de adoctrinamiento frente a los tribunales. "Quien tiene que determinar si los derechos de algunos alumnos fueron alterados es el Departamento de Enseñanza y no la Fiscalía o los juzgados" afirmó el consejero.