El expediente abierto por la Generalitat a un funcionario de la prisión de Lledoners que se ha negado en reiteradas ocasiones a otorgar un trato de favor a los presos del procés ha enrarecido el ya de por sí tenso ambiente en el que desarrollan su trabajo los funcionarios de la prisión.
Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL atribuyen a la división entre funcionarios separatistas y funcionarios constitucionales la virulencia con la que la Generalidad se está empleando contra uno de estos últimos por su reticencia a conceder a los presos independentistas un trato de guante blanco que vaya más allá del que se otorga a cualquier otro interno.
"La situación no es la misma en Lledoners que en el resto de prisiones", señalan funcionarios de la Secretaría de Medidas Penales, los antiguos Servicios Penitenciarios autonómicos, con los que ha contactado EL ESPAÑOL. "En Lledoners la división es la misma que se ve en las calles catalanas. Hay funcionarios que se acercan a los presos del procés a que les firmen los libros, y otros que están hasta las narices de sus privilegios".
"Entre los funcionarios de la Generalidad hay independentistas, sí, pero no tienen una mayoría aplastante como sí ocurre en los bomberos de la Generalitat o en el sector educativo", asegura otro compañero del funcionario expedientado. "Es cierto que con las últimas promociones ha entrado mucha gente joven, de pueblos de Lérida y de Gerona, y que esos suelen ser mucho más independentistas, pero no tienen una mayoría clara porque los veteranos no comulgan con el separatismo".
La amenaza de los CDR
Tal y como explica Leyre Iglesias, periodista de El Mundo, en el artículo que ha destapado la 'cacería' contra el jefe de servicios de la cárcel, la excusa para la apertura del expediente ha sido una supuesta desobediencia del funcionario, responsable de la seguridad de la prisión, a una orden de la subdirectora de tratamiento, Gema López. En el escrito de defensa presentado por el funcionario expedientado se explica que López carece de competencias para dar órdenes en materia de seguridad al jefe de seguridad de la prisión.
En su escrito, el funcionario argumenta también que la causa real del expediente ha sido su negativa a asignarle un guardaespaldas a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, con el objetivo de protegerle de un preso considerado peligroso y que iba a coincidir con él en un taller de cerámica. Los tratos de favor otorgados a los presos del procés, en muchas ocasiones en perjuicio del resto de los internos, fueron detallados hace un año en una serie de tres artículos publicados por EL ESPAÑOL (1, 2, 3).
"Está bombardeado y ha apagado el móvil", dicen compañeros del funcionario expedientado. "Es que es muy fácil saber quién es. En la calle quizá no, pero dentro de la prisión todo el mundo lo conoce. Así que está claro que los CDR van a tener todos sus datos, su nombre y su foto en cuestión de horas".
La preocupación por el señalamiento de discrepantes es habitual entre muchos funcionarios de la Generalidad que suelen ver cómo sus datos personales, sólo conocidos por sus allegados, aparecen como por arte de magia en las redes sociales en cuanto muestran la más pequeña discrepancia con la línea ideológica marcada por sus superiores.
Beneficios penitenciarios
La tensión entre funcionarios separatistas y funcionarios constitucionales no tiene, sin embargo, impacto alguno en las comodidades de las que disfrutan los presos del procés porque estas se deciden "a un nivel superior".
Si de algo existe la convicción entre los funcionarios de prisiones de la Generalidad es de que el actual trato de favor a los presos del procés quedará en anécdota cuando la sentencia sea publicada y estos sean clasificados como presos convencionales susceptibles de recibir beneficios penitenciarios como cualquier otro interno.
"Esa es la madre del cordero" dice uno de los funcionarios consultados. "La gente dice 'Torra tiene las llaves de la prisión, que abra las puertas'. Es que no les va a hacer falta. La aplicación de beneficios penitenciarios depende de la Generalidad y esta va a hacer con los presos lo mismo que ha hecho con Oriol Pujol. Les van a abrir las puertas, pero con la ley en la mano. Con el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se les aplicará un segundo grado inmediato que equivaldrá a un régimen muy similar a un tercero. Oriol Pujol fue clasificado en una semana y a los ocho días estaba en calle. Ese es el verdadero plan, no ese indulto del que tanto se habla".