El Govern de la Generalitat busca, a contrarreloj, la fórmula para mantener a Quim Torra como diputado pero sin asumir las consecuencias de desobedecer la resolución del Tribunal Supremo sobre su inhabilitación como president.
El próximo lunes se celebra Pleno en el Parlament y la vía explorada por ERC y JxCat es mantener a Torra como diputado pero sólo de forma simbólica, sin que participe en ninguna de las votaciones de la Cámara regional.
ERC y JxCat evitan mutuamente que se les acuse de contemporizar con la Justicia, pero tampoco quieren que les penalice en las urnas asumir las resoluciones de la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo.
Sobre todo, en un contexto político como el actual, en el que es más que probable un adelanto electoral de las autonómicas de cara a octubre.
Además, en el horizonte próximo está la votación de los nuevos Presupuestos pactados entre el Govern y los Comuns -la rama catalana de Podemos- y no quieren poner en riesgo la votación.
48 horas de plazo
La JEC ha dado un plazo de 48 horas para que la Cámara autonómica catalana ejecute la retirada a Torra de su condición de diputado y los servicios jurídicos del Parlament han avalado la decisión, pese a matizar que este órgano no es, a su juicio, competente para retirar el acta a un diputado.
En el pasado, ya se abrió un cisma entre los socios del Govern cuando el presidente del Parlament, Roger Torrent, suspendió el pleno en el que JxCat pretendía investir a Carles Puigdemont a distancia, desde su fuga en Waterloo (Bélgica). Torrent evitó de esta manera incurrir en desobediencia como máximo responsable de la Cámara catalana.
Ambigüedad legal
JxCat y ERC se agarran a la ambigüedad de la ley para, eso sí, mantener a Torra como president hasta que no se produzca la sentencia en firme del Supremo. La ley afirma que el máximo mandatario catalán será elegido “entre los diputados”, pero no va más allá sobre si, una vez elegido presidente, debe o no mantener su escaño.
Esto abriría la puerta a que Torra siguiera ejerciendo como presidente de la Comunidad Autónoma, pero sin comprometer las votaciones del Parlament. El siguiente candidato de JxCat ocuparía, en la práctica, su lugar a la hora de votar.
Como avanzó Nació Digital, la vía sería parecida a la que usó la alcaldesa de la CUP de Berga, Montse Venturós, cuando fue inhabilitada durante seis meses por colgar de la fachada institucional una bandera estelada en campaña electoral. Venturós dejó de firmar las resoluciones municipales durante los seis meses de inhabilitación.