Héroes civiles cansados de serlo en democracia. Un grupo de 30 ciudadanos de Osona, en la Cataluña central, se han unido para decir “basta” a las vulneraciones que los ayuntamientos de sus comarcas hacen de la ley de banderas o al pagar una cuota a entidades independentistas a través de los impuestos de todos los contribuyentes.
Bajo el nombre Plataforma Ciudadana Osona, piden a los partidos constitucionalistas que protejan sus derechos. “Exigimos un poco de ayuda a los políticos, porque aquí todo son banderas independentistas o lazos amarillos”, explica su principal promotor, Antonio Lucena.
Estos catalanes de la Cataluña interior son una pequeña muestra de la pluralidad de la sociedad catalana. En sus filas cuentan con un agente de los Mossos d’Esquadra de Ripoll, operarios de fábrica, administrativos, así como personas más comprometidas políticamente, que se han integrado en las filas de partidos políticos. La edad de sus miembros ronda los 40 años.
Hartazgo
Más que su ideología, les une el hartazgo de ver cómo en Vic, Manlleu, Taradell, Roda de Ter o Ripoll, se vulneran el derecho de las minorías y la neutralidad que deberían garantizar las instituciones. Antonio Lucena, como Mónica Lozano, Quim Cuevas o Antonio Rodríguez buscan la “ayuda” de Ciudadanos o Partido Popular que les ha negado el Defensor del Pueblo catalán cuando denunciaron al Ayuntamiento de Torelló por incumplir con la ley de banderas.
De momento, han conseguido que les reciba el secretario general del PP en Cataluña, Daniel Serrano, que se comprometió a que la enseña nacional volviera a ondear en los ayuntamientos de la comarca de Osona. También Ciudadanos, ahora reorganizados en la comarca en las siglas Constitucionalistes, les ha atendido. “El PSC en la comarca es como si fuera un partido independentista”, afirma Lucena.
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Tres de los promotores de Plataforma Osona Ciudadana.
Muchos de sus miembros prefieren mantenerse en el anonimato por el miedo a posibles represalias. Pero todos tienen claro su objetivo, que los partidos constitucionalistas denuncien la exclusión de la bandera nacional de las fachadas de los ayuntamientos así como el pago de una cuota a la Associació de Municipis Independentistas (AMI). “Significarse públicamente es la muerte civil o que los de la CUP te señalen”, afirman.
Uno de los últimos consistorios que han denunciado mediante las redes sociales es el de Pals, en la Costa Brava, que no solo no tiene la bandera nacional en el mástil de la fachada sino que tiene desplegada una larga pancarta a favor de los políticos condenados por sedición.
Mientras el universo separatista cuenta con entidades que propagan la ideología nacionalista y se financian con dinero público, desde Plataforma Osona Ciudadana solo piden que la vía pública esté libre de lazos amarillos y demás símbolos partidistas. Y que sean los representantes públicos quienes libren esta batalla.
Pasividad de los Mossos
En otras zonas de Cataluña, como en el Maresme (cerca de Barcelona), en los momentos de más tensión política eclosionaron grupos autoorganizados, como Segadors del Maresme, que limpiaban las calles de lazos amarillos durante la noche para pasar desapercibidos.
La pasividad de los Mossos d’Esquadra y los poderes públicos obligó a aquellos ciudadanos “quemados” con la situación a dar un paso adelante para preservar sus derechos. Ahora piden que sean los partidos que hagan su trabajo y algo tan básico como que se cumpla la ley. Y, en especial, en aquellas zonas, como Osona, en la que el Estado está ausente y el amarillo ha invadido el espacio público.