Este martes se aprobaba en Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del "sólo sí es sí". Pero por la tarde ya era la ley Irene, por la bronca brutal que la primera iniciativa legislativa del Ministerio de Irene Montero había pasado el trámite.
El texto llegó a Moncloa con tachones, correcciones, adendas, salvedades, rectificaciones, enfados y frustraciones procedentes de los demás departamentos implicados, que eran muchos al ser una ley integral. Y salió con fuego cruzado entre las dos patas del Ejecutivo de coalición e insultos incluidos por parte del vicepresidente de Podemos dirigidos hacia el ministro de Justicia socialista.
Lo cierto es que Pablo Iglesias no pronunció el nombre de Juan Carlos Campo cuando dijo que que en las "excusas técnicas" que se han planteado a la ley de libertad sexual "hay mucho machista frustrado". Pero no hacía falta, porque como ya informaba el martes a primera hora este periódico, las salvedades principales fueron presentadas por su departamento, que no veía encaje jurídico a la figura del "consentimiento expreso", y éste es precisamente el pilar fundamental de las disposiciones penales de la ley.
Justicia no movió un dedo durante un mes para presentar alegaciones, reclamando de palabra a los responsables de Igualdad que rehicieran el texto. Y cuando finalmente la polémica saltó a los medios y el presidente Pedro Sánchez se comprometió con su vicepresidente a sacar la ley a tiempo del 8-M, Justicia recordó el informe negativo que hace un año emitió la sección penal de la Comisión de Codificación.
El acelerón...
Ni Campo ni la vicepresidenta Carmen Calvo se contentaron cuando el jefe del Gobierno aceptó que el texto fuera al Consejo de Ministros a tiempo del Día de la Mujer "aunque sea saltándose trámites", como apostilló a este periódico una fuente parlamentaria de Unidas Podemos.
En ese momento se aceleraron los plazos de la ley. Las alegaciones de Justicia se retrasaban y los trámites no se cumplían del modo habitual. Aunque un portavoz de Igualdad aseguraba a EL ESPAÑOL este lunes por la noche que no había llegado "el dictamen de Justicia", el martes por la mañana fuentes del Ministerio admitían que "todas las carteras concernidas han hecho sus aportaciones".
Y ponían ejemplos de "colaboración" con Educación, con Derechos Sociales, Sanidad, Interior... del departamento responsable de cepillar la reforma penal ni una palabra, ni siquiera cuando se preguntaba expresamente por ello. Este lunes, los trabajos en Igualdad habían sido frenéticos y el texto de una ley tan emblemática no se exhibía, sino que se guardaba bajo siete llaves.
...y la bronca
Pero lo cierto es que este periódico ha tenido acceso a esas alegaciones y al documento del anteproyecto de ley. Un texto muy provisional, pues desde Igualdad anticipan que "el proceso será muy largo". Hace falta esperar a los Presupuestos para ver con qué crédito se cuenta, con ello calcular los plazos de implantación d la norma y, así, elaborar de nuevo la memoria económica. Además, aún habrá que incorporar los dictámenes del CGPJ, del Consejo de Estado, de la Fiscalía...
Y las salvedades de Justicia son numerosas. Tanto como para justificar las filtraciones procedentes del ala socialista del Gobierno, que a la hora en la que ministra Montero desayunaba, se le atragantaba el café escuchando en la radio y leyendo en la prensa que Cavo y Campo se habían tenido que arremangar para arreglar un presunto desaguisado.
Por eso, desde Igualdad deslizaban que, si bien era un gran día, las aportaciones del resto de departamentos las habían dejado "algo frustradas" por haberse tenido que "quedar cortas" en algunas nuevas figuras delictivas. O teniendo que dilatar la entrada en vigor de algunas de las medidas estrella anunciadas por Montero una semana atrás en la comisión del Congreso.
Y ésa era la razón por la que Calvo confirmaba en los pasillos del Senado que sí, que ella misma había tenido que "corregir" algunos aspectos. De ahí que, junto a ella, Iglesias soltara el ataque al "machista frustrado" que había puesto "excusas técnicas" a la ley, al tiempo que reclamaba ante las cámaras que las "discrepancias" se aborden a "puerta cerrada".