Pedro Sánchez volvía al horario de máxima audiencia en televisión para explicar las medidas de su Ejecutivo en el primer día de la desescalada contra el coronavirus. El presidente del Gobierno afronta una semana difícil, sólo con el apoyo de Unidas Podemos, su socio de Gobierno, asegurado. Anunció dos cosas principales en su comparecencia: que pedirá 15 días más de estado de alarma este miércoles al Congreso y que las mascarillas pasan a ser "obligatorias" en el transporte público.
Lo primero no era más que la confirmación de lo que ya se sabía. Así que el aderezo real vino de su empeño en traspasar la responsabilidad a la oposición. De lo que ocurra este miércoles en la Cámara Baja y de sus consecuencias. Y es que al tiempo que el presidente admitía que no había avisado previamente a PP ni a Cs ni a Vox... utilizaba un tono casi de amenaza a los de Pablo Casado e Inés Arrimadas, líderes de las dos formaciones que están sirviendo de seguro al Ejecutivo ante la creciente zozobra de sus apoyos de investidura.
En todo caso, el presidente se defendió de todas las acusaciones que recibe desde que hace 48 días decretó el confinamiento. Para empezar, de que no habla con la oposición, a la que entretanto reclama apoyo: "Les suelo dar cuenta de la medida los lunes, antes de que el miércoles lo pidamos al Congreso, no hay novedad en esto", dijo... aunque ni PP ni Cs han informado jamás de este extremo.
Es más, fuentes oficiales del entorno de Casado lo negaron tajantemente a este periódico: "Es mentira, la última vez que llamó fue hace 13 días".
El jefe del Ejecutivo admite que no tiene 'plan B' si la oposición no le apoya: "El único plan es el estado de alarma". Y coloca la pelota en el tejado de la sede popular en Génova y de la liberal en la calle Alcalá. Les reclama que demuestren la "unidad" que Sánchez necesita para la desescalada.
"Las cifras justificaron el estado de alarma cuando lo decretamos", el 14 de marzo, "y ahora aún más, para poder mantener las medidas socioeconómicas que hemos decretado en respuesta a la caída de la actividad que ha provocado por el necesario confinamiento".
Esto también lo niegan los populares: "Las prestaciones económicas no dependen del estado de alarma, sino de la norma que las establezca", apuntó el portavoz económico del PP en el Congreso, Mario Garcés.
En los mismos términos se expresaba la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Según la líder liberal, "Sánchez pide adhesiones a la oposición pero hace 16 días que no llama a Ciudadanos".
En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, Arrimadas aseguraba que el presidente "dice que 'no hay plan B' pero lo que tendría que hacer es buscar el consenso para acordar un verdadero Plan A. Para exigir 'responsabilidad'", cerraba la presidenta de Cs, "primero hay que practicarla".
Dudas en la oposición
Y es que en el primer día de la desescalda, Sánchez hablaba en televisión con el temblor de que ya sabe que PP y Cs han advertido de que tienen en suspenso su decisión sobre si apoyarán o no una nueva prórroga del estado de alarma.
Los 52 diputados de Vox, que le apoyaron en la primera ampliación, han votado negativamente en las dos últimas ocasiones. Y tanto PNV como el gobierno independentista catalán reclaman que los pasos de la transición hacia la llamada "nueva normalidad" estén en manos de los gobiernos autonómicos o no votarán a favor. Por eso, de soslayo, el presidente dejó que se le escapara que habrá "cogobernanza" en este punto y "las CCAA tendrán capacidad de decisión en el ritmo de los pasos de la desescalada".
Era la principal reivindicación de penuevistas e indepes catalanes, presentada por cada uno en su tono, más institucional o desafiante según los casos. Pero Sánchez insiste en que "el estado de alarma está funcionando". Y que si en algún momento tiene sentido mantenerlo "es ahora, para asegurar las medidas socioeconómicas que hacen de escudo social".
Los que "lo saben todo"
El presidente argumentó la afirmación de que "el estado de alarma es nuestro único instrumento jurídico para restringir la movilidad" dejando la pelota en el tejado de populares y liberales: "¿Qué pasaría con los bonos sociales, con los ERTE, con otras prestaciones...? Todos somos responsables ya".
Y es que "no tendría sentido haber llegado hasta aquí", advertía esta semana María Jesús Montero: La portavoz dijo en rueda de prensa lo contrario, que sí hay alternativas "jurídicas" si PSOE y Unidas Podemos se quedan sin apoyos. Pero "sería ilógico", en todo caso, "poner en duda ahora el estado de alarma". Porque, para el presidente, "estamos recogiendo los frutos, la recompensa del esfuerzo".
En ese ambiente, Sánchez arremetía contra quienes "dicen saberlo todo sobre el virus", porque "es mentira, empezamos la desescalada con mucha prudencia y sin muchas certezas". Según el jefe del Ejecutivo, "los hechos han desmentido los malos augurios de algunos". Pero aun así, admitía que "en ocasiones nos equivocaremos", eso sí, "con el objetivo de salvar vidas". Ya que "nadie nunca había tenido que tomar este tipo de decisiones desde el Gobierno".
UE, empresas y "unidad"
El presidente se parapetó ante cualquier crítica: "Otros países están en estados de alarma", dijo, contabilizando en hasta "una veintena" los miembros de la UE que habían decretado medidas jurídicas similares. "Los enfermos no se curan con insultos", dijo, "y por eso nosotros no polemizamos y nos abrimos a la cogobernanza en los acuerdos, como proponía la oposición".
Una "cogobernanza" que, también de pasada, dijo que ahora abre a los presidentes de las CCAA en su capacidad decisoria para el ritmo de los pasos en la desescalada.
Así pretendía Sánchez apagar sus fuegos. De hecho, reivindicó asimismo sus comparecencias en el Congreso, sus "ruedas de prensa en un esfuerzo sin precedentes" e incluso "el cambio de formato de éstas para atender el derecho a la libre información". Y como respuesta a la polémica de las cifras falsas dadas por la OCDE, Sánchez ofreció un dato novedoso: que "España es el quinto país del mundo en número de test realizados... el dato es correcto, luego les damos las pruebas".
También anunció el nuevo fondo de liquidez autonómica de 16.000 millones que "comentaré mejor este domingo con los presidentes autonómicos". Será un fondo no reembolsable, es decir, una transferencia de recursos, y no emisión de duda. En la misma línea de lo que reclama el Gobierno a la Unión Europea.
Según Sánchez, "estamos en condiciones de llegar a 2023 en mejores condiciones que empezamos este 2020 tan dramático". Es decir, lo fía todo a tres años vista... cuando tocan elecciones. Son tres pilares los que necesita para ello, dijo. "El primero es Europa, que se comprometa con los países que más hemos sufrido el impacto". Es una solidaridad a la que España "no va a renunciar".
El segundo, son los empresarios, trabajadores y autónomos, "convocando a los agentes sociales para vencer los negros augurios". Debemos dar un paso más, añadió, "en el escudo social y en la transferencia de rentas que estamos implementando" para "no dejar a nadie atrás".
Y el tercer pilar que citó fue el de "la unidad", de nuevo apelando a PP y Cs. "Lo lograremos si remamos juntos todas las administraciones y todos los partidos políticos". Para Sánchez, gobierne quien gobierne, "en todos los rincones de nuestra geografía, será necesaria la unidad en esa batalla".
La protección de cada cual depende de los demás, dijo el jefe del Ejecutivo, y llevó la analogía de lo personal a lo insitutcional. "Somos una sociedad fuerte, resiliente, inteligente, disciplinada, solidaria y agradecida", insistió, reclamando esas mismas características a la oposición.
"Esperanza" y "alivio"
Aun así, el presidente lanzaba un "mensaje de esperanza" porque "con el esfuerzo de los ciudadanos, los indicadores muestran que la enfermedad está siendo controlada" y nos podemos permitir "algunos alivios" al confinamiento, tras casi 50 días.
Pero el segundo anuncio, el de las mascarillas "obligatorias", era en realidad una nueva rectificación del Gobierno: "Desde el lunes 4 de mayo será obligatorio utilizar mascarilla en los transportes públicos", proclamó. Sin embargo, el pasado jueves, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo negaba en rueda de prensa. "Como consecuencia de esta mayor actividad económica, hemos decidido que las mascarillas deben ser obligatorias en un transporte público que será más concurrido", se limitó a explicar el inquilino de la Moncloa.
El presidente anunció que "el gobierno distribuirá seis millones de mascarillas en las estaciones, entregará otros siete millones a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y 1,5 más para Cáritas, Cruz Roja y el CERMI, "para las personas con discapacidad".
Sánchez, además, quiso dar detalles detalles sobre las actividades que se abrirán en las diferentes fases. Así, recordó que las islas pequeñas de Baleares y Canarias pasan directamente a la Fase 1 este lunes. Y que el Gobierno también va a permitir la apertura de talleres y otro tipo de servicios, "siempre con cita previa y con un solo cliente por cada trabajador". Y Además, los deportistas con alguna minusvalía podrán ir acompañados de una persona en sus salidas.
Con unos datos oficiales de 25.100 muertos y hasta 216.582 contagiados confirmados por pruebas PCR, España estrenaba este sábado las salidas a hacer deporte en solitario y los paseos en compañía familiar. Las primeras horas de este fin de semana fueron escenario de imágenes poco habituales en estos últimos 48 días: decenas de personas ocupando las calles, cientos de deportistas, acumulaciones de gentío "sin respetar las normas" de distancia social...
Igual que la semana pasada, cuando los niños pudieron salir el domingo a jugar por primera vez en siete semanas, el pistoletazo de este segundo "pequeño alivio" provocaba cierta alerta de las autoridades: "Es imprescindible la responsabilidad personal", dijo Sánchez. "La clave son las miles de decisiones de cada ciudadano".