A menos de 48 horas de que el Parlamento vote la cuarta prórroga del estado de alarma, el Partido Popular mantiene en vilo al Gobierno tras declarar públicamente que su intención es no apoyar más los plenos poderes que este estado excepcional otorga a Pedro Sánchez. El estado de alarma saldrá adelante si el PP se abstiene, pero corre seriamente peligro si decide votar en contra.
A contrarreloj, el Ejecutivo ha desplegado toda la artillería para disuadir a Génova de arrebatarle los plenos poderes: "No hay plan B" al estado de alarma y tumbar la prórroga sería dar paso "al caos sanitario y económico". Sánchez conversó con Pablo Casado durante una hora este lunes a mediodía para escuchar sus reivindicaciones y intentarle convencer de lo necesario que en esta fase de vuelta a la normalidad el Gobierno centralice todos los movimientos.
En esa interlocución, el líder del PP le dejó claro que "no va de farol" y le desgranó el plan que ha trazado junto con un nutrido grupo de asesores con el que argumenta que el estado de alarma ya no tiene sentido y que se puede seguir manteniendo a raya al virus sin que el Gobierno central retenga durante más tiempo los plenos poderes que le concede el estado de alarma.
El caos o el caos.
La salida ordenada del estado de alarma que el PP propone está basada en tres grandes áreas. Por un lado, pide desvincular las ayudas socioeconómicas para reactivar el tejido empresarial y económico del país a la vigencia del estado de alarma.
Como condición a seguir apoyando la cuarta prórroga, Casado ha propuesto que este martes el Consejo de Ministros desvincule ese paquete de medidas de una figura constitucional "excepcional" para que los ciudadanos puedan acogerse a estos instrumentos una vez que se desactive la emergencia. De hecho, ofreció a Sánchez que lo haga vía decreto "y el PP se lo aprobará". Porque hacer lo contrario es un "chantaje inmoral" a parados y autónomos, según el líder popular.
En el tema sanitario, los conservadores recuerdan que la Ley General de Salud Pública, del año 2011, permitiría al ministro que es hoy autoridad delegada competente, Salvador Illa, tomar los mandos en el caso de que hubiera un repunte en el número de contagios y el estado de alarma ya no estuviera vigente. La gran diferencia es que aplicando el ordenamiento jurídico ordinario, el Gobierno necesitaría consensuar cada decisión con las comunidades autónomas afectadas y con la oposición.
Casado deja en el aire el estado de alarma: a día de hoy, no puede apoyar la prórroga
"Miles de muertos"
En concreto, el artículo 52 de la citada ley recoge que "la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley". Entre otras medidas, permite la intervención de medios materiales o personales o el cierre de establecimientos e industrias.
La ley, sin embargo, dejaría sin cobertura legal al confinamiento que el Gobierno ha propuesto levantar en ocho semanas. Si el estado de alarma no se vuelve a prorrogar, todos los españoles recuperarían el 11 de mayo la libertad de circulación por todo el territorio nacional sin correr el riesgo a ser multados.
A juicio del Gobierno, permitirlo sería deshacer el camino andado y advierte a la oposición de que sería el caldo de cultivo ideal para un rebrote con "miles de muertos".