Un paso adelante y dos atrás. La teoría que sostenía que el contacto de Pablo Iglesias con la realidad de la Moncloa le obligaría a mutar de líder adolescente de revueltas callejeras a socialdemócrata adulto consciente del peso de su nueva responsabilidad institucional se ha demostrado errónea.
La música de la Moncloa no sólo no ha domado a la fiera sino que ha puesto en las manos de Iglesias herramientas de poder institucional que el líder de Podemos está utilizando ahora para arremeter contra los tres poderes del Estado. El Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo.
De los ataques de Podemos no se han librado ni la Corona, ni la oposición, ni los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y entre ellos la Guardia Civil, inmersa en una crisis de mayor calado incluso que la sufrida durante los años de Luis Roldán a raíz de la purga de altos mandos emprendida por el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Cal y arena
Por cada declaración responsable de Pablo Iglesias hay dos que sitúan al Gobierno en el terreno de la confrontación contra otros poderes e instituciones del Estado, contra la oposición o contra millones de ciudadanos que han votado a algún partido de derechas.
Los ejemplos abundan. Este jueves 28 de mayo, el vicepresidente del Gobierno acusó a Vox de desear un golpe de Estado "pero no atreverse". Este viernes, Iglesias pidió disculpas a su particular manera.
"Dije la verdad, pero me equivoqué" afirmó Iglesias durante su rueda de prensa en Moncloa junto a los ministros María Jesús Montero y Jose Luis Escrivá. "Al caer en una provocación, quité el foco de los temas importantes, que eran los temas de la reconstrucción".
El jueves 21 de mayo, Pablo Iglesias afirmó de forma "cristalina" que el acuerdo entre PSOE, Podemos y Bildu para la derogación integral de la reforma laboral se cumpliría sí o sí. A esa misma hora, altos cargos del PSOE lanzaban balones fuera y afirmaban que la palabra 'integral' promete algo que no se puede cumplir.
Este viernes, el líder morado esquivó la cuestión, pero se jactó de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "ya está desmontando la reforma laboral".
El líder de Podemos también ha hecho bandera de la creación de un nuevo impuesto "a los ricos". El pasado jueves, sin embargo, atenuó su beligerancia frente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconociendo que existe "debate" en el seno del Gobierno.
Según el vicepresidente segundo, habrá "distintas propuestas" en el Ejecutivo para la elaboración de nuevas figuras fiscales.
Arma de doble filo
La agresividad de Pablo Iglesias contra las principales instituciones del Estado, una agresividad que dinamita esas llamadas a la unidad nacional que el presidente y los ministros reiteran una y otra vez durante sus comparecencias públicas, se han convertido en un arma de doble filo para el PSOE.
Desde un punto de vista propagandístico, la radicalidad de Iglesias aglutina a los elementos más extremistas de la izquierda, fideliza a los partidos nacionalistas, vuela los puentes de entendimiento con la derecha y hace que Pedro Sánchez sea percibido como un líder con mucha mayor gravedad institucional que su socio.
Desde otro punto de vista menos electoralista, el estilo rayano en el resentimiento social de Iglesias eleva la conflictividad en las calles, crispa la convivencia y mina poco a poco la credibilidad de un Gobierno que parece estar dispuesto a todo, incluso a enfrentarse al resto de instituciones del Estado, a cambio de unos meses más en la Moncloa.
Desplome electoral
La beligerancia de Iglesias se ha acentuado a medida que los escándalos y los contratiempos se acumulaban sobre su espalda.
El líder de Podemos se siente amenazado políticamente en varios frentes. En primer lugar por Ciudadanos, cuyo tímido acercamiento al PSOE a raíz de las prórrogas del estado de alarma ha puesto en pie de guerra a ERC, PNV y Bildu, temerosos de que este acabe convirtiéndose en un apoyo a largo plazo que les convierta en irrelevantes.
En segundo lugar, por una UE cuyas condiciones para un rescate financiero de España pasarán de forma casi imperativa por unos recortes y unas reformas que Podemos no puede aceptar si no es sacrificando todas sus expectativas electorales futuras. Eso si no pasan por su propia salida del Gobierno. Salida que sería apoyada con agrado por el sector empresarial español.
En tercer lugar, por las propias escisiones internas de Podemos. Como la protagonizada en Andalucía por Teresa Rodríguez y el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', y que podría arrastrar a otras marcas locales aliadas con Podemos a medida que se acentúen las contradicciones entre la teoría rupturista y la práctica institucional de Podemos.
Pero también se siente amenazado Iglesias por los tribunales, a raíz del caso de la tarjeta de memoria con fotos íntimas de su excolaboradora Dina Bousselham o por las querellas que ya se anuncian por su gestión de las residencias de ancianos. Por no hablar de unos sondeos de opinión que vaticinan un desplome aún mayor que el sufrido en las pasadas elecciones de 2019.
Un reciente sondeo de EITB Focus, el primero que se realiza en el País Vasco desde que Iñigo Urkullu convocó las elecciones autonómicas para el próximo 12 de julio, confirma un desplome de 3,5 puntos para Elkarrekin Podemos desde el 14,9% obtenido en 2016 hasta el 11,4% actual.
En el último sondeo realizado por Sociométrica para EL ESPAÑOL, Podemos cae desde el 12,8% obtenido en noviembre de 2019 hasta el 10,9%. En escaños, la formación morada pasaría de los 35 actuales a los 27, haciendo casi imposible cualquier acuerdo de gobierno del PSOE que no pasara por el PP, Vox o Ciudadanos.
Huída hacia delante
La respuesta de Iglesias a esos tres desafíos –político, judicial y electoral– que, en conjunto, suponen una amenaza existencial para Podemos, ha sido la de elevar la apuesta de la radicalidad hasta extremos de confrontación con prácticamente todas las instituciones del Estado.
A la cacerolada del pasado 18 de marzo contra el rey se han sumado sus ya habituales críticas a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contra los líderes del procés y a la dictada contra Isabel Serra por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que condenó a esta a 19 meses de prisión.
Iglesias también ha pedido en reiteradas ocasiones el indulto de los 'Jordis', lo que en términos políticos implica desautorizar desde el Poder Ejecutivo la sentencia del TS.
En el terreno del Poder Legislativo, la labor de Iglesias ha consistido casi por completo en dinamitar cualquier posible vía de entendimiento entre la oposición y el Gobierno.
Sus insultos y amenazas a Vox y al PP, en contraste con sus halagos y gestos de amistad hacia formaciones radicales como Bildu o ERC, han puesto muy difícil para la oposición de centroderecha y derecha efectuar el más mínimo gesto de acercamiento al PSOE sin asumir un enorme coste político.
Iglesias también ha arremetido contra la Guardia Civil apoyando el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, al que ha llamado "viejo" y al que ha acusado de haber desobedecido una orden –manifiestamente ilegal– de un superior.
Ni siquiera su socio de Gobierno se ha librado de sus ataques. La ansiedad del líder de Podemos por atribuirse el mérito de cualquier medida de tipo social decidida por el Consejo de Ministros le ha llevado a saltarse la cuarentena para protagonizar ruedas de prensa extemporáneas y hasta a contradecir a los ministros del PSOE frente a las cámaras de televisión a cuenta por ejemplo de la anunciada derogación de la reforma laboral del PP.
La radicalidad de Pablo Iglesias, acentuada por un lenguaje verbal y corporal cada vez más desafiante –"cierre al salir" le dijo a Iván Espinosa de los Monteros cuando este abandonó la Comisión de Reconstrucción tras sus insultos–, suele explicarse por su necesidad de cargarse de legitimidad frente a sus simpatizantes.
Si Podemos se ve obligado a salir del Gobierno, y ese es un futuro que Iglesias y muchos en el PSOE ven casi como inevitable, el partido morado volverá con toda seguridad a las calles y a la agitación antisistema.
Lo que es obvio es que Iglesias tiene un plan. Hasta qué punto ese plan de tierra quemada coincidirá en otoño con las exigencias del PSOE y, sobre todo, de Bruselas está todavía por ver.