La Audiencia Nacional condena a Joan Ribó por su "intento de politización" de las Fallas

La Audiencia Nacional ha confirmado que el Ayuntamiento de Valencia cometió una infracción muy grave al haber tratado datos especialmente protegidos como el de ideología y religión en una encuesta sobre Las Fallas realizada entre el 18 de mayo y el 13 de junio de 2017, sin contar con el consentimiento expreso y por escrito de los participantes.

La sala de lo Contencioso-administrativo confirma así la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que concluía en enero de 2018 que el Consistorio valenciano infringió el artículo 7,2 de la Ley de Protección de Datos y desestima en consecuencia el recurso presentado por el Ayuntamiento contra ese fallo.

El Ayuntamiento de Valencia, cuya vara de mando ostenta Joan Ribó, impulsó y aprobó la realización de un Plan Estratégico de las Fallas con el objeto de analizar los distintos vectores de impacto que tiene la Fiesta sobre su entorno y determinar las claves sobre este evento y su futuro. Como parte de dicho Plan Estratégico se establecía la realización de unestudio sociológico sobre el colectivo fallero mediante encuestas, que el Consistorio contrató con la empresa Invest Group Investigación de Mercados SL.

La prestación del servicio se concretó en la realización de 1100 encuestas callejeras, utilizando un cuestionario de estructura cerrada, adaptación de cuestionario a lenguaje digital para recogida de información y una supervisión de al menos el 15 por ciento de los sondeos realizados.

La Audiencia Nacional ha concluido que el Ayuntamiento de Valencia era el "responsable del tratamiento" y "pese a saber que se trataban datos especialmente protegidos, no dio instrucciones" a la empresa encargada de realizar los cuestionarios, "como era su obligación", para que recabara ese consentimiento.

Más de 21.000 euros

María José Catalá, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha afirmado que "el fallo demuestra que el Gobierno de Ribó quiso politizar el mundo fallero de la ciudad de Valencia al preguntar por cuestiones religiosas e ideológicas en una encuesta fallera". 

Catalá también ha pedido conocer el coste que tendrá para las arcas municipales este recurso ante la Audiencia Nacional: "Ha sido un capricho de Ribó decidir recurrir un fallo de la Agencia Española de Protección de Datos y tendrá un coste para los bolsillos de los valencianos que pagará el Ayuntamiento por vulnerar la ley de Protección de Datos en una encuesta con un marcado interés de politizar las Fallas. Queremos saber cuánto ha costado en abogados el recurso y cuál es el montante a pagar".

Según un comunicado oficial remitido por el Partido Popular, el coste de la encuesta fue de más de 21.000 euros. El contrato y adjudicación fue firmado por Pere Fuset el 19 de abril de 2017 a la empresa Invest Group Investigación de Mercados SL por un importe de 17.550 euros (más de 21.000 si se incluye IVA), al límite de los 18.000, lo que evita el procedimiento negociado sin publicidad.