"No hay plan B". Lo hemos escuchado una y otra vez en boca de Pedro Sánchez. La última, este miércoles en el Congreso de los Diputados. Se había convertido en un mantra, incluso, esgrimido por parte del Gobierno para acorralar a la oposición y que esta apoyara las sucesivas prórrogas del estado de alarma.
El presidente del Gobierno siempre ha defendido que el estado de alarma es "una necesidad" para que no haya rebrotes del Covid-19. Es más, ha afirmado que se trata del "único instrumento constitucional" que permite hacer frente a la expansión de la pandemia. En definitiva, que no hay alternativa a la excepcionalidad que le ha concedido hasta ahora unos poderes extraordinarios.
Sin embargo, sí la había. A confesión de parte, relevo de pruebas. Este miércoles, Pedro Sánchez anunciaba que el consejo de Ministros aprobará el próximo martes un real decreto con "medidas de restricción sanitaria" que se mantendrán "mientras no tengamos una vacuna o tratamiento efectivo contra el Covid-19".
Sánchez anuncia un "decreto de restricciones sanitarias" tras la útlima prórroga
Para más inri, fuentes gubernamentales han reconocido a EL ESPAÑOL que el confinamiento sí es posible sin el estado de alarma, y han puesto como ejemplo el cierre que se produjo en la localidad barcelonesa de Igualada antes de que el presidente impusiera el confinamiento con el decreto de estado de alarma, el 14 de marzo.
Estas mismas fuentes han adelantado que el texto del decreto de las "medidas de restricción sanitaria" incluirá la regulación del uso de las mascarillas en vía pública. "Todo lo que ha funcionado hasta ahora se va a mantener", afirman.
Desde el Gobierno, aseguran a este medio que el decreto ley también recogerá una serie de requisitos que las Comunidades Autónomas deberán cumplir para que el presidente autonómico pueda pedir la salida de la fase 3.
Es decir, la "gobernanza plena" que Pedro Sánchez ha prometido a las CCAA y que le permitía reunir los apoyos necesarios para la "sexta y última" prórroga del estado de alarma, podrá ser suspendida por el Gobierno central si se dan ciertos requisitos.
La oposición lo advirtió
La batería de medidas anunciada por el presidente ha dado la razón a quienes señalaban que el confinamiento podía producirse fuera del marco del estado de alarma. "Sí hay plan B", ha repetido el PP durante estas últimas semanas como una llamada en el desierto.
La oposición -esencialmente, PP y Vox- ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar el estado de alarma para restringir derechos y libertades. Las formaciones nacionalistas, por otro lado, le acusan de sustraer competencias a las CCAA. "Ni lo uno ni lo otro", se defendió Sánchez. Y sentenció: "Solo se ha recortado la libertad de contagiar".
Esta batería de medidas, que marcarán la "nueva normalidad" con la que habremos de convivir, da la razón a quienes sostenían que hay alternativa al estado de alarma. Las garantías sanitarias que permite el confinamiento, tal y como ha sostenido el Gobierno todo este tiempo, son las más efectivas. Sin embargo, el confinamiento es posible por otros medios.
Las medidas, en teoría, vendrán a paliar la falta de resortes en el que se quedarían Madrid, Barcelona y gran parte de Castilla y León cuando el día 22 de junio se levante el estado de alarma y estos territorios sólo estén pasando -si no hay retrocesos- a la fase 3 de la desescalada.
Vuelve la libre circulación
El decreto de restricciones es un compromiso que el Gobierno adquirió con Ciudadanos en la negociación que garantizó el apoyo de los liberales a la última prórroga del estado de alarma.
Este decreto ley no servirá específicamente para restringir el derecho fundamental a la libertad de circulación. Y es que, basándose en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, recogerá que, en caso de que se necesitase confinar a una población determinada sin estado de alarma, la decisión correspondería al Gobierno autonómico, con el aval de un juez. Así ocurrió en el caso de la cuarentena impuesta a un hotel en Tenerife o con el confinamiento de la ciudad catalana de Igualada.
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
"Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible", dice el artículo tercero.
Por último, Sánchez ha anunciado que el compendio de medidas que incluirá el nuevo real decreto ley será objeto de análisis en una próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará este viernes y del que forman parte el Ministerio de Sanidad y las Consejerías autonómicas del ramo.