La guerra autonómica para obtener la primera tanda de ayudas públicas por la Covid-19, de 16.000 millones, ha revelado el conflicto latente entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España a la hora de establecer los criterios que deben prevalecer a la hora de destinar estos fondos.
El Gobierno de Sánchez ha elegido criterios vinculados a la población residente en cada región, generando también el enfado de ejecutivos como el de Emiliano García-Page y Javier Lambán (Castilla-La Mancha y Aragón), ambos socialistas críticos con él.
Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha aseguran a EL ESPAÑOL que todavía no pueden hacer un cálculo estimado de lo que recibirán. Pero tienen claro que, con el cambio de criterio de última hora, que desatiende los criterios de afectación por el virus, “saldrán perdiendo estrepitosamente”. “No han dado todavía las cifras y no sabemos lo que nos toca”, remachan.
Con el anterior sistema de reparto, en cambio, la región iba a recibir unos 600 millones del fondo de compensación, según sus propios cálculos. “Esperamos que sea coherente con lo planteado por el Gobierno de España. Es decir, el criterio que había establecido inicialmente el Gobierno central con las Comunidades Autónomas y que ahora por sorpresa nos ha cambiado el paso”, añaden estas fuentes.
Tampoco el Gobierno de Cantabria, liderado por Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista Cántabro, le ha convencido la modificación respecto al criterio inicial: “Se logró un consenso que no primaba la población sino el envejecimiento, la población y el coste de servicios”.
Fuentes del Ejecutivo cántabro lamentan a este diario que siendo la Comunidad “con mayor gasto por habitante en consultorios no se han aplicado los preceptos” que pidieron para el “reparto de fondos”. “Cataluña y Madrid se han llevado una buena tajada. Se castiga a los que lo hemos hecho bien”, añaden.
Las Comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Andalucía, ya han mostrado los dientes con este primer reparto de 16.000 millones previstos para atajar la crisis sanitaria. Aunque dejarán de ser las más perjudicadas si se impone el criterio de la población.
En el caso andaluz, la Junta sigue mostrando su preocupación porque la región continúa perdiendo 359 millones de euros frente a los 595 cuando se estableció el primer criterio sanitario. “Antes llorábamos por los dos ojos y ahora por uno, pero seguimos llorando”, aseguró al respecto el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla en su comparecencia tras reunirse con Pedro Sánchez.
Desde el Gobierno andaluz siguen insistiendo en que el criterio de población debe ser el principal para el reparto de esos fondos porque garantizar la sanidad a 8,5 millones de personas supone un mayor esfuerzo económico que para un millón de habitantes.
También en Cataluña, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acusado al Ejecutivo de "asfixiar" la autonomía.
Días antes a la última reunión entre presidentes autonómicos y Sánchez, el mandatario catalán criticó que el Estado frenaba la recuperación económica de Cataluña tras impedirle tener acceso directo al fondo de rescate europeo MEDE.
“Necesitamos todos los fondos europeos que no llegan. Y pedimos también que, en nombre de Cataluña, el Estado se adhiera al MEDE porque a nosotros no nos importa si es un rescate y la condiciones que nos impone la política europea”, dijo en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Fondos europeos
El Gobierno de Pedro Sánchez esperar recaudar un total de 140.000 millones, aunque todavía no se han establecido los criterios que regirán su reparto. Lo único cierto es que cada región pugnará por un trozo de la tarta, tal y como ya está ocurriendo con las ayudas sanitarias estatales. “Cada uno defiende sus intereses”, resumió el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, después de que el cambio de criterio para el paquete de ayudas nacionales de 16.000 euros haya beneficiado su Comunidad por encima del resto.
Los fondos europeos llegarán a principios de enero, según los pronósticos del Ejecutivo. En los meses previos, el Gobierno trabajará en una negociación con la Comisión Europea para definir las condiciones y los márgenes del gasto permitido para recibir los fondos comunitarios. A su vez, repartirá el dinero a nivel autonómicos en proyectos de recuperación de la economía: líneas de crédito para las empresas, ayudas a la infraestructuras y a la asistencia social, etc.
En la repartición de esos fondos algunas Comunidades Autónomas temen verse perjudicadas por un reparto que controlará Sánchez y que no es improbable que tenga criterios no solo económicos, sino también “criterios políticos”.
Sánchez es consciente de que la Unión Europea vigilará de cerca el gasto que haga España del dinero recibido, que, al fin y al cabo, proviene de los ahorros de los ciudadanos de los países acreedores (Alemania, entre otros). El Ejecutivo deberá actuar con prudencia. Tampoco se excluye que la UE solicite a la agencia independiente Airef supervisar el gasto de España de estos fondos comunitarios.
La Comisión Europea también exigirá a España que el grueso de los fondos se destinen a proyectos que generen trabajo y actividad económica. Fuentes comunitarias señalan a este diario que los técnicos de la Comisión no están dispuestos a aceptar subvenciones a fondo perdido tal y como, por ejemplo, desea Podemos, que cogobierna con el PSOE en La Rioja. A todo ello, también hay que sumarle la celebración de elecciones en el País Vasco y Galicia del próximo 12 de julio.
La guerra entre regiones, una de las constantes de la política nacional, amenaza con recrudecerse cuando la UE ponga sobre la mesa el dinero de las ayudas. Las previsiones sobre la caída del PIB nacional son demoledoras. Se espera que la economía se desplome entre un 9 y 15%, según los datos del Banco de España.
En ese escenarios lo “lógico” es que cada presidente autonómico afile sus espadas para obtener más fondos para ellos.
Negociación
El éxito en la negociación con Sánchez influirá en la capacidad de los gobiernos regionales de mantenerse al mando en cada territorio. Mientras que un fracaso podría convertirse en una condena electoral. Es por ello que regiones como Madrid o Castilla y León, ambas gobernadas por el PP, temen una represalia del presidente socialista por razones políticas.
Mientras que en Cataluña, el nacionalismo trabaja para evitar que Sánchez rebaje sus aspiraciones a la autodeterminación con la amenaza de no recibir fondos.
En los próximos meses se espera tormenta. En la reunión del pasado domingo, muchos mandatarios se enfrentaron a Sánchez por el criterio de reparto de las nuevas ayudas. Sonó a un aviso a navegantes, aunque la división regional brinda al presidente del Gobierno una ventaja estratégica para afianzar sus apoyos parlamentarios, por ejemplo de partidos como ERC y el PNV.