El PSOE se ha unido al PP y a Vox en la mesa del Congreso para sumar sus votos contra la propuesta estrella de Unidas Podemos, su socio de Gobierno. No habrá comisión de investigación en el Congreso sobre las presuntas corruptelas del rey emérito. Ni sobre los años de su reinado ni sobre los posteriores a junio de 2014, cuando abdicó la Corona en Felipe VI.
Más allá de la ejecución de los planes de la coalición, los de Pablo Iglesias llevan celebrando desde hace seis años que con su irrupción en la política -los cinco diputados cosechados en las elecciones europeas de mayo de 2014- provocaron la abdicación de Juan Carlos I. Y desde entonces, llevan persiguiendo su figura como palanca hacia ese cambio de régimen con el que sueñan: una "España republicana y feminista".
En realidad, los socialistas se han limitado a "ser coherentes con su posición tradicional", como ya anticipó Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, el día que presentó la iniciativa, la semana pasada. En efecto, el Grupo del PSOE en el Congreso se remitió al informe de los letrados, al que estaban esperando para tomar posición... sin retratarse.
Y una vez que este lunes los servicios jurídicos de la Cámara Baja dieron por supuesto que la "inviolabilidad del Jefe del Estado", reconocida en el artículo 56.3 de la Constitución, "quedaría vaciada" en caso de investigarle, porque ésta tiene "efectos permanentes", el PSOE se ha visto libre para votar no sin tener que hacerle un desplante a sus socios.
La Mesa del Congreso está compuesta por tres representantes del PSOE, entre ellos la presidenta Meritxell Batet, tres de Unidas Podemos, dos del PP y uno de Vox. Y este martes se han unido seis a tres para rechazar la propuesta de los de Iglesias. Ésta venía con el aval no sólo de los morados, sino de todos los socios de investidura que auparon a Pedro Sánchez a la Moncloa: ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, e incluso los independentistas burgueses de Junts per Cat.
"Sumamos más de 70 diputados, es decir, la quinta parte de la soberanía popular", defendía Echenique hace ahora una semana. "Esperamos aunar el máximo consenso posible, aceptando una interpretación de la inviolabilidad del Jefe del estado en la que nosotros no creemos". Es decir, los morados se aguantaban con poder investigar sólo a Juan Carlos a partir de 2014, pero pensaban tener los indicios suficientes de "posibles delitos de blanqueo de capitales" del padre del Rey posteriores a esa fecha.
No en vano la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido como propias las diligencias previas impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, que envió una comisión rogatoria a Suiza para conocer los términos de las investigaciones que se siguen en ese país a propósito de una presunta comisión de 100 millones de euros pagada por el rey saudí en la cuenta de una sociedad panameña cuyos titulares "no serían sino meros testaferros del auténtico beneficiario", el rey emérito.
Los letrados consideran que la inviolabilidad es permanente, ya que los presuntos hechos de los que se quería averiguar en sede parlamentaria datan de los años en que Juan Carlos era Rey, y si bien continuaran con posterioridad a esta fecha, lo harían "sin solución de continuidad". Ese argumento se contardice con el de la Fiscalía General, que avaló la investigación en el Supremo a las actividades del emérito porque podían datar de fechas posteriores a su abdicación y ya no estarían "afectadas por la inviolabilidad".
En todo caso, la única operación concreta de la que hablaba Unidas Podemos en su escrito data de 2008, y su presunta vinculación con el contrato del AVE a La Meca, al que concursaron -y ganaron- una serie de empresas españolas en consorcio parece complicada, ya que la adjudicación data de 2011. La cuenta se canceló en 2012 y no hay operación ni siquiera en sospecha de la que hable la exposición de motivos ni el objeto de la petición de comisión que esté fechada más allá de junio de 2014.