Cada vez son más las feministas en contra del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, presentado por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha redactado un documento en el que recogen diez alegaciones contra la ley impulsada por la ministra de Igualdad. La iniciativa feminista autora del documento acoge en su seno a muchas de las históricas feministas del PSOE, pero también a activistas de Podemos.
Según la iniciativa feminista, esta ley "confunde sexo y género", lo que crea "indefensión para las mujeres y socava la lucha contra la violencia machista". La Alianza también rechaza "la omisión de la violencia prostitucional contra las mujeres", así como que el texto "ignore" la lucha contra la pornografía.
En conversación con EL ESPAÑOL, Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denuncia que los colectivos transexuales están tratando de introducir nuevos conceptos jurídicos -como "autodeterminación de género"- en la legislación: "Tenemos documentos internos de las asociaciones pro-queer en los que se dan pautas para utilizar leyes que se van a recibir con entusiasmo por gran parte de la sociedad con el fin de introducir su terminología en la legislación".
Con el fin de "demandar un debate social y político sobre las implicaciones de esta ley", desde la Alianza confirman a este medio que este próximo lunes remitirán el documento de alegaciones, junto a una carta, a todos los diputados del Congreso. Además, solicitarán una entrevista con todos los grupos parlamentarios para alertarlos sobre cómo afecta el anteproyecto a los derechos de las mujeres.
Diez alegaciones
Con el objetivo de exponer cómo la Ley de Libertad Sexual afectaría negativamente a la lucha por la igualdad, desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han elaborado un documento en el que recogen diez alegaciones contra ésta.
Entre las diez alegaciones presentadas, destacan: la "modificación de la cláusula discriminatoria"; "confusión del acoso sexual y por razón de sexo con conductas que no tienen como objeto a las mujeres"; "introducción de la noción de identidad de género"; "introducción de contenidos ajenos dentro de la asignatura de educación sexual"; y la "confusión entre las categorías jurídicas de sexo y género".
Las alegaciones, redactadas por las juristas de Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, critican que el anteproyecto "utiliza la palabra género cuando habría de utilizar la palabra sexo". En este sentido, destacan las juristas, "frecuentemente son tratadas como sinónimos" a lo largo del anteproyecto de ley.
Esta confusión, según la Alianza, "es intencionada". A su juicio, el Ministerio de Igualdad "busca aprovechar una ley contra la violencia sexual para legalizar la 'identidad de género'". "Lo biológico -el sexo- no es igual a lo cultural -el género-. Las normas internacionales especifican que la discriminación contra las mujeres está fundada en el sexo, añaden, siendo el género la herramienta sociocultural para sostener esa discriminación", apuntalan.
Por otro lado, consideran "insólito" que desde un Ministerio "que se dice feminista" se promueva "un texto que induce a percibir como injustas las penas dictadas en casos de violencia sexual por ser demasiado altas", en referencia a la propuesta de reforma de los delitos sexuales en el Código Penal que propone la ley de Irene Montero.
Del mismo modo, la alianza integrada por feministas históricas del PSOE, califica de "injustificable la omisión de las mujeres prostituidas" en una ley que, precisamente, habla de libertad y violencia sexual: "Ignorar la problemática de la explotación sexual equivale a considerar que la libertad de las mujeres prostituidas vale menos que la de otras mujeres".
También expresan su rechazo a que el anteproyecto ignore que la pornografía "es violencia contra las mujeres", algo que tachan de "intolerable".
El documento con las diez alegaciones se encuentra avalado por numerosas organizaciones de mujeres, entre las que destacan Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), La Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Mujeres, Lobby Europeo de Mujeres en España (LEM España), la Asociación Universitaria Contra la Violencia Machista (AUVIM) o la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas.
Numerosas irregularidades
Fue el pasado mes de febrero cuando Irene Montero presentó el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, una de las medidas más publicitadas de su Ministerio. Desde entonces, ha sido un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno, por sus errores en contenido y continente.
En primer lugar, el anteproyecto se presentó violando dos leyes: la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Todo por haberse publicado el texto sin ir acompañado de la "preceptiva" Memoria de Impacto Normativo y, consecuentemente, de la económica.
La legislación citada marca que todo proyecto normativo (leyes, reales decretos, etc) debe someterse a un plazo de consulta pública previa y a otro de información pública tras la aprobación como anteproyecto. En este segundo procedimiento, el articulado debe ir acompañado de la citada memoria de análisis.
Como explica el artículo 26.3 de la Ley del Gobierno, hay que justificar "la oportunidad de la propuesta"; se precisa un "análisis jurídico" con referencia al Derecho nacional y de la UE; un análisis de "la adecuación de la norma a la distribución competencial" del Estado de las Autonomías; y, especialmente, el impacto económico y presupuestario de sus medidas.
Para más inri, el anteproyecto fue colgado en la web de Igualdad el pasado 10 de marzo, una semana después de haber sido aprobado en el Consejo de Ministros. "La ley se ha colgado de la web, como todas las aprobadas por el Consejo de Ministros", aseguró la vicepresidenta Carmen Calvo el día 3 de marzo. Pero no era verdad.
Por si todas estas irregularidades y polémicas no fueran suficientes, la Ley de Libertad Sexual de Irene Montero ha indignado a las asociaciones feministas, aquellas a las que dice querer defender.