La desescalada de la crisis del coronavirus está impulsando de nuevo todo el programa electoral del Gobierno de coalición. Y en ese ámbito, las leyes más ideológicas no se quedan atrás. Este martes, la vicepresidenta Carmen Calvo ha confirmado que su departamento presentará antes del final de julio el anteproyecto de reforma de la Ley de Memoria Histórica.
La norma, según fuentes de su Vicepresidencia, es un texto basado esencialmente en el que ya fue presentado por el Grupo Socialista y admitido a trámite por la Mesa del Congreso el en julio del año pasado, durante la legislatura interruptus en la que el PSOE fue incapaz de formar Gobierno por la negativa del presidente en funciones a pactar con Unidas Podemos y la propia del Ciudadanos de Albert Rivera siquiera a negociar con "la banda de Sánchez".
En todo caso, ese texto elaborado en 19 artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales, sirvió de base para un programa electoral -el de La españa que quieres elaborado para las segundas elecciones del 10-N- que ya equiparaba "la Dictadura o la figura del dictador Franco" con "el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas".
A punto de exhumar al dictador Franco, el Gobierno en funciones del PSOE proponía este paralelismo en el punto 4.46) del apartado titulado Un país con memoria, que proponía "excluir de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización que ensalce o defienda" este tipo de figuras, instituciones o situaciones.
Ya en consultas
Fuentes de la Vicepresidencia primera del Gobierno confirman a este periódico que el texto ya está elaborado por completo. De hecho, está siendo sometido a consulta pública "con asociaciones de víctimas y colectivos interesados" desde el pasado viernes. "Una vez atendidas las sugerencias, antes del fin de julio será llevado al Consejo de Ministros" y comenzará su periplo parlamentario.
El helicóptero con los restos de Franco abandona el Valle de los Caídos.
Desde el lado morado del Gobierno, aseguran que este es un anteproyecto cuya maternidad corresponde exclusivamente al departamento de la vicepresidenta Calvo. Y que, aunque ellos querrían ir más lejos, están satisfechos con el texto, que apoyan "sin fisuras".
Hay que recordar que, en el pasado, cuando el PSOE gobernaba en solitario tras la moción de censura, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, en la oposición, presentó su propia proposición de ley de "Memoria democrática" aún más revisionista. De hecho, la norma elaborada los de Pablo Iglesias, extendía el franquismo hasta el año 1982 y reclamaba la creación de la figura de "victímas de la Transición", ya que endosaba a la época de la UCD "violencia de origen institucional".
Alberto Garzón y Pablo Iglesias, líderes de Unidos Podemos.
Sin embargo, y aunque esta ley de Calvo no pretende revisar el régimen del 78 como sí hacía la elaborada por Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado por IU -además de abogado asesor de grupos guerrilleros y terroristas durante procesos de paz, como con las FARC en Colombia-, sí entra mucho más a reescribir la Historia que la norma del Gobierno Zapatero, del año 2007.
Por ejemplo, el nuevo texto utiliza la Constitución para sus propósitos declarando el 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura. La fecha tiene una significación: es la frontera entre un régimen y el otro, pues fue en esa jornada de 1978 cuando fue aprobada la Carta Magna en el Congreso y el Senado.
Calvo impone las multas
Además, esta norma busca un cumplimiento efectivo de sus disposiciones, una de las críticas que recibió la ley de 2007. Así, se establece un régimen sancionador como coerción a corporaciones locales u otros entes que cometan infracciones como, por ejemplo, "el mantenimiento de simbología de exaltación de la Dictadura franquista" o sean halladas culpables del "deterioro de las placas identificativas de los lugares de memoria histórica".
Éste puede ser uno de los puntos más polémicos de la norma, ya que el régimen sancionador prevé multas de hasta 100.000 euros que "serán acordadas e impuestas por el ministro competente en materia de memoria histórica", en este caso la propia Carmen Calvo.
Ayuntamiento de Cervera de los Montes, con la Plaza del Generalísimo.
Las autoridades "que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracción con arreglo a lo previsto en esta ley estarán obligadas a comunicarlo al órgano competente". Pero además, según el texto original, las denuncias podrán ser interpuestas por "cualquier persona".
"Memoria en la educación"
Otro de los aspectos a los que se comprometía el PSOE en su programa electoral era a "incluir en el sistema educativo español el conocimiento de la historia democrática española, tanto del alumnado como del profesorado". Así, la norma presentada en el Congreso hace un año lo expresaba del siguiente modo: "Que en los planes de
formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones y actualización [...] en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática".
Y que las universidades fomenten, en particular, "las investigaciones orientadas a profundizar sobre la represión padecida por las mujeres durante la Guerra Civil española y la Dictadura franquista, contemplando la violencia física, psicológica y política ejercida contra ellas por razón de género, así como las estrategias de resistencia por ellas desplegadas".
La ley, además prevé la retirada de subvenciones o ayudas públicas a cualquier organización que ensalce o defienda el franquismo. Y la ilegalización de estos entes en caso de que públicamente inciten directa o indirectamente al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.