El Gobierno de la Generalitat ha incumplido su propio Plan de actuación para pandemias (PROCICAT) con el cierre decretado el pasado sábado en Lleida por el brote de Covid-19. El plan establece este tipo de restricciones de movilidad a partir de los 700 infectados por cada 100.000 habitantes, pero el Ejecutivo de Quim Torra lo activó con 149,1 contagiados por cada 100.000 habitantes.
El abogado Jorge Culleré ha presentado un recurso de apelación [ver aquí] contra el cierre al considerar de “nulo derecho” la resolución de la Generalitat. Otras voces, como la Síndica de Lleida (Defensora del Pueblo de la provincia), también han cuestionado la legalidad de la medida adoptada por el Govern.
En conversación con EL ESPAÑOL, el letrado explica que el cierre “es desproporcionado” y, a su juicio, “inconstitucional” porque se limita un derecho fundamental como la movilidad sin decretarse el “estado de alarma”. “Las autoridades deben tomar medidas para garantizar la salud, pero lo inteligente cuando se adoptan decisiones de esta naturaleza es que se haga progresivo y selectivo, no de modo indiscriminado que afecte a toda la ciudadanía”, abunda.
De hecho, la decisión ha generado una ola de malestar entre la población. Las asociaciones del extenso eje comercial de la ciudad enviaron una carta contra la consejera de Salud, Alba Vergès, solicitando más “pruebas PCR” y confinamientos de “enfermos” para no perjudicar la actividad económica.
Protesta en Lleida por el cierre de la comarca decretado por Torra.
“No nos haga pagar las malas decisiones tomadas”, concluían en la misiva. También un centenar de vecinos se han manifestado frente la Delegación del Govern en la provincia este jueves para protestar por el cierre.
Descontrol
El descontrol del brote en la comarca, sin embargo, puede conllevar la adopción de medidas más drásticas. Ayer se produjo el primer fallecimiento desde el 22 de junio, y ya suman 137 víctimas mortales. Ante este escenario, las autoridades públicas estudian aplicar confinamientos domiciliarios a partir de este viernes, que es cuando finalizan las pruebas de EBAU para acceder a la universidad.
Se trataría de la primera vez que los ciudadanos deben permanecer en su casa desde el fin del estado de alarma. Ante el elevado ritmo de contagios (con la exportación del virus fuera de Cataluña), y los errores de gestión por parte de la administración catalana, nadie excluye esta medida. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reiteró el pasado miércoles que “no se pueden descartar”.
No obstante, el malestar entre los vecinos por la generalización de una medida podría forzar al Ejecutivo catalán a repensar la medida o a buscar alternativas. El director del Institut Català de la Salut (ICS), Adrià Comella, ha informado que está previsto blindar a las 40.000 personas que mayor riesgo presentan de contraer el virus, como son los abuelos y enfermos crónicos aquejados de patologías cardiovasculares y respiratorias.
Temporeros
Las autoridades públicas no desplegaron un plan de contingencia ante la llegada de miles de temporeros para trabajar en la campaña de la fruta. Tampoco está habiendo capacidad para hacer seguimiento de los nuevos positivos y la falta de sanitarios ha acabado por desbordar la situación.
La Síndica de Lleida (Defensora del Pueblo en la región) también cuestionó este jueves la legalidad del confinamiento tal y como lo ha hecho el Ejecutivo de Torra. En una entrevista en Rac1 aseguraba que "los derechos de los ciudadanos de Lleida se han vulnerado" y, en sintonía con el abogado que ha presentado el recurso ante la justicia, instaba a “confinar los brotes”, pero sin afectar "a toda la población”.
En la actualidad, hay 37 municipios en la comarca sin positivos que, sin embargo, sus habitantes también han visto restringido su derecho a la movilidad. El recurso presentado por Culleré considera de nulo derecho la resolución judicial porque se asienta en el dato ofrecido por la Generalitat de 149,1 contagiados por cada 100.000 habitantes. “No se puede tomar medidas en el momento actual”, apostilla el abogado.
De momento, el Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida ha rechazado suspender de forma cautelarísima el recurso para no frenar las medidas adoptadas por el Ejecutivo en medio de la crisis sanitaria. Será el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien deberá entrar en el fondo de la cuestión y revisar la actuación de la Generalitat.